Fray Ricardo Torres Casto, director general del SENA, expresó su preocupación por la instrumentalización con fines políticos de aprendices en el paro del 14 de octubre y advirtió sobre la utilización de sus ambientes de formación con fines políticos.
Bogotá D. C., octubre de 2026. News Press Service Un llamado a proteger a los aprendices de la instrumentalización política y a garantizar su derecho a la educación, realizó el director general del SENA, Fray Ricardo Torres, durante el Encuentro Regional de Directivos de la Región Andina realizado en Cúcuta, Norte de Santander. En este espacio se refirió a los hechos registrados durante la jornada de paro realizada el día anterior.
El directivo manifestó su preocupación por lo que considera un uso de los aprendices como instrumentos de movilización política, en detrimento de sus procesos educativos. Según señaló, sacar a los estudiantes de las aulas, interrumpir su formación y cerrar las sedes de la entidad son situaciones que afectan directamente su derecho a formarse y a construir un proyecto de vida.
“Me preocupa ver cómo se ha convertido al aprendiz en un instrumento de movilización política, que toman, usan y desechan en protestas sin fundamento.”, afirmó el director general.
Asimismo, cuestionó el uso de los ambientes de formación como escenarios de proselitismo y la confusión entre la representación estudiantil y la militancia partidista. En su intervención, señaló que la formación ciudadana debe promover el pensamiento crítico y la participación democrática, sin desviar el propósito educativo del SENA ni sustituir las aspiraciones profesionales de los aprendices por agendas políticas.
El funcionario también advirtió sobre el uso de las necesidades sociales de los estudiantes como mecanismo de influencia y destacó la importancia de fortalecer las condiciones de bienestar que contribuyen a su permanencia en la formación. En ese sentido, reiteró que la prioridad debe ser garantizar oportunidades de aprendizaje, acceso a tecnología, emprendimiento y preparación para el mundo laboral.
Aunque defendió la legitimidad de la protesta, el director general insistió en que debe desarrollarse con argumentos y sin afectar el derecho a la educación: “En Colombia la protesta es válida y está amparada por la ley, pero con argumentos”.
Finalmente, instó a los directores y subdirectores regionales a fortalecer el diálogo con la representación estudiantil, proteger los ambientes de formación y activar canales de denuncia que brinden garantías a quienes quieran reportar posibles situaciones de presión o instrumentalización.
El llamado, señaló, es a “trabajar por una formación humanista y democrática en la que se prioricen la dignidad de los aprendices, su autonomía y su derecho a construir un futuro a través de la educación”.
