Bogotá, octubre de 2026. News Press Service. La concejala Ana Teresa Bernal cuestionó los resultados del modelo de colegios en concesión en Bogotá y pidió revisar su continuidad, luego de más de dos décadas de implementación.
Durante el debate de control político Colegios en concesión en el Distrito Capital, la concejal puso sobre la mesa la necesidad de evaluar el desempeño académico, las condiciones laborales del magisterio y el uso de los recursos públicos destinados a estas instituciones.
Bernal recordó que este modelo se expandió durante la administración del exalcalde Enrique Peñalosa, bajo el argumento de que la administración privada de colegios públicos permitiría mejorar los resultados educativos y la eficiencia en el uso de los recursos.
Sin embargo, señaló que es necesario examinar sus resultados con información verificable y comparaciones que permitan establecer si esta modalidad ofrece ventajas frente a las instituciones administradas directamente por el Distrito.
De acuerdo con las cifras presentadas durante el debate, de los 35 colegios en concesión, seis registran altos resultados académicos en las pruebas Saber 11. Para la concejala, estos datos deben analizarse integralmente, sin utilizar las evaluaciones estandarizadas para estigmatizar la educación pública ni desconocer el trabajo de las comunidades educativas.
La discusión también abordó las condiciones laborales de docentes vinculados mediante contratos anuales, una situación que, según las denuncias expuestas durante el debate, puede generar inestabilidad y afectar sus condiciones de trabajo. Bernal insistió en que la política educativa debe priorizar el fortalecimiento de las instituciones públicas, la dignificación de la labor docente y la garantía del derecho a la educación.
Durante la sesión, el docente Édgar David Fernández Pérez respaldó la discusión sobre el modelo y se sumó al llamado de las organizaciones sindicales para que no se renueven los 22 contratos de colegios bajo administración contratada. Sostuvo que Bogotá cuenta con condiciones materiales, legales y técnicas que deben estudiarse para avanzar en la reducción progresiva de este esquema y garantizar que las instituciones sean administradas y financiadas por el Estado.
Las organizaciones sindicales también solicitaron una explicación técnica sobre la continuidad de la tercerización, una comisión accidental que permita discutir el modelo con la ciudad y una auditoría integral a los colegios bajo administración contratada.
Las cuatro propuestas de Ana Teresa Bernal
Como resultado del debate, la concejala presentó cuatro propuestas orientadas a revisar el funcionamiento de estas instituciones y fortalecer la transparencia en la política educativa distrital:
- Conformar una comisión accidental en el Concejo de Bogotá para estudiar el estado de los colegios en concesión, sus resultados y las condiciones para avanzar hacia una administración pública.
- Solicitar a la Secretaría de Educación del Distrito una auditoría integral que examine el funcionamiento de los colegios en concesión, la ejecución de los recursos y sus resultados académicos y administrativos.
- Socializar los resultados con la comunidad educativa y el magisterio, garantizando el acceso a información clara, verificable y suficiente para evaluar el modelo.
- Evaluar el retorno al Distrito de los colegios en concesión con bajos resultados académicos, a partir de criterios técnicos, educativos y administrativos que permitan tomar decisiones fundamentadas.
Bernal señaló que el debate debe superar la discusión sobre cifras aisladas y avanzar hacia una evaluación de fondo de la política educativa. Para la concejala, Bogotá necesita establecer si la administración contratada continúa siendo necesaria y si existen condiciones para que el Estado asuma directamente la gestión de estas instituciones.
Finalmente, reiteró la importancia de que la Secretaría de Educación entregue información transparente sobre el desempeño de los colegios, las condiciones laborales de sus docentes y los recursos públicos comprometidos, de manera que las decisiones sobre su continuidad respondan al interés general y a la garantía del derecho a la educación.
