El ingeniero de sistemas fue detenido en Neiva. Informes de la DNI lo relacionan con presuntos ataques a sistemas estatales.
Por Alberto Restán Hincapié
Bogotá, noviembre de 2026. News Press Service. Carlos Andrés Oyola Tovar, ingeniero de sistemas vinculado a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el Gobierno de Gustavo Petro, fue capturado el viernes 6 de noviembre en medio de una investigación por el presunto acceso y manejo irregular de información institucional de carácter estratégico.
De acuerdo con el diario El Tiempo, en las últimas horas se conoció que las actuaciones judiciales en su contra también apuntaban a un supuesto acceso indebido a información reservada de inteligencia y a posibles acciones para interferir en el proceso electoral de 2026.
La Unidad Investigativa de EL TIEMPO conoció que el funcionario, de 36 años, se desempeñaba como gestor de inteligencia máster grado 4 en el área de tecnologías de la información y las comunicaciones de la DNI.
De acuerdo con la información, entre sus responsabilidades estaba el desarrollo de programas informáticos que ahora son objeto de investigación por su posible utilización para ingresar irregularmente a sistemas de información.
Oyola fue capturado en Neiva, Huila, por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, la Policía y el Gaula Militar.
Según la información conocida por EL TIEMPO, actualmente enfrenta cargos por concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, falsedad material en documento público y fraude procesal.
Sin embargo, las investigaciones también contemplan otros posibles hechos relacionados con el manejo de información clasificada.
Según fuentes judiciales consultadas por la Unidad Investigativa de este diario, entre los impactos estratégicos atribuidos a las presuntas conductas del funcionario aparecen el «acceso abusivo a las informaciones en procesos electorales» y un supuesto «acceso abusivo de inteligencia estratégica que comprometía la seguridad nacional».
Uno de los aspectos que se busca esclarecer es si se habría utilizado la experiencia informática de Oyola para intervenir sistemas de entidades estatales y obtener información que posteriormente habría quedado bajo su control.
En un informe interno de la agencia, revelado por Noticias Caracol, se describe parte de las actividades que habría desarrollado durante su permanencia en la institución.
El documento señala que el ingeniero habría ingresado a sistemas de entidades públicas para que el área de contrainteligencia pudiera consultar sus bases de datos.
“Hackeó entidades del Estado para que contrainteligencia tuviese acceso a las bases de datos, las cuales alojó en una nube y perdió esa información”, indica el reporte.
También sostiene que el entonces director de contrainteligencia lo puso a disposición del exdirector general Jorge Lemus, quien posteriormente lo reubicó en el grupo de tecnología.
Otro de los señalamientos consignados en los documentos de la DNI está relacionado con las elecciones presidenciales de 2026. Según el informe de empalme revelado por Noticias Caracol, Oyola habría tenido un papel dentro de una estructura que presuntamente buscaba alterar los resultados de la votación.
“Lidera la red que realizaría el trabajo para cambiar resultados de la votación del 21 de junio; junto con otros integrantes, ejecutarían los ataques contra la Registraduría”, señala el documento.
Esta información hace parte de los hallazgos que deberán ser contrastados por las autoridades judiciales para establecer si existieron acciones encaminadas a vulnerar los sistemas electorales.
El reporte también advierte que el funcionario tenía una orden de captura emitida por un juez el 7 de mayo de 2026, en un proceso relacionado con presuntas irregularidades informáticas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Pese a ese requerimiento, habría continuado vinculado a la agencia de inteligencia.
Noticias Caracol informó que, horas antes de la primera vuelta presidencial, la Fiscalía adelantó un allanamiento en un apartamento que habría sido utilizado como fachada de la DNI, pero Oyola habría salido del lugar antes del ingreso de los investigadores.
La trayectoria del ingeniero también quedó bajo revisión por una investigación relacionada con la alteración de registros académicos.
De acuerdo con un registro en el Consejo de Escuela de junio de 2023 en la UNAD, conocido por la sección Justicia de EL TIEMPO, las inconsistencias fueron advertidas cuando se encontraron diferencias entre las calificaciones que aparecían en los sistemas de la institución. El caso derivó en una investigación interna y una denuncia ante la Fiscalía.
El acta del consejo académico señaló: “Encontramos que este estudiante tiene inconsistencias en su historial académico, no solo en la maestría, sino también en el programa cursado de especialización en gestión pública”.
A partir de estos hechos se abrió un proceso por presunto acceso abusivo a sistemas informáticos, falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir.
Antes de llegar a la agencia de inteligencia, Oyola tuvo vínculos contractuales con otras entidades.
Según estableció la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, en septiembre de 2018 se vinculó como asistente de la Unidad de Trabajo Legislativo del entonces congresista Rodrigo Villalba Mosquera, actual gobernador del Huila.
Posteriormente, en 2022, tuvo un contrato con la Contraloría para desarrollar una malla de contratación.
En febrero de 2024 ingresó a la DNI, donde, según los documentos internos conocidos por Noticias Caracol, habría participado en actividades relacionadas con la coordinación de activistas digitales, bodegueros y hackers.
A estos señalamientos se suma la situación del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia (SIIC), plataforma que debía centralizar el registro de las misiones de trabajo de la entidad.
En un informe remitido a la Presidencia en septiembre, la DNI advirtió que Oyola estaba relacionado con el desarrollo de la segunda versión del sistema, pero no habría entregado el producto.
El documento agrega que presuntamente fue víctima del hurto del equipo de cómputo en el que trabajaba. Según el reporte, no existía una denuncia ante la Fiscalía por ese hecho.
Contraloría ordena revisión prioritaria de contratos en la Dirección Nacional de Inteligencia del gobierno Petro
Las revelaciones sobre los contratos y las adquisiciones de la DNI también motivaron una actuación de la Contraloría General de la República. Este lunes 9 de noviembre, el contralor Jorge Eliécer Laverde Vargas ordenó una revisión prioritaria de cinco contrataciones de la entidad por aproximadamente 20.783 millones de pesos, entre ellas la adquisición de un helicóptero no tripulado por 9.000 millones y tres sistemas antidrones por 8.340 millones.
El organismo de control también revisará la compra de computadores, un sistema de identificación biométrica y mobiliario para las instalaciones de la DNI en Funza. Adicionalmente, verificará el estado de ejecución del SIIC versión 2, proyecto en el que aparecía vinculado Oyola.
En su comunicado, la Contraloría precisó que las actuaciones buscan establecer si hubo incumplimientos contractuales, fallas técnicas, sobrecostos o afectaciones a los recursos públicos.
El organismo advirtió que, si encuentra un posible detrimento patrimonial, adelantará las actuaciones fiscales correspondientes y trasladará a la Fiscalía o a la Procuraduría los hechos que puedan tener relevancia penal o disciplinaria.
CONTRATOS
Antes de llegar a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Andrés Oyola Tovar tuvo un contrato de prestación de servicios con el Fondo Colombia en Paz para asesorar en seguridad informática al programa de sustitución de cultivos ilícitos.
Oyola, ingeniero de sistemas de 36 años, fue capturado en el centro de Neiva por el Gaula Militar y el CTI de la Fiscalía. Tenía orden de captura desde mayo, pero seguía trabajando en la DNI.
La Fiscalía lo señala de haber entrado a los sistemas de la UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) para cambiar sus notas y conseguir dos títulos de posgrado. E incluso habría accedido a información del ente investigador.
Sus títulos ya le habían servido para llegar a cargos públicos. Uno de ellos fue el contrato que firmó con el Fondo Colombia en Paz en enero de 2023.
EL COLOMBIANO revisó el expediente completo de ese contrato, que es público (véalo al final): la minuta, dos otrosíes, la póliza, los informes de supervisión, el acta de terminación y el cierre financiero.
Todo empezó el 26 de diciembre de 2022. Ese día, Felipe Tascón Recio, entonces director de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI), firmó la solicitud para contratar a Oyola. Lo hizo justo un mes después de que la UNAD le entregara el título de especialista en Gestión Pública. Según la solicitud, la dependencia necesitaba un asesor de nivel central y no tenía personal de planta suficiente para esa labor.
El objeto del contrato era apoyar al director en la gestión de los sistemas de información, con estrategias y herramientas para mejorar los procesos y aplicar estándares de tecnología, seguridad informática y buenas prácticas. La plata salió de recursos de funcionamiento del patrimonio autónomo creado en 2017 para financiar la implementación del Acuerdo de Paz.
El perfil exigido, categoría Profesional 14, pedía título profesional y maestría con 30 meses de experiencia, o especialización con 54 meses.
Y justamentea Oyola se le investiga por presuntamente haber cambiado 40 registros de sus notas académicas entre 2017 y 2023 para graduarse de una especialización en gestión pública y para aprobar una maestría de gobierno y políticas públicas.
Su título profesional también era reciente. La constancia de la UNAD dice que Oyola terminó materias de Ingeniería de Sistemas el 6 de junio de 2019 y se graduó el 8 de octubre de 2021. El Copnia le otorgó la matrícula profesional el 4 de noviembre de 2021.
Entre el fin de materias y la firma del contrato con el Fondo pasaron unos 43 meses. Es menos que los 54 meses de experiencia profesional que exigía la ruta con especialización, haberla tenido; aunque en septiembre de 2022, ante la Contraloría, en otro contrato que tuvo, certificó en su hoja de vida que no se había graduado de ningún posgrado.
El contrato del Fondo Colombia en Paz se firmó el 11 de enero de 2023, pactaba 12 meses y honorarios de $16’029.523 mensuales. El supervisor designado fue Daniel Felipe Córdoba Bonilla.
Los informes mensuales de supervisión de Oyola son prácticamente idénticos de un mes a otro. En todos, el supervisor certifica que el contratista cumplió «a satisfacción» y se autorizaron los pagos completos.
El 14 de diciembre de 2023, a menos de un mes de que venciera el contrato, la DSCI pidió prorrogarlo un año más. Argumentó que se estaban estructurando nuevos modelos de sustitución y reconversión productiva en zonas con coca, amapola y marihuana, y que el PNIS estaba en su etapa de cierre.
El 11 de enero de 2024 se firmó el otrosí. El contrato se extendió hasta el 11 de enero de 2025 y se le adicionaron $192.354.276, con lo que el valor total quedó en $384.708.552.
La prórroga duró poco. El 20 de febrero de 2024 Oyola pidió la terminación anticipada por «motivos personales» que, según su carta, le impedían seguir; la fecha coincide con el ingreso a la DNI.
El cierre financiero, del 19 de abril de 2024, registra 14 pagos de Fiduprevisora por $213.726.973,67 entre febrero de 2023 y marzo de 2024 para Oyola que trabajó con esa entidad 13 meses y 10 días.
Hoy justamente se define si Oyola enfrenta su proceso desde prisión preventiva o si lo hace en libertad.
