La decisión sobre la Caja de Auxilios y de Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (CAXDAC), vinculada históricamente a ACDAC, confirma que sus actividades deben ajustarse a las funciones establecidas por la ley
El alto tribunal negó la suspensión de la orden de la Superintendencia Financiera, que contempla normalizar la afiliación de 347 aviadores civiles a Colpensiones sin modificar sus derechos pensionales
Bogotá, noviembre de 2026. News Press Service. El Ministerio del Trabajo informa que el Consejo de Estado negó la solicitud de suspensión provisional de la orden emitida el 4 de febrero de 2026 por la Superintendencia Financiera de Colombia contra la Caja de Auxilios y de Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (CAXDAC), entidad relacionada históricamente con la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC).
La decisión, adoptada el 27 de octubre de 2026, mantiene vigente la orden que exige a CAXDAC dejar de administrar las afiliaciones pensionales de aviadores civiles que no pertenecen a los regímenes que la ley le permite manejar.
El alto tribunal consideró, en esta etapa del proceso judicial, que la Superintendencia Financiera actuó dentro de sus competencias al ordenar la suspensión de estas actividades.
En los numerales 44 y 45, el Consejo de Estado explicó que CAXDAC, creada antes de la Ley 100 de 1993, puede continuar desarrollando las funciones que legalmente le corresponden, pero no tiene autorización general para administrar todas las pensiones de los aviadores civiles.
De acuerdo con los decretos leyes 1282 y 1283 de 1994, sus funciones están limitadas a la administración del régimen de transición y de las pensiones especiales transitorias.
En otras palabras, CAXDAC no puede actuar como Colpensiones ni administrar afiliaciones del Sistema General de Pensiones por fuera de las funciones que le asignó la ley.
Además, el artículo 52 de la Ley 100 de 1993 establece que las cajas de pensiones existentes antes de esa norma están sometidas a la vigilancia y control de la Superintendencia Financiera.
¿Por qué intervino la Superintendencia Financiera?
En los numerales 46, 47 y 48, el Consejo de Estado recordó que el artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero permite a la Superintendencia ordenar la suspensión inmediata de prácticas ilegales o no autorizadas y exigir las correcciones necesarias.
En este caso, la autoridad de vigilancia consideró que CAXDAC había excedido las funciones que legalmente le correspondían, al administrar afiliaciones de aviadores civiles que no estaban cobijados por los regímenes especiales previstos en la ley.
Por esta razón, ordenó suspender dichas actividades y adelantar las acciones necesarias para corregir la situación.
En los numerales 52 al 55, el alto tribunal explicó que la Superintendencia no creó nuevas reglas pensionales ni modificó las existentes. Su actuación buscó garantizar que las afiliaciones fueran administradas por entidades legalmente autorizadas.
¿Qué pasará con los 347 aviadores civiles?
La orden administrativa contempla que las afiliaciones de 347 aviadores civiles sean normalizadas mediante su traslado a Colpensiones.
El Consejo de Estado aclaró, en los numerales 60 y 61, que la libertad de elegir una administradora de pensiones se mantiene, pero debe ejercerse entre entidades legalmente habilitadas.
Esto significa que, después de normalizar su afiliación en Colpensiones, los aviadores podrán escoger otra administradora del Sistema General de Pensiones, de acuerdo con las condiciones previstas en la ley.
¿Se afectan los derechos pensionales?
El Consejo de Estado señaló, en los numerales 67, 68 y 69, que la orden administrativa no modifica las condiciones para acceder a una pensión, ni determina el reconocimiento o el valor de las prestaciones de los aviadores civiles.
La medida busca corregir la entidad encargada de administrar sus afiliaciones, sin que ello implique la pérdida, disminución o modificación de sus derechos pensionales.
Ante esta decisión, el Ministerio del Trabajo continuará articulando acciones con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia Financiera y Colpensiones para avanzar en el cumplimiento de la orden administrativa del 4 de febrero de 2026.
El Ministerio del Trabajo reitera que la administración de los recursos pensionales debe ajustarse a las autorizaciones legales y a la vigilancia de las autoridades competentes.
La decisión del Consejo de Estado mantiene vigente la orden de la Superintendencia Financiera. Sin embargo, corresponde a una decisión sobre una medida cautelar y no constituye una sentencia definitiva sobre la legalidad del acto administrativo demandado.
