El Gobierno adelanta gestiones para concretar conversaciones con este grupo, buscando un desarme-
News Press Service
El Colombiano
Una máquina de hacer dinero untado de sangre y horror, que lleva cuatro décadas adaptándose a cada época de la criminalidad en Colombia. Esa es “la Oficina”, la organización mafiosa con la que el Gobierno Nacional espera concretar un acuerdo de acogimiento a la justicia.
Tal cual ha venido informando EL COLOMBIANO, los acercamientos comenzaron en plena campaña presidencial de Gustavo Petro, cuando envió delegados a las cárceles y a las comunas de Medellín para proponerles a los integrantes de este grupo su proyecto de “paz total”. La mayoría de cabecillas respaldó la idea, anhelando recibir beneficios jurídicos, y de paso le dieron un empujón electoral definitivo al entonces candidato.
En las últimas dos semanas hubo reuniones y traslados de cárceles para acelerar la conformación de una mesa de diálogos entre esa organización y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. De manera tentativa, la sede de dichas conversaciones sería la prisión de Itagüí.
El proceso no será simple, pues el Gobierno, la Fiscalía y la Rama Judicial no se han puesto de acuerdo sobre cuál es el tratamiento jurídico que hay que darles a las bandas de crimen organizado, las cuales carecen de estatus político.
Los decretos expedidos por la Casa de Nariño se estrellaron contra los argumentos de la Fiscalía, por lo que la expedición de boletas de libertad y la suspensión de órdenes de captura para los voceros de paz quedaron en el limbo.
Al margen del contexto político, la sociedad se ha venido preguntando cuál es el afán de sentarse a la mesa con mafiosos y qué cosas le pueden ofrecer estos a la “paz total”. Detrás de dichas inquietudes hay una pregunta central: ¿qué es “la Oficina” hoy en día, más allá de los mitos?
Gobierno criminal
La primera “oficina” que tuvo el Valle de Aburrá data de la época del cartel de Medellín y su función era arbitrar en los conflictos entre narcos, fijar criterios de negociación y cobrar deudas de la mafia.
Cuando Diego Murillo (“don Berna”) asumió el control del bajo mundo a mediados de los 90, creó una nueva “oficina”, añadiéndole más funciones: servir como aparato sicarial urbano de las Autodefensas paramilitares; organizar a todas las bandas del área metropolitana, imponiéndoles coordinadores por cada comuna; instaurar las normas de juego para el mercado local de drogas y demás negocios ilegales.
En 2008, cuando este capo fue extraditado, las jerarquías del hampa se disolvieron. La nueva “oficina” ya no obedecía a un máximo comandante, sino a una junta directiva en cuya mesa tenían asiento los jefes de las bandas más poderosas. Un gobierno colegiado, en el que se tejen alianzas, traiciones y enemistades.
Estructura de mando
“La Oficina” de la actualidad es una confederación de bandas con influencia directa en el Aburrá y alcance transnacional, según la DEA. Cual holding empresarial, ofrece múltiples servicios criminales y tiene sus tentáculos extendidos en muchas actividades económicas (ver la infografía).
En su estructura de mando cuenta con dos alas: una operativa y visible, que copa los territorios a través de las bandas; y una gerencial e invisible, liderada por una élite de criminales de cuello blanco con una doble vida, que se mueven entre el mundo legal y el ilegal. En la esfera del crimen los llaman “los señores”, “los de arriba” o “los invisibles”. Nadie menciona sus nombres, pero es sabido que deciden quién puede ser o no el jefe de las bandas.
Desde los tiempos de “don Berna” no hay un único líder del ala operativa. Por allí han desfilado temporalmente alias “Rogelio”, “Yiyo”, “Valenciano” y “Sebastián”. Hoy “la Oficina” tiene dos cabezas, con una marcada rivalidad entre sí: Carlos Mesa (“Tom”), quien representa a la mafia de Bello; y José Muñoz (“Douglas”), de la mafia de Medellín.
Ambos están presos hace años, pero desde las cárceles continúan dando órdenes, tanto así, que el Gobierno les reconoce tal autoridad convocándolos a reuniones.
En el segundo círculo de poder están los llamados Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) o, como les dicen en las calles, las “Razones”.
Se trata de coaliciones de combos con influencia en una o más comunas. Cinco de ellas están aliadas con “Tom” y las otras cinco con “Douglas”, según datos de Inteligencia.
Cada una de estas coaliciones articula entre 8 y 30 combos barriales, para un total cercano a los 240 grupos. Las que abarcan más vecindarios son “los Chatas”, “la Terraza”, “Caicedo” y “los Pesebreros”.
Aunque esto refleja una influencia territorial importante, “la Oficina” perdió poder con el paso del tiempo, pues antes reinaba sobre el 95% de las bandas del Aburrá. Hoy se estima que articula un 65%, pues muchas se declararon independientes (como “la Agonía”, “los Mondongueros”, “el Mesa” y “Pachelly”) y otras se alinearon al Clan del Golfo.
Funciones y propuestas
Las decisiones y conflictos internos de “La Oficina” tienen una alta incidencia en las cifras de homicidios de Medellín, aunque a las autoridades les cueste reconocerlo.
A finales de 2019 las estructuras de “Tom” y “Douglas”, que habían protagonizado enfrentamientos focalizados en Robledo, San Javier y Candelaria, acordaron una tregua que todavía rige. Los asesinatos en la ciudad bajaron de 634 en 2018 a 389 en 2022.
Pese a esto, la organización ya no controla la dinámica de los hurtos, el fenómeno que, junto a las extorsiones desbordadas, afecta más la percepción de seguridad de los medellinenses.
Un reto de “la Oficina” es mantener unidas a todas sus divisiones. Entre 2015 y 2016, cuando funcionaba en Cuba la mesa de paz entre el gobierno de Juan M. Santos y las Farc, varios jefes de “la Oficina” trataron de consolidar una propuesta de desarme. El proyecto fracasó porque los líderes encarcelados no lograron convencer de la idea a quienes estaban libres en ese entonces.
Frente a la negociación con el gobierno de Petro, ofrecen sostener a la baja los homicidios, entregar armas y presentar, por lo menos, a 3.000 jóvenes que dejarían de delinquir. También, según abogados cercanos al proceso, prometen “contar su verdad”.
Este es un punto crítico, pues casi todos los cabecillas ya participaron en el proceso de sometimiento de las Autodefensas (2006) y después le fallaron a la sociedad: no asistieron a las versiones libres, no repararon a las víctimas, continuaron traficando drogas y sembrando el terror. ¿Se les puede creer ahora? ¿Renunciarán esta vez a sus fortunas ilícitas? ¿Hablarán sobre “los invisibles”?
