6 de cada 10 víctimas de delitos en Bogotá no denuncian a sus agresores, indicó el concejal Oscar Bastidas.
Más de 5.400 casos de violencia intrafamiliar afectaron a menores de 12 años durante los primeros ocho meses de 2026, alertó la cabildante Rocío Dussán.
Cabildantes solicitaron fortalecer los planes territoriales de seguridad con metas, presupuestos, responsables y resultados definidos.
Bogotá, septiembre de 2026. News Press Service. En sesión plenaria, el Concejo de Bogotá realizó un debate de control político concerniente a la seguridad en el Distrito Capital. Durante la jornada, los cabildantes analizaron el comportamiento de diferentes delitos, las condiciones sociales de barrios como San Bernardo y procedimientos policiales.
Al abrir la discusión, los concejales Oscar Bastidas, Jairo Avellaneda, Quena Ribadeneira, Heidy Sánchez, Ana Teresa Bernal, José Cuesta, Rocío Dussán y Donka Atanassova señalaron los desafíos que enfrenta la ciudad frente a sus dinámicas delictivas.
Según las cifras del Observatorio de la Secretaría de Seguridad expuestas durante el debate, en 2024 se registraron 1.214 homicidios, mientras que en 2025 se reportaron 1.186. Los cabildantes también señalaron que Bogotá registra una tasa de homicidios de entre 14% y 15,2% de casos por cada 100.000 habitantes, cifra superior a la tasa mundial de 5,8% según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Del mismo modo, según Insight Crime, Bogotá en 2026 se encuentra entre las ciudades de América Latina con mayores niveles de violencia. Asimismo, pese a la reducción registrada durante el primer semestre, ocupó el tercer lugar entre las ciudades latinoamericanas con más homicidios para ese periodo desde 2019.
Al analizar las modalidades utilizadas, los concejales destacaron una disminución de los homicidios con arma de fuego durante el primer semestre del año en curso, al pasar de 385 a 294 casos.
En contraste, aquellos cometidos con arma blanca aumentaron de 153 a 211, equivalente a un incremento del 37,9 %. Ante este comportamiento, los cabildantes plantearon la necesidad de mantener una respuesta diferenciada frente a las dinámicas de violencia presentes en la ciudad.
En cuanto al hurto, con corte a agosto de 2026 se registraron 91.221 casos. A esta situación se suma que el 63 % de las personas manifiesta sentirse insegura en la capital, mientras la tasa de denuncia pasó del 52 % en 2024 al 45,6 % en 2025. Reflejo de lo anterior, seis de cada diez víctimas no denuncian, circunstancia que dificulta conocer la dimensión real de los llamados delitos sombra.
La seguridad en TransMilenio también hizo parte de la discusión. Los concejales llamaron la atención sobre hechos de violencia contra los trabajadores del sistema.
A su vez, solicitaron revisar las denuncias relacionadas con presuntos casos de racismo y abuso policial, asociadas a hechos como la muerte de Donovan Balanta, reabriendo la discusión sobre los límites de los procedimientos policiales.
Por otra parte, los cabildantes expusieron el comportamiento de delitos con alta incidencia en el Distrito.
Entre 2025 y 2026, la violencia intrafamiliar pasó de 31.445 a 38.970 casos, un incremento del 23,9 %; las lesiones personales, de 12.875 a 15.471, equivalente al 20,2 %; y el hurto a residencias, de 4.165 a 4.447, un aumento del 6,8 %. Estas situaciones, según lo señalado, tienen especial incidencia en Engativá, Suba y Kennedy.
Dentro de este panorama, la violencia intrafamiliar generó especial preocupación. Los concejales indicaron que en Bogotá se reportan cerca de 160 casos diarios, equivalentes a seis víctimas por hora.
Además, señalaron que los niños menores de 12 años acumularon más de 5.400 hechos de agresiones durante los primeros ocho meses del presente año, mientras que los adultos mayores superaron los 3.000 casos.
También cuestionaron el programa de Gestores del Orden, frente al cual expresaron inquietudes por su ejecución presupuestal y las acciones adelantadas para fortalecer la seguridad. En ese sentido, señalaron que los recursos destinados a esta iniciativa podrían contribuir al fortalecimiento de capacidades como la videovigilancia y el transporte para la Policía.
A su vez, frente a la situación del barrio San Bernardo, los cabildantes relacionaron el deterioro del sector con factores como la precariedad habitacional, la presencia de estructuras dedicadas al microtráfico y la pérdida del control comunitario.
También cuestionaron los efectos que han tenido los procesos de renovación urbana sobre la permanencia de poblaciones vulnerables, solicitando una mayor presencia institucional para garantizar condiciones de vivienda digna, seguridad y protección a los residentes.
Finalmente, la Corporación instó a la Administración Distrital a focalizar los recursos en los territorios donde se concentran delitos como homicidio, extorsión, hurto, violencia sexual y riñas.
