La Corte Constitucional amparó el derecho al debido proceso de un rector etnoeducador a quien el Resguardo Indígena de Yascual, en Nariño, le retiró el aval comunitario sin que estuviera acreditada la existencia de reglas previas, generales y públicas para adelantar este procedimiento.
La Corte reiteró que las comunidades indígenas tienen amplia autonomía para definir la selección, permanencia y retiro de sus etnoeducadores. Sin embargo, esta facultad no es absoluta y debe ejercerse de acuerdo con el derecho propio, la Constitución y las garantías mínimas del debido proceso.
Bogotá, D. C., noviembre de 2026. News Press Service. La Sala Octava de Revisión estudió la tutela presentada por Franco Villota, quien se desempeñaba como rector etnoeducador de la Institución Educativa San Sebastián de Yascual, en Túquerres, Nariño.
El docente cuestionó la decisión del resguardo de retirarle el aval comunitario y su posterior desvinculación por parte de la Secretaría de Educación de Nariño.
En abril de 2025, durante una reunión, integrantes de la comunidad manifestaron inconformidades relacionadas con la gestión del rector, entre ellas presuntos incumplimientos, dificultades en la coordinación académica y administrativa, y cuestionamientos sobre la incorporación de la educación propia.
La Secretaría de Educación de Nariño, por su parte, terminó el nombramiento del rector como consecuencia del retiro del aval. El rector consideró que no existía un procedimiento previo, público y claro que le permitiera conocer las razones en su contra, acceder a los soportes y ejercer adecuadamente su defensa, por lo que invocó el amparo.
Al revisar el caso, la Sala Octava de Revisión, integrada por las magistradas Natalia Ángel Cabo y Paola Andrea Meneses Mosquera, quien la preside, y el magistrado Miguel Polo Rosero, concluyó que el Cabildo Indígena vulneró el derecho al debido proceso del accionante.
La Corte recordó que la etnoeducación es un derecho fundamental de los grupos étnicamente diferenciados y tiene una dimensión educativa y otra administrativa.
Esta última garantiza a las comunidades indígenas la posibilidad de participar en el diseño, implementación, seguimiento y administración de su sistema educativo, incluida la selección, permanencia y retiro del personal docente.
En ese contexto, el aval de reconocimiento permite a las comunidades decidir sobre la selección y permanencia de los etnoeducadores con amplia autonomía conforme a su Ley de Origen, Derecho Mayor y Derecho Propio, la Constitución y la Ley.
Sin embargo, la Corte reiteró que esta autonomía no es absoluta. El otorgamiento y retiro del aval deben respetar las garantías mínimas del debido proceso. Estas comprenden el principio de legalidad, la prohibición de arbitrariedad, el derecho de defensa y la garantía de motivación.
En el caso concreto, la Sala encontró que el Resguardo no acreditó la existencia de reglas previas, generales y públicas que regularan el procedimiento para retirar el aval a los etnoeducadores.
Aunque esas reglas no tienen que estar necesariamente escritas o codificadas, deben existir y ser suficientemente conocidas o cognoscibles por sus destinatarios.
Además, la Corte determinó que el trámite adelantado por la autoridad indígena contra el rector desconoció tres garantías mínimas:
1). No fue informado previamente de que en la asamblea de abril de 2025 se evaluaría su permanencia como rector y el eventual retiro de su aval.
2). Antes de la asamblea no conoció las razones concretas que podían conducir a esa decisión.
3). No contó con una oportunidad real y material para defenderse.
En relación con la Secretaría de Educación de Nariño, la Sala concluyó que esta no vulneró los derechos del rector al terminar su nombramiento. Explicó que la entidad territorial no tenía competencia para realizar un control de legalidad o constitucionalidad sobre la decisión adoptada por la comunidad indígena.
En consecuencia, la Sala dejó sin efectos la decisión adoptada por la Asamblea General del Resguardo Indígena de Yascual mediante la cual se retiró el aval comunitario al rector etnoeducador y ordenó al Cabildo Indígena que convoque a las autoridades indígenas u órganos competentes para definir y adoptar, conforme a su derecho propio, las reglas y directrices aplicables al estudio de la permanencia y retiro de los avales comunitarios de los etnoeducadores.
Estas reglas deberán respetar las garantías mínimas del debido proceso y ser suficientemente conocidas por los integrantes de la comunidad educativa y por quienes, sin pertenecer a la comunidad, estén sometidos a la autoridad de sus instituciones en esta materia.
La Corte aclaró que esta orden no implica el reintegro inmediato del rector. Solo deberá ser reintegrado si, una vez adelantado nuevamente el procedimiento con respeto de las garantías mínimas del debido proceso, la comunidad decide mantenerlo.
También precisó que es posible que, después de rehacer el trámite, la comunidad ratifique el retiro del aval.
La magistrada Natalia Ángel Cabo salvó parcialmente el voto en la presente decisión.
M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera
Sentencia T-308 de 2026
