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El Plan de Acceso a la Justicia es una estrategia que conecta actores del sector público como la Defensoría del Pueblo y el Inpec, con otros de la sociedad civil, como las universidades, en pro de mejorar este tipo de acceso para las personas privadas de la libertad y así avanzar en dos aspectos: el Estado de Cosas Inconstitucional y la política de humanización del sistema penitenciario
La primera fase del plan priorizó 59 establecimientos de reclusión del orden nacional. Su implementación logró que 46 establecimientos pusieran en orden su archivo, 3.122 personas privadas de la libertad recibieran capacitación jurídica y 1.882 fueran asesoradas en brigadas jurídicas.
Bogotá, abril 2024. News Press Service. El Ministerio de Justicia y del Derecho ha venido trabajando en el diseño e implementación de estrategias que permitan enfrentar los problemas estructurales del sistema penitenciario y carcelario, a fin de lograr un avance en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) que le aqueja.
Entre dichas estrategias se encuentra el Plan de Intervención Inmediata para el Sistema Penitenciario y Carcelario, el cual tiene como objetivo la implementación de acciones concretas que permitan enfrentar los asuntos que suponen mayores obstáculos para el respeto y la garantía de servicios vitales y derechos fundamentales de la población privada de la libertad.
Una de estas acciones es el ‘Plan de Acceso a la Justicia con enfoque en Derechos Humanos’, que este 30 de abril presenta su segunda fase de implementación. Dicha estrategia articulará brigadas jurídicas integrales y capacitaciones en herramientas jurídicas y derechos humanos para personas privadas de la libertad y funcionarios con otras actividades que permitan avanzar en el objetivo de fortalecer el acceso a la administración de justicia, el derecho a la defensa, el debido proceso y los demás derechos de quienes pagan su deuda con la sociedad en establecimientos de reclusión del orden nacional.
Para la primera fase del plan se escogieron 59 establecimientos de reclusión del orden nacional en coordinación con los directores de las seis regionales del INPEC y se establecieron tres frentes de trabajo: sistematización y análisis de la información, capacitaciones de educación sobre herramientas jurídicas y brigadas jurídicas.
Tras la implementación de esa primera fase, con corte al 9 de febrero de 2024, 46 establecimientos de reclusión que albergaban en total a 39.634 condenados, quedaron con su archivo y su sistema de información organizados.
Como consecuencia de la sustanciación de carpetas, los establecimientos pudieron realizar las siguientes solicitudes: 4.049 redenciones de pena, 496 permisos de hasta 72 horas, 20 permisos de salida, 1.236 detenciones domiciliarias, 2.965 condicionales, 1.772 libertades por pena cumplida y 26 acumulaciones de pena.
Además, por medio de jornadas y talleres didácticos, la población en condición de reclusión fue capacitada en diversos componentes jurídicos relacionados con derecho penal y penitenciario, derechos humanos y acciones constitucionales. En total se capacitó a 3.122 personas privadas de la libertad a través de 36 jornadas de formación en 19 establecimientos.
Asimismo, se realizaron 26 brigadas en 22 centros de reclusión de todo el país, de las cuales seis se enfocaron en la asesoría frente a la solicitud del servicio de utilidad pública para mujeres cabeza de hogar. En total se atendió a 1.882 personas, de las cuales 978 fueron mujeres.
Estos logros abrieron la puerta para la implementación de una segunda fase del Plan, que priorizará 47 establecimientos del orden nacional. El evento de lanzamiento se realizará en simultáneo en el Aula Máxima de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y en el auditorio Bloque 19-501 de la Universidad EAFIT de Medellín, este martes 30 de abril a partir de las 10:30 a.m.
En la capital de la República participaron el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia y del Derecho, Camilo Eduardo Umaña Hernández; voceros de la Defensoría del Pueblo y del INPEC, profesores y estudiantes de las universidades aliadas, organizaciones defensoras de derechos humanos y representantes de la sociedad civil.
En este espacio se intercambiaron experiencias de lo que fue la primera fase de implementación del plan y se explicará cómo dichas vivencias abrieron el abanico de posibilidades para abordar los retos que presenta el sistema carcelario desde una mirada más integral, de cara a la segunda fase.
