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Por: Jesús Hernando Álvarez Mora
La democracia es la única buena forma de gobierno. No existe otra que pueda garantizar la separación de poderes o principio de frenos y contrapesos y, de contera, desde el punto de vista material, la plena garantía de los derechos humanos, lo mismo que la satisfacción de las necesidades e intereses de los asociados.
Como es la única buena forma de gobierno, es muy exigente. Impone, al menos, dos condiciones: virtud política de los dirigentes y cultura política de los ciudadanos. Exige líderes honestos, probos, impolutos, con vocación de servicio y alejados de la codicia y avaricia material. A los ciudadanos les reclama, de manera permanente, actitud participativa y deliberativa.
Desde el punto vista formal, hoy predominan en el mundo dos formas de democracia: la representativa y la participativa. La primera implica elegir entre los ciudadanos a quienes se candidaticen para ocupar cargos de elección popular con facultades para deliberar y tomar decisiones a favor del bienestar general, las que ordinariamente se traducen en normas de variadas categorías en los diferentes niveles territoriales.
La segunda, en cambio, involucra la existencia de mecanismos o medios de participación ciudadana, como el plebiscito, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa popular normativa, el cabildo abierto, entre otros, para que los ciudadanos desempeñen un papel más activo en las decisiones del Estado que les afecte.
Para ambas formas de democracia la garantía de la asociación política es cardinal. La democracia representativa, en particular, se soporta en la existencia de partidos o movimientos políticos, como una manera primaria pero fundamental de asociación política. A ello se le puede sumar, los grupos significativos de ciudadanos.
Con los matices diferenciales que tienen, se pueden relacionar unos aspectos comunes, como la vocación para obtener poder político y servir como canal o medio de comunicación y acercamiento entre el pueblo y el Estado con la permanente búsqueda del bienestar general.
A parte de lo señalado, referido primordialmente a los partidos políticos, máxime en el contexto de un Estado social y democrático de derecho, estos cumplen una función de pluralismo ideológico, quizás la más trascendental de todas sus funciones.
Han de canalizar las diferentes ideologías, las formas de pensar y de ver el mundo político, económico, cultural, religioso, educativo, científico, entre otros. Entonces, es fundamental en las democracias la existencia de partidos políticos. En plural. Los partidos únicos, son bastiones de las dictaduras, contrarios y repelentes frente a las democracias.
Ahora bien. ¿Hay un ideal cuantitativo en materia de partidos o movimientos políticos? La respuesta no es sencilla, pues en la praxis política han existido y existen naciones con bipartidismos hegemónicos y otras con multipartidismos que han dado muestra de adecuado funcionamiento democrático.
Sin embargo, los extremos, como en todo, no parece ser lo más aconsejable. En Colombia, por ejemplo, con una importante trayectoria democrática formalmente hablando, en el siglo XIX existieron agrupaciones con vocación de poder político alrededor de formas de Estado desde el punto de vista de la división del territorio, esto es, centralistas (Estado unitario) siguiendo el modelo francés o federalistas siguiendo el modelo norteamericano, como también enfocado en caudillismos primordialmente derivados de la influencia de Simón Bolívar y de Francisco de Paula Santander y, más adelante, entorno a Tomás Cipriano de Mosquera y a Rafael Núñez.
En 1848, siguiendo el ideario del liberalismo anglosajón, Ezequiel Rojas funda el Partido Liberal; y en 1849, siguiendo el ideario del liberalismo francés, Miguel Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro fundan el Partido Conservador.
Desde entonces, hasta el proceso constituyente de 1991, reforzado mediante el plebiscito del 1º de diciembre de 1957 mediante el cual se aprueba el Frente Nacional, predominó el bipartidismo hegemónico entre conservados y liberales, con esporádicos asomos de otros partidos o movimientos políticos sin mayor éxito, y en más de una ocasión opacados par la violencia.
El Constituyente de 1991 tenía como mandato popular, materializado mediante la Séptima Papeleta, fortalecer la democracia participativa, lo cual se evidencia de manera expresa y transversal en la Constitución Política de 1991. Así, se obtiene una mixtura democrática: democracia representativa y democracia participativa.
A su vez, el Constituyente histórico quiso romper con la hegemonía bipartidista. Flexibilizó la creación de partidos y movimientos políticos exigiendo para tal fin como respaldo ciudadano la consecución de 50.000 firmas, lo cual provocó la existencia de aproximadamente setenta entre unos y otros, atomizando y fraccionado dicha institución de tal manera que se convirtieron en microempresas electorales desnaturalizando su razón de ser y trayendo como consecuencia, entre otras, la dificultad para alcanzar consensos a favor de la gobernabilidad.
Tal angustia democrática se pretendió corregir mediante los Actos Legislativos 01 de 2003 y 01 de 2009. Mediante estas reformas constitucionales se exigió como umbral, primero el 2% y luego el 3% de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado para obtener o conservar la personería jurídica de los partidos o movimientos políticos.
Ello significó una importante reducción. Quedaron menos de veinte. Ahora, mediante las sentencias de la Corte Constitucional SU-257 de 2021 y SU316 de 2021, se incrementaron los partidos y movimientos políticos. Mediante la primera, la Corte ordena al Consejo Nacional Electoral revivir la personería jurídica del Nuevo Liberalismo fundado por Luis Carlos Galán Sarmiento (Q.E.P.D), con efectos inter comunes, lo que permitió revivir el Partido Verde Oxígeno, el Partido Comunista y el Movimiento de Salvación Nacional.
Y, mediante la segunda, se ordenó reconocerle personería jurídica al Movimiento Político Colombia Humana en aplicación e interpretación del Acto Legislativo 02 de 2015.
Así las cosas, actualmente, con el Partido Político Comunes en virtud el Acuerdo de Paz con las FARC-EP, se tienen veintidós instituciones entre partidos y movimientos políticos. Realmente es una cifra exagerada, que si bien es cierto ha permitido un mayor pluralismo político, una mayor participación en pro de las minorías políticas y étnicas, una reivindicación respeto de las expresiones violentas que han impedido el pleno ejercicio de la libertad política, no parece ser lo ideal.
En la práctica se vive una confusión ideológica, lo que puede afectar la democracia. Afinca la confusión ideológica dos hechos adicionales: de un lado, el frecuente cambio de militancia política de algunos actores entre los diferentes espectros ideológicos; y, del otro, el acudir a firmas para inscribir candidaturas a cargos unipersonales como alcaldes, gobernadores y presidente de la República, debilitando los partidos políticos llamados a otorgar avales o a llevar a cabo coaliciones en atención a afinidades programáticas. ¿Por quién votar en un ambiente de atomización política?
La decisión, como se puede inferir, no es fácil. Este panorama bien puede arrojar unos efectos negativos: 1. Dificultad para llegar a consensos que favorezcan la gobernabilidad en pro del cumplimiento de los fines esenciales del Estado. 2. Un mayor abstencionismo electoral. 3. Fomento de la corrupción hacia elector. 4. Fomento del caudillismo. 5. Debilitamiento de la institucionalidad. 6. Dispersión de la responsabilidad política. 7. Fomento de microempresas electorales con patente de corso para otorgar avales sin mayor filtro y compromiso social. A lo mejor los intentos de coaliciones políticas que se están presentado en Colombia a propósito de la elección del nuevo inquilino de la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto de 2022, refleja la angustia antes dicha.
Sin embargo, si bien es cierto en las mismas se observan ciertas afinidades programáticas, también se ven expresiones ideológicas diversas, lo que aleja la identidad ideológica sumando confusión y dejando entrever sólo la necesidad de sumar votos.
Este panorama puede cambiar con las elecciones al Congreso de la República que se realizarán en marzo del año 2022. A lo mejor se reduzcan los partidos y movimientos políticos, por el umbral electoral del 3 %. Sin embargo, con base en la ratio decidendi de la sentencia SU-257 de 2021, habrá que mirar cada caso en particular, lo que bien puede conllevar a la permanencia de la mayoría de los hoy existentes. En todo caso, flaco favor democrático sería volver al bipartidismo hegemónico y excluyente de otrora lo mismo que fomentar la atomización política.
Lo ideal es reducir aún más el número de partidos y movimientos políticos, sin detrimento de las minorías, pero que reflejen cierta identidad ideológica. Igualmente, se deben fortalecer los partidos y movimientos políticos que demuestren mayor acogida popular, evitando al máximo las inscripciones por firmas y las aventuras políticas con base en las encuestas. En definitiva, los partidos políticos son y serán el soporte de las democracias. Las naciones más avanzadas lo demuestran.
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