En el marco del debate de oposición sobre seguridad en el centro de Bogotá, la concejala del Pacto Histórico, Ana Teresa Bernal, puso el foco en la situación de San Bernardo, donde, según expuso, confluyen criminalidad, precariedad habitacional, abandono institucional y un proceso de renovación urbana que estaría generando presión sobre los moradores tradicionales.
Bogotá, septiembre de 2026. News Press Service. Durante la plenaria del Concejo de Bogotá, Bernal presentó un diagnóstico sobre las dinámicas sociales, urbanas y de seguridad que afectan al barrio San Bernardo.
Su intervención planteó que el problema no puede abordarse únicamente como un asunto de delincuencia, sino como un fenómeno en el que se relacionan estructuras criminales, microtráfico, bodegas de reciclaje, pagadiarios, habitantes de calle y las transformaciones del mercado del suelo.
La concejala señaló que, de acuerdo con los testimonios recogidos para el debate y con referencias a la Alerta Temprana 004 de 2024 de la Defensoría del Pueblo, existen riesgos asociados a la presencia y operación de estructuras criminales y a la instrumentalización de población vulnerable. En particular, llamó la atención sobre niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como sobre habitantes de calle y personas mayores.
Seguridad y abandono institucional
Bernal cuestionó la respuesta de la Administración Distrital frente a las condiciones de seguridad del sector y preguntó qué acciones se están desarrollando para enfrentar las dinámicas criminales que afectan el territorio.
Uno de los puntos señalados fueron las bodegas de reciclaje. La concejala advirtió que, aunque no existe un censo oficial que permita establecer su número exacto, testimonios del sector y operativos de las autoridades han relacionado algunos de estos espacios con actividades como receptación, microtráfico y almacenamiento de elementos ilícitos. Por ello, pidió fortalecer los controles y aumentar su frecuencia.
También llamó la atención sobre los pagadiarios, que describió como espacios de alta precariedad habitacional donde confluyen hacinamiento, déficit de servicios básicos y, según lo expuesto en el debate, dinámicas relacionadas con el consumo de sustancias y la criminalidad.
Renovación urbana y permanencia de los moradores
Uno de los ejes centrales de la intervención fue la relación entre seguridad y renovación urbana. Bernal cuestionó que el barrio lleve años atravesando un proceso de deterioro mientras avanza el Plan Parcial de Renovación Urbana San Bernardo–Tercer Milenio, adoptado en 2019 y que contempla la transformación de 8,8 hectáreas y la construcción de 3.946 viviendas VIS, según la presentación del debate.
La concejala sostuvo que la discusión no debe limitarse a si San Bernardo debe transformarse, sino a cómo se desarrolla esa transformación, quiénes permanecen en el territorio y quiénes reciben sus beneficios.
“Una parte de los moradores no cuestiona necesariamente la transformación del barrio, sino ¿qué tipo de renovación se hará?, ¿para quién? y ¿bajo qué condiciones?”, planteó Bernal durante el debate.
En este sentido, alertó sobre el riesgo de desplazamiento de los residentes tradicionales ante el incremento del valor del suelo y cuestionó la falta de garantías de permanencia y participación efectiva de quienes actualmente habitan el sector.
La Sabana: “cuando el Estado le cumple al constructor y le falla al vecino”
La concejala también trasladó la discusión al Plan de Renovación Urbana La Sabana. En su intervención presentó datos sobre el comportamiento del valor del suelo y cuestionó que, mientras avanzan proyectos destinados a nuevos habitantes, continúe pendiente la vivienda planteada originalmente para residentes del sector.
Bernal cuestionó las actuaciones de la Administración frente a las unidades de vivienda destinadas a moradores y preguntó si los procesos de renovación están garantizando realmente la permanencia de las comunidades.
Recursos para seguridad
Finalmente, la concejala presentó una revisión de la ejecución presupuestal en seguridad.
Según los datos incluidos en su presentación, mientras a nivel distrital se había girado el 50,5 % de los recursos disponibles para seguridad, en el proyecto específico de seguridad de Santa Fe la ejecución reportada era del 29,6 %. Esto representaría $2.030 millones pagados de $6.850 millones comprometidos.
Al cerrar su intervención, Bernal insistió en la necesidad de una respuesta integral que articule seguridad, hábitat, protección de poblaciones vulnerables y permanencia de los moradores.
“Exigimos una política integral de hábitat y control institucional inmediato a estos inmuebles”, afirmó la concejala, al tiempo que cerró su intervención con un mensaje sobre la defensa de la dignidad de los habitantes del sector: “El San Bernardo reclama dignidad. Bogotá reclama dignidad”.
