La Sala señaló que la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 abre una oportunidad para articular las medidas destinadas a superar el estado de cosas inconstitucional con los instrumentos de planeación y financiación.

Bogotá, noviembre de 2026. News Press Service. La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, que declaró el estado de cosas inconstitucional en la población infantil Wayuú, adoptó medidas para avanzar en la consolidación del Plan Estructural de Acción, su articulación con los instrumentos de planeación y financiación, la recuperación de infraestructura hídrica, la focalización de las intervenciones, la interoperabilidad de la información y la participación del pueblo Wayuu.
Las decisiones se adoptaron luego de que la Sala identificó cuatro bloqueos que inciden en la superación del estado de cosas inconstitucional: la falta de un Plan Estructural de Acción definitivo, concertado, financiado y medible; la ausencia de una línea base interoperable; la brecha entre la inversión en infraestructura hídrica y la disponibilidad real de agua; y las dificultades de representatividad para el diálogo genuino con el pueblo Wayuu.

En el Auto 1541 de 2026, la Sala recordó que el séptimo objetivo constitucional mínimo establecido en la Sentencia T-302 de 2017 está relacionado con la sostenibilidad de las intervenciones estatales y contempla, entre otros aspectos, que las metas sean realistas y compatibles con el Marco de Gasto de Mediano Plazo y que la superación del estado de cosas inconstitucional sea priorizada por las autoridades nacionales y territoriales en sus procesos de programación presupuestal.
En ese entendido, la Sala señaló que la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 abre una oportunidad para articular las medidas destinadas a superar el estado de cosas inconstitucional con los instrumentos
de planeación y financiación. También precisó que esa articulación no desconoce la autonomía del Gobierno nacional para formular el Plan Nacional de Desarrollo ni la competencia del Congreso de la República para debatirlo y aprobarlo.
Por esta razón, además del exhorto al Congreso, la Sala ordenó al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y al Ministerio de Hacienda que valoren las medidas para cumplir la Sentencia T-302 de 2017 y, cuando estén técnicamente sustentadas y sean financieramente viables, propongan su integración al proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 y de su Plan Plurianual de Inversiones.
Por otro lado, la Consejería Presidencial para las Regiones, que coordina el mecanismo de seguimiento del Gobierno (MESEPP), deberá presentar una ruta crítica con responsables, actividades y la fecha de adopción definitiva del plan. Si esa fecha va más allá de mayo de 2027 —cuando la sentencia cumplirá diez años—, deberá explicar por qué.
Del mismo modo, con el fin de remover los demás bloqueos, la Sala ordenó:
• Agua: un inventario de todas las obras de abastecimiento construidas o rehabilitadas desde 2017, con su estado y las causas de su inoperancia, y un plan escalonado para recuperar las que no funcionan.
• Focalización transparente: una metodología pública para decidir qué comunidades reciben las intervenciones, que no excluya a las que no tienen un vocero formalmente reconocido.
• Trazabilidad de los recursos: mejorar la identificación en el SECOP de los contratos destinados a cumplir la sentencia y consolidar una matriz de contratos, convenios y proyectos.
• Información: un protocolo para que las bases de datos de las entidades se comuniquen entre sí y para culminar la caracterización del Registro Multidimensional Wayuu.
• Representatividad: un cronograma del Ministerio del Interior para cumplir sus obligaciones pendientes sobre el reconocimiento y registro de autoridades tradicionales y la designación de los delegados Wayuu.
• Compromisos públicos: las entidades deberán acreditar, con soportes, el cumplimiento de los compromisos que asumieron en la sesión técnica de Riohacha.
La Sala precisó que estas medidas se suman a las que ya existen y no las suspenden. Las órdenes de atención inmediata en agua, salud y alimentación siguen siendo exigibles hoy, sin esperar el plan de acción, ni el Plan Nacional de Desarrollo. Los informes de las entidades deberán mostrar resultados en la vida de las niñas y los niños, y no limitarse a describir actividades, contratos o trámites. El Ministerio del Interior, por su parte, deberá divulgar una síntesis de la decisión en wayuunaiki, de manera oral y escrita, en los cuatro municipios.
