El ministro de Justicia y del Derecho, Iván Alfonso Cancino González, presenta un balance de los primeros 100 días de gestión, con resultados en acceso a la justicia, atención territorial, sometimiento de estructuras criminales, política penitenciaria y cooperación institucional.

Bogotá, noviembre de 2026. News Press Service. Cien días de gobierno y más de cien milagros. Así resume el ministro de Justicia y del Derecho, Iván Alfonso Cancino González, los resultados alcanzados durante los primeros 100 días de gestión en el gobierno de Abelardo de la Espriella.
En materia de justicia, un periodo en el que la cartera ha concentrado sus esfuerzos en acercarla a los colombianos, fortalecer la presencia del Estado en los territorios y enfrentar con determinación las estructuras criminales y las economías ilegales.
La apuesta, según el funcionario, es demostrar que los milagros no son promesas ni palabras vacías, sino resultados concretos que transforman la vida de las personas, permiten resolver conflictos, recuperan la confianza en las instituciones y hacen que la justicia llegue a lugares en los que históricamente ha sido difícil acceder a ella.
Para el ministro, este es el comienzo de una tarea que requiere continuidad, articulación institucional y compromiso con los ciudadanos, y cuyos resultados hacen parte de un esfuerzo colectivo del Gobierno nacional. “Desde el Ministerio de Justicia y del Derecho estamos firmes con la reconstrucción de la patria.
Queremos hacer realidad esa Patria Milagro propuesta por el presidente, en la que la justicia esté al alcance de todos, donde el Estado llegue a los territorios y enfrentemos el crimen con toda la determinación y la firmeza que Colombia necesita», asegura.
Una justicia que llega a la gente
Uno de los principales avances está relacionado con el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. A través de jornadas gratuitas de conciliación en todo el territorio nacional, el Ministerio de Justicia ha abierto espacios para que los ciudadanos puedan resolver sus diferencias mediante el diálogo, sin tener que acudir necesariamente a largos y costosos procesos judiciales.
En estas jornadas participaron 124 entidades y operadores de justicia, con resultados efectivos que demuestran la importancia de promover la conciliación como una herramienta para construir convivencia y garantizar el acceso a la justicia. “No se trata solamente de realizar audiencias, sino de alcanzar acuerdos y soluciones reales para las personas», ha señalado el ministro.
A esta estrategia se suma la jornada ‘Navegando por el corazón del Atrato’, a través de la cual se llevaron servicios de justicia a más de 5.000 personas de seis municipios de Chocó y Antioquia. La iniciativa permitió recuperar las vías hídricas como canales de integración institucional y acercar la oferta del Estado a comunidades que necesitan respuestas oportunas a sus necesidades.
Igualmente, el Ministerio entregó remodelada la Casa de Justicia de Quibdó y visitó otros centros de este tipo en el país, con el propósito de fortalecer estos espacios de atención ciudadana y garantizar que las comunidades encuentren orientación y acompañamiento para resolver sus diferencias.
Enfrentando el crimen con firmeza
En cuanto a seguridad y sometimiento de estructuras criminales, el mayor hito lo constituye la sanción de la Ley 2640 del 4 de noviembre de 2026, instrumento jurídico que ofrece herramientas para facilitar el sometimiento de actores armados ilegales o terroristas.
“Estamos enfrentando las estructuras criminales con toda la firmeza del Estado. Aquí no hay concesiones políticas ni reconocimiento de estatus alguno. Hay reglas claras, sometimiento a la Constitución y la ley y herramientas para avanzar en el desmantelamiento de las organizaciones ilegales», enfatiza el jefe de la cartera de Justicia.
Recuperando el control de los establecimientos penitenciarios

La política penitenciaria también ocupa un lugar central en este balance de los primeros cien días. En coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), se coordinó el traslado de 2.568 personas privadas de la libertad y se adelantaron al menos 5.000 registros de control en establecimientos penitenciarios del país.
Dichas operaciones permitieron decomisar tarjetas SIM, teléfonos celulares y sustancias estupefacientes, elementos utilizados para alimentar actividades ilegales desde los centros de reclusión, particularmente la extorsión y el tráfico de drogas.
El propósito es recuperar el control institucional de los establecimientos penitenciarios, cerrarles el paso a las redes delictivas y avanzar hacia la reducción de las actividades criminales que afectan la tranquilidad y la seguridad de los colombianos.
A estas acciones se suma el avance en la estructuración de las megacárceles, una de las grandes apuestas del Gobierno nacional para fortalecer la infraestructura penitenciaria y responder a los desafíos del sistema.
Fortaleciendo la confianza institucional y la cooperación
Desde el MinJusticia se están fortaleciendo los controles relacionados con la expedición de certificados de carencia, con el objetivo de prevenir el desvío de sustancias y de que se aprovechen actividades legales para alimentar economías ilícitas. Asimismo, se han reforzado los controles relacionados con las licencias de cannabis.
En materia de cooperación judicial internacional, el Ministerio reporta más de 150 extradiciones, un resultado que va acompañado de esfuerzos para recomponer y fortalecer las relaciones de Colombia con diferentes Estados, y para mejorar los mecanismos de colaboración entre las autoridades nacionales.
Y a nivel interno, se viene trabajando de manera articulada con la Corte Suprema de Justicia, la fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura y otras entidades del sector, buscando superar dificultades de relacionamiento y consolidar una agenda de cooperación que permita responder de manera coordinada a los desafíos de la administración de justicia.
Con este balance, el Ministerio de Justicia y del Derecho ratifica su compromiso de seguir trabajando por una justicia más cercana a la gente, con resultados medibles y con presencia territorial y firmeza frente a quienes pretenden afectar la seguridad, la convivencia y derechos de los colombianos.
