La Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional penitenciario, carcelario y en los centros de detención transitoria convocó una audiencia pública que se realizará el próximo 4 de noviembre, entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., en la Sala de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia, ubicada en el Palacio de Justicia de Bogotá.
Bogotá D.C., 19 de octubre de 2026. News Press Service. La diligencia convocada busca identificar los principales obstáculos que impiden superar la crisis estructural en el sistema penitenciario y carcelario y en los centros de detención transitoria, contrastar las soluciones propuestas; precisar las responsabilidades institucionales, y propiciar la formulación de medidas y compromisos para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad.
La audiencia pública se desarrollará alrededor de tres ejes temáticos:
Financiación, sostenibilidad fiscal y distribución de competencias
Hacinamiento, infraestructura, disponibilidad efectiva de cupos y traslados, con especial atención a las necesidades de las personas privadas de la libertad con discapacidad psicosocial
Evaluación y fortalecimiento de la estrategia de seguimiento y de los sistemas de información sobre el estado de cosas inconstitucional.
La Corte señaló que, pese a años de seguimiento y a las órdenes impartidas, persisten problemas estructurales relacionados con el hacinamiento, las deficiencias de infraestructura, las dificultades en la atención en salud, los problemas en el suministro de alimentación, la falta de articulación institucional y los obstáculos para garantizar condiciones dignas de reclusión.
Durante las inspecciones judiciales realizadas recientemente por la Sala Especial de Seguimiento en distintos territorios se constataron situaciones críticas en establecimientos de reclusión y centros de detención transitoria. Estos hallazgos evidencian la necesidad de adoptar medidas a que permitan superar los obstáculos persistentes y garantizar efectivamente los derechos de la población privada de la libertad.
La situación continúa siendo especialmente preocupante en los centros de detención transitoria. Según la información reportada por la Policía Nacional y analizada por la Sala, con corte a agosto de 2026, en el país existen 1.065 salas de detención en estaciones y subestaciones de Policía y 79 salas en unidades de reacción inmediata (URI) para un total de 1.144 centros de detención transitoria.
Estos lugares tienen capacidad para 9.686 personas. Sin embargo, allí permanecen recluidas 18.824 personas —17.897 en estaciones de Policía y 927 en URI—, lo que representa una sobreocupación de 9.138 personas y una tasa de hacinamiento del 94,34 %. De ese total, 17.292 personas llevan más de 36 horas privadas de la libertad en espacios concebidos para estancias de corta duración.
La Sala explicó que el hacinamiento y la permanencia prolongada de personas en los centros de detención transitoria responden a factores distintos, pero estrechamente relacionados. Entre ellos se encuentran la capacidad limitada y territorialmente concentrada de los establecimientos de reclusión; la pérdida, indisponibilidad o falta de utilización de cupos; los retrasos en la terminación, dotación y puesta en funcionamiento de nueva infraestructura; el incumplimiento de las obligaciones territoriales respecto de la población procesada; y las barreras administrativas, documentales y judiciales que afectan los traslados y egresos.
La Corte advirtió que estas cifras no pueden analizarse aisladamente, pues la superación del estado de cosas inconstitucional también exige resolver los problemas relacionados con la financiación del sistema, la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales, la atención diferencial de la población privada de la libertad, la coordinación institucional y la calidad y disponibilidad de la información utilizada para evaluar el cumplimiento de las órdenes estructurales.
Con el propósito de examinar y contrastar propuestas de solución, la Sala convocó a representantes del Gobierno nacional, autoridades territoriales y judiciales, organismos de control, organizaciones de la sociedad civil, universidades, expertos y representantes de las personas privadas de la libertad.
M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar
Auto 1301 de 2026 rticuladas
