«Muchos por complacer a tiranos, por un puñado de monedas, o por cohecho o soborno están traicionando y derramando la sangre de sus hermanos»: Emiliano Zapata
News Press Service
Infobae
La libertad, la verdad, la igualdad, la civilización, la religión, las instituciones, el orden, el progreso, Dios, la defensa de la Constitución, la ley e incluso la paz. Las justificaciones de los bandos para comenzar y mantener un conflicto armado son múltiples, diversas y, claramente, discutibles. Sin embargo, independientemente de reflexionar sobre si podría haber o no una guerra “justa”, es importante tratar de entender cómo y por qué comenzó y se agudizó el conflicto que ha afectado al país durante los últimos 60 años.
El 10 de mayo de 1957 se terminó la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, obligado a renunciar por una mezcla de protestas sociales y presiones políticas encabezadas por los partidos tradicionales. Tras la instalación de una junta militar, esos mismos partidos tradicionales, pusieron en práctica el llamado acuerdo de Benidorm (que habían firmado en el 56), refrendado por medio del pacto de Sitges.
En diciembre de 1957, los colombianos aprobaron, por medio de un plebiscito, una propuesta que le permitía a los partidos Liberal y Conservador repartirse las corporaciones públicas y el 4 de mayo de 1958, Alberto Lleras ganó las elecciones, convirtiéndose en el primer presidente del Frente Nacional.
Esa coalición política, que estuvo vigente entre 1958 y 1974, considerada la división entre la llamada Violencia bipartidista y el conflicto armado interno, es el punto de partida de un nuevo capítulo del informe de la Comisión de la Verdad, ‘No matarás. Relato histórico del conflicto armado’, a cargo de la comisionada Marta Ruiz, que a lo largo de más de 500 páginas busca dar pistas para comprender las causas del conflicto, la violencia política y algunas de las circunstancias que podrían explicar su degradación a lo largo de los años.
Masacres, desplazamientos, guerra sucia, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, quizás una de las más importantes constataciones de esta parte del informe es que la mayor cantidad de víctimas de la guerra a lo largo de estos años han sido civiles y no combatientes, en un bucle constante de diferentes violencias que hizo pensar a los colombianos que podría haber algo malo en el ADN nacional que convertía a Colombia en un país violento por sí mismo, algo que el informe desestima. “Reconocer que la violencia responde a múltiples factores y no a la naturaleza de nuestra sociedad nos permite mirar al pasado, examinarnos, ofrecer un contexto y actuar de cara al futuro”.
Para ello se reúnen relatos de víctimas, de exfuncionarios del Estado y diferentes actores del conflicto armado, en su mayoría recolectados por el fallecido comisionado Alfredo Molano Bravo.
De la consolidación de las guerrillas a finales de los años 70, los procesos democráticos y la violencia del narcotráfico en los 80, incluyendo el proceso de paz de Belisario Betancourt, la ilusión de la Constitución y la frustración del recrudecimiento de nuevas violencia en los 80 y 90, incluyendo los grupos paramilitares, y los intentos de diálogos durante el gobierno de Andrés Pastrana.
“La Comisión de la Verdad no está construyendo una historia de la violencia en Colombia, sino realizando un ejercicio de esclarecimiento de lo acontecido durante el conflicto armado insurgente-contrainsurgente, entre 1958 y 2016″
No se trata solo de aprender sobre la guerra, también sobre la paz y los diferentes diálogos y procesos que se han adelantado con movimientos insurgentes, grupos paramilitares y hasta bandas de narcotraficantes a lo largo de las últimas décadas.
Al final, la gran conclusión es que, sin importar las justificaciones, tratar de eliminarse entre hermanos ha sido quizás el mayor sinsentido de la historia nacional y esta una oportunidad de corregir el camino. Después de tantos intentos, la paz sigue en construcción y, a pesar de las múltiples violencias o, incluso, a partir de ellas, la democracia colombiana se ha ido consolidando.