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La pandemia del Covid-19 debe revisar el modelo de descentralización en Colombia. De acuerdo con el economista José Antonio Ocampo, en un análisis suyo, publicado en el diario El Tiempo, el liderazgo que han demostrado varios alcaldes y gobernadores es una demostración del papel activo que deben tener en el desarrollo del país, como lo previó la Constitución de 1991. Ahora la pandemia ha puesto de manifiesto la falta de coordinación y concertación entre el Gobierno central y los territoriales, restándole eficiencia y eficacia a la acción oficial.
“El manejo y los resultados económicos de la lucha contra la pandemia han hecho evidentes al menos tres problemas de la descentralización colombiana”, dice el experto. El primero es la compleja división de competencias entre los tres niveles de gobierno, nacional, departamental y municipal. En algunos casos es imprecisa, ya que hay acciones que se duplican o están desfinanciadas.
“Esta asignación no cumple con los principios contemplados en la Carta Política de coordinación, concurrencia y subsidiariedad”, y agrega que lo segundo es la poca autonomía fiscal con la cual cuentan las entidades territoriales: tienen limitada la capacidad de crear nuevas fuentes de ingresos, restricciones para acceder a financiación externa y límites estrictos para gastos de funcionamiento”, explica. Recuerda que la única flexibilidad en materia tributaria para impuestos municipales se otorgó hace cuatro décadas.
El tercer impase, dice Ocampo, se refiere a la inflexibilidad en el gasto de las entidades territoriales, debido a las destinaciones específicas que determinan las normas correspondientes, en particular los principales recursos con los que cuenta el Sistema General de Participación.
FINANZAS LOCALES
Para José Antonio Ocampo la crisis ha tenido dos efectos negativos en las finanzas públicas locales que generan la urgencia de enfrentar estos retos. Hay menos espacio fiscal por menor recaudo de ingresos propios, como los de industria y comercio y gasolina en las ciudades, y el impuesto de vehículos y el menor consumo de licores en los departamentos.
Por otra parte, hay mayores necesidades de gasto que adicional a la materia de salud, se deben enfrentar las secuelas de la crisis, como la fuerte disminución del empleo y sus efectos sobre los sectores pobres. Los aumentos de desempleo han sido generalizados en ciudades como Neiva, Ibagué, Popayán y Armenia. Señala, que ante el deterioro del empleo, hay demandas crecientes para que las entidades territoriales asumas más responsabilidad en materia de fomento del desarrollo productivo para sus territorios.
Ante la situación planteada, observa que es necesario hacer reformas en la descentralización para darles mayor autonomía y flexibilidad a las entidades territoriales y garantizar su eficiencia de gestión combatiendo las desigualdades regionales. “La discusión debe ser integral, lo que implica cambiar los temas de ingresos y gastos y no tratarlos de forma aislada”.
REFORMAS
Así las cosas, aconseja realizar cinco reformas: Primero, en materia tributaria es necesario que las entidades territoriales, especialmente los departamentos, tengan mayor autonomía fiscal, lo que exige más recursos propios dinámicos sin destinación específica, que les permitiría tener competencias e incentivos más efectivos en materia de desarrollo regional. Una opción es que los departamentos o municipios puedan establecer sobretasas al impuesto de renta o al IVA, como es el caso de muchos países. En segundo lugar, la distribución de competencias debe ser clara y se debe velar porque las competencias descentralizadas estén financiadas y una opción es promover la reasignación diferenciadas de competencias según la capacidad institucional y fiscal de las entidades territoriales. Tercero, y dada la consolidación fiscal que vendrá después de 2021, una vez se vuelva a aplicar la regla fiscal, será esencial aumentar la eficiencia del gasto público en todos los niveles y para lograrlo, debe haber mayor coordinación entre los gobiernos nacional, departamentales y municipales para la provisión de servicios e inversiones a cargo del Estado.
En cuarto lugar, se necesita una agencia para la financiación del desarrollo territorial, cuyo mandato sea la provisión de financiación de bajo costo y servicios a los gobiernos sub nacionales para el manejo de la deuda como hizo el gobierno de Francia en 2008 que impulsó la creación de una agencia similar, inspirada en los países nórdicos, que permite menor dependencia de los mercados de capital y más autonomía de los gobiernos locales.
Finalmente el exministro considera que es esencial que estos procesos deben estar acompañados de una lucha frontal contra la corrupción , apoyada firmemente por el control que ejerce la sociedad civil.


