Bogotá, agosto de 2025. News Press Service. Se trata de un conjunto de procedimientos para actuar con respaldo judicial inmediato para detener, inspeccionar y judicializar embarcaciones involucradas en delitos como narcotráfico, pesca ilegal, piratería y trata de personas, incluso en altamar, con total respeto por los derechos humanos.
Mediante proyecto de ley, el Gobierno presentó al legislativo el Procedimiento Especial de Interdicción Marítima (Peimar), herramienta fundamental para frenar delitos en aguas nacionales e internacionales, proteger la soberanía y garantizar los derechos humanos en alta mar.
La iniciativa busca dotar a la Armada Nacional de un instrumento legal innovador frente a delitos transnacionales, que incluye audiencias virtuales desde las unidades navales con el fin de evitar interrumpir misiones, garantizar la defensa de los capturados cumpliendo estándares internacionales y aplicar tecnología de punta en los procedimientos.
El proyecto establece que el cuerpo de guardacostas podrá ejercer funciones especiales de policía judicial, legalizar capturas a más de 24 millas náuticas en máximo 36 horas e inspecciones, manejo de evidencia y coordinación directa con la fiscalía general de la Nación.
La Armada Nacional garantiza que puede incorporar en seis meses las capacidades tecnológicas y capacitar a su personal para implementar el PEIMAR, con pleno respeto del debido proceso y de las normas internacionales.
“La herramienta le permite a Colombia dar un paso histórico en la lucha contra el crimen organizado en el mar, ser más eficiente en la lucha contra el narcotráfico y garantizar el debido proceso», indicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien con su colega de Justicia, Eduardo Montealegre, radicaron el proyecto.
Las herramientas jurídicas propuestas, dijo el ministro Montealegre, permitirán “evitar delitos de narcotráfico y hacer operativos en situaciones de flagrancia y cuasi flagrancia, o cuando exista alguna evidencia que le permita a la Armada inferir que se está cometiendo un crimen».
El 40% del territorio colombiano es marítimo y por sus aguas transita el 98% del comercio internacional del país, además del 85% del tráfico marítimo del canal de Panamá. Estas condiciones exigen una respuesta legal moderna y coordinada, explicaron los funcionarios.
Según organismos internacionales, el 80% de la cocaína que sale de Suramérica lo hace por vía marítima. Este nuevo procedimiento blindará jurídicamente las operaciones, aumentando la seguridad y protegiendo la soberanía nacional.
El proyecto de ley llamado PEIMAR, Procedimiento Especial de Interdicción Marítima de la Armada Nacional, tiene como finalidad, optimizar los medios que se utilizan en la lucha contra los diversos delitos en el mar, elevando la capacidad de contener tipos penales como el narcotráfico, el contrabando,
Se explica que su propósito es regular el Procedimiento Especial de Interdicción Marítima adelantado por la Armada Nacional de Colombia, con la finalidad de mantener en el área marítima las unidades de superficie por el tiempo programado desde su inicio en el cumplimiento de las órdenes de operaciones, aun cuando en el desarrollo de éstas se adelanten capturas por posibles conductas delictivas identificadas por la Armada Nacional en aguas jurisdiccionales o internacionales.
Para ello, se dispondrán medios telemáticos y tecnológicos que garanticen la puesta a disposición desde el mar el capturado ante las autoridades competentes, así como los elementos materiales probatorios, y se desarrollen las audiencias concentradas virtuales, garantizando todos los derechos fundamentales de los capturados, quienes permanecerán en las unidades de superficie durante el tiempo programado de la operación sin desproteger el área.
Para estos efectos, por medio de este Proyecto de Ley se otorgan funciones de Policía Judicial especiales y restringidas a personal del Cuerpo de Guardacostas de la Armada Nacional de Colombia para ejercer actividades de primer responsable para la plena identificación e individualización de las personas aprehendidas, y el manejo adecuado de actos urgentes aplicables a los delitos que se comentan en aguas jurisdiccionales e internacionales.
El eje central de la iniciativa legislativa es la necesidad de mantener las Unidades de Superficie en el cumplimiento de las órdenes de operaciones, garantizando el debido proceso del capturado o capturados en flagrancia en el mar, desarrollando audiencias concentradas virtuales, y respetando todos los derechos fundamentales de los capturados y se continúe la operación sin desproteger el área.
