Bogotá, septiembre de 2025. News Press Service. Bogotá cuenta desde 2023 con la Política Pública de Seguridad, Convivencia, Justicia, Construcción de Paz y Reconciliación, pero las cifras más recientes demuestran que la ejecución de esta política es insuficiente.
De acuerdo con el Boletín Mensual de Indicadores de Seguridad, entre enero y julio de 2025 los homicidios aumentaron un 5,3%, las lesiones personales un 4,9% y las denuncias por violencia intrafamiliar un 20,7% frente al mismo periodo del año anterior.
Aún más preocupante: entre enero de 2024 y julio de 2025 se reportaron más de 14.600 delitos sexuales, de los cuales el 75% tuvieron como víctimas a mujeres y el 50% a niñas y adolescentes, concentrándose en Ciudad Bolívar, Suba y Kennedy.
Lo más grave es que, a pesar de estas cifras, la misma Secretaría Distrital de Planeación reconoce que al cierre de 2024 al menos 14 productos estratégicos de la política de seguridad tuvieron bajo cumplimiento, entre ellos aquellos orientados a prevenir violencias sexuales y a entender a fondo el fenómeno delincuencial en la ciudad.
Es decir, las metas más urgentes para contener la violencia son las que menos avances presentan.
Esto refleja una clara brecha entre la magnitud de la crisis y la respuesta de la Administración Distrital. No basta con diagnósticos; necesitamos ejecución real, coordinación interinstitucional y medidas inmediatas que respondan al clamor ciudadano.
No podemos ignorar tampoco los factores estructurales que alimentan la inseguridad. Informes como el de ProBogotá demuestran cómo la pobreza, el desempleo y la exclusión social generan condiciones que propician la violencia, especialmente en localidades como Santa Fe y Los Mártires, donde la vulnerabilidad económica se entrelaza con la operación de economías ilegales y redes criminales.
Por eso, hago un llamado directo a la Administración Distrital:
A que asuma de manera urgente y efectiva la ejecución de los productos más críticos de la política de seguridad.
A que fortalezca la articulación con otras políticas públicas en educación, salud, empleo y atención social, porque la seguridad no se construye solo con policía en las calles, sino atacando las causas de fondo.
A que implemente sin más dilaciones el Centro de Interacción y Acción Interagencial, diseñado justamente para coordinar la respuesta institucional frente al crimen, pero que hoy permanece en un estado de baja ejecución.
Bogotá no puede esperar más. La seguridad de nuestros ciudadanos debe ser una prioridad real y medible. No se trata solo de cifras frías, sino de vidas humanas que hoy están en riesgo por la falta de acción oportuna.
