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IPS
GINEBRA – La violencia y masacres mantienen su amenaza sobre comunidades en Colombia, y sus principales responsables son grupos no estatales y organizaciones criminales, señaló en un informe divulgado este miércoles 28 la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
En el año 2023 hubo “una disminución en algunos indicadores de la violencia”, pero persistió “la continua expansión territorial y las estrategias violentas de control social y territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales contra la población civil”.
Esas estrategias y masacres “siguen poniendo en riesgo la pervivencia física y cultural de varios pueblos y procesos organizativos históricos”, indica el informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, que integran 47 Estados miembros de la ONU y delibera en esta ciudad suiza.
Acnudh recibió 123 alegaciones de posibles masacres en 2023. De éstas, se verificaron 98, y 25 fueron consideradas no concluyentes.
Se observa un incremento de 6,5 % respecto de las masacres verificadas de 2022, en las que se registraron 320 víctimas (242 hombres, 46 mujeres, 25 niños y siete niñas).
Del total de víctimas, 18 pertenecían a pueblos étnicos (15 indígenas y tres afrodescendientes). Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Atlántico, Cauca, Magdalena, Nariño y Valle del Cauca, varios de ellos entre los más alejados de la céntrica capital, Bogotá.
En 93 % de las masacres verificadas, la presunta autoría recayó en grupos armados no estatales y organizaciones criminales.
En 2023, al menos 62 967 personas fueron desplazadas y 87 646 confinadas, cifras que representan una disminución de 22.9 % en desplazamientos y de 14,3 % en confinamientos respecto de la información del año 2022.
El informe precisa que 55 % de las personas desplazadas y 79 % de las confinadas en 2023 pertenecen a pueblos étnicos.
Además, en 2023 se produjo el asesinato de 48 antiguos integrantes de la desmovilizada guerrilla Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), una disminución de 5,9 % respecto de 2022.
Desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y la Farc en 2016 han sido asesinados 408 integrantes de esa guerrilla, incluidas 11 mujeres.
Acnudh recibió 100 alegaciones de violencia basada en género en el marco del conflicto armado, incluyendo violencia sexual, y documentó casos de trata con fines de explotación sexual contra niñas por parte de grupos armados no estatales.
Los principales grupos armados no estatales señalados durante años en los documentos de la ONU son disidencias de las Farc, la guerrilla Ejército de Liberación Nacional y formaciones paramilitares.
Las víctimas de trata serían transportadas a los campamentos de esos grupos para ser explotadas sexualmente por sus integrantes en Chocó y Nariño.
Además, la oficina documentó feminicidios, violencia sexual y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de grupos no estatales contra mujeres acusadas de ser pareja de miembros de grupos rivales o de integrantes de la fuerza pública.
También conoció situaciones de amenazas, desplazamiento o violencia contra personas LGBTIQ+ por su orientación sexual o identidad de género.
La mayoría de los casos no son denunciados, lo que muestra la necesidad de implementar estrategias para la atención integral y confidencial a mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ en los territorios, indicó Acnudh.
En cuanto a las violaciones de los derechos humanos de los menores, la oficina verificó 134 casos de reclutamiento, uso o utilización de niños y niñas en el conflicto armado por parte de grupos no estatales y organizaciones criminales (86 niños, 42 niñas, seis sin confirmación de género).
El informe de Acnudh destaca que “persiste un alto subregistro en estas violaciones, por lo que estas cifras son solo una muestra de un fenómeno de mayor magnitud. Preocupa particularmente que, en 75 casos, las víctimas pertenecían a pueblos étnicos (71 indígenas y 4 afrodescendientes)”.
En cuanto a la violencia contra defensores de los derechos humanos, aunque en relación con 2022 se registró una disminución de 9,5 % en homicidios de personas defensoras en 2023, “la violencia contra ellas siguió siendo intolerable”.
La Oficina recibió 233 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos. En 105 casos, se verificó un vínculo entre su muerte y su labor en defensa de los derechos fundamentales, y 128 no fueron concluyentes.
De los casos verificados, 14 eran mujeres, 87 hombres, una persona no binaria, dos hombres gays y una mujer transexual.
La Oficina recibió 37 alegaciones de privaciones arbitrarias a la vida que habrían cometido integrantes de la Policía y Fuerzas Militares, de las cuales 30 fueron verificadas y siete continúan en proceso de verificación.
En su informe, el Alto Comisionado hace recomendaciones, como esforzarse para desplegar una presencia integral en puntos estratégicos del país, con el fin de recuperar y extender el control territorial del Estado frente a la actuación de los grupos armados no estatales y organizaciones criminales.
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