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URÍAS TORRES ROMERO
MAGÍSTER EN DERECHO ADMINISTRATIVO
Los hechos por los que atraviesa Colombia, no son de poca monta. No debemos limitarlos a los aspectos de mejorar las condiciones de los trabajadores, para quienes tienen una ocupación o los que no. Referente a los estudiantes que piden acceder a la universidad como un derecho constitucional, sí es posible hacerlo solidariamente, igualmente, los camioneros, con precios regulados. El crear nuevos impuestos o aumentar los existentes, que los mismos correspondan a los principios constitucionales que rigen la tributación, así como lo relacionado con la salud, que para algunos pocos se convirtió en un negocio y de muy mala calidad, entre otros aspectos.
Los problemas fundamentales no se encuentran en esas justas peticiones. La dificultad de fondo radica, no en el sistema de Estado que tenemos, sino en las personas que nos representan, toda vez, que, desde hace algún tiempo, dejó de ser viable.
El régimen presidencial, se volvió inequitativo, pues en una democracia, a la que solo acuden a las urnas el cincuenta por ciento a ejercer el derecho al voto, no representa a la sociedad; luego no es suficiente para predecir que se llegó a la presidencia, siendo elegido por las mayorías, amen, que como se ha visto, desde hace varios lustros, las elecciones han estado orquestadas por compra de votos, por apoyos de grupos al margen de la ley y nada pasa. La comunidad se cansó de que los aspirantes sean escogidos a dedo y con triquiñuelas.
Tanto el régimen como los aspirantes, vengan de donde vinieren, no cuentan con las calidades de verdaderos estadistas, basta mirar el abanico del sonajero y de todos no se hace uno solo y si no se toma conciencia, seguiremos arrastrando esta ‘patria boba’ que no termina.
Se requiere de un guía-rector, que no represente la clase politiquera, y si, al pueblo. Se debe cambiar y combatir a toda costa, con esta costumbre malsana que tanto daño ocasiona a la sociedad.
El periodo presidencial debe ser de cinco años, no reelegible, con edad mínima de treinta y cinco años, título profesional, de intachable conducta ampliamente reconocida, sin ningún tipo de antecedente penal o disciplinario comprometido con la causa general y altruista.