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IPS
BUENOS AIRES – En el comedor popular que Mercedes Troyas tiene en el municipio de Tigre, un suburbio del norte de la capital de Argentina, cada vez hay menos comida y más necesidad. “Viene gente sin trabajo y con trabajo, pero que dice que lo que cobra no le alcanza para alimentar a la familia. Yo tengo que atender a todos; no puedo diferenciar”, cuenta Mercedes con los ojos cansados.
Después de más de 10 años de destrucción de sus ingresos a causa de una inflación asfixiante, las clases más desprotegidas entraron en Argentina en una nueva etapa, aún más dramática, por el implacable programa de ajuste del gasto público y desregulación de la economía que puso en marcha el ultraderechista Javier Milei desde que asumió la presidencia el 10 de diciembre.
Muchos creen en este país sudamericano que fue la amplia red de contención estatal –con entregas directas de comida, subsidios al transporte y al resto de los servicios públicos- lo que mantuvo en los últimos años la paz social, pero la situación entró en un cono de incertidumbre con el nuevo gobierno, que no ha aumentado los montos de las ayudas mientras el dinero pierde valor cotidianamente o directamente ha eliminado programas.
“Tenemos ganas de trabajar pero ya casi no tenemos con qué. Todo está muy duro. Nosotros, más que cocineras, ya somos cuidadoras y psicólogas. Tenemos que hacernos cargo de muchos chicos que andan solos y contener a las madres que vienen a pedir comida y muchas veces se tienen que ir sin nada”: Patricia Muñoz.
Así, ha dejado de entregar comida a la mayoría de los comedores populares de los barrios vulnerables, con el argumento de que debe investigarse el manejo de la ayuda que realizaban como intermediarias las organizaciones sociales y políticas, muchas dueñas de grandes redes territoriales con mayor presencia en las zonas vulnerables que el propio Estado.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, justificó el corte de la asistencia en la supuesta corrupción de las organizaciones sociales que canalizan la llegada de los productos. Desafiante, dijo que no atendería a los activistas y lideres barriales en el ministerio, sino «a las personas que tengan hambre».
Entonces, el 5 de febrero, miles de pobres e indigentes hicieron una fila frente al ministerio, que cubrió 20 cuadras (manzanas) en el centro de Buenos Aires, pero luego de varias horas debieron retirarse sin ser atendidos por nadie.
La misma sede del Ministerio de Capital Humano fue escenario este viernes 23 de una protesta en la que se reclamó la reanudación de la asistencia los comedores, bajo la consigna «La emergencia alimentaria no puede esperar. Basta de ajuste». La movilización fue replicada con cortes de rutas en distintos puntos del país.
“Del gobierno nacional hace semanas que no recibimos más nada. Hoy nos manejamos con algo que nos manda el municipio de Tigre y lo que nos da (la organización social) Libres del Sur. No tenemos carne, ni verduras ni frutas, porque la gente de clase media, que antes nos donaba alimentos, está muy golpeada y ya no puede ayudar”, dice Mercedes Troyas.
