En una resolución, el organismo, a propósito del quinto aniversario del Acuerdo de Paz, destaca la atención a los derechos y a la dignidad de las víctimas, la prórroga de la ley 1448 y los programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Bogotá, News Press Service En el documento aprobado en Bruselas, la Eurocámara resalta el diálogo, el esfuerzo político, realismo y perseverancia del Gobierno, mediante asistencia política y financiera, para acompañar el posconflicto y tener en cuenta las prioridades de las víctimas en términos de verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición.
Asimismo, reitera su disposición a seguir proporcionando toda la asistencia política y financiera posible para apoyar la aplicación integral del Acuerdo de Paz y subraya los progresos de Colombia en ámbitos como la reforma rural integral y los programas de desarrollo rural (PDET).
Sobre la prórroga de la Ley de Víctimas hasta 2031, la acoge con satisfacción, así como el aumento de su presupuesto, lo que beneficia a más de nueve millones de personas que están inscritas en el Registro Único de Víctimas.
La resolución del Parlamento Europeo también celebra los avances del país en la resolución del problema de las drogas ilícitas, la sustitución de cultivos ilícitos, la restitución de tierras, la reintegración de excombatientes, y la lucha contra la desigualdad y la pobreza
Tras condenar los asesinatos y la violencia contra los defensores de los derechos humanos, excombatientes, líderes sociales y los menores e indígenas, solicita trabajar en esa delicada problemática para capturar y detener a sus responsables.
De igual forma, acoge las medidas adoptadas por la JEP y le solicita seguir con sus esfuerzos para consolidar la paz y preservar la autonomía y la independencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
También reconoce los esfuerzos por combatir la delincuencia de grupos armados organizados y otras organizaciones; pide una presencia integrada más fuerte del Estado en los territorios y la adopción por parte de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad de una política pública para desmantelar organizaciones delictivas.
Adicionalmente destaca la participación política efectiva de las FARC, ahora Partido Comunes, y los progresos realizados en la reintegración de casi 14.000 excombatientes y acoge con satisfacción la adquisición de terrenos por el Gobierno de siete de los veinticuatro antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y resalta el despliegue de la seguridad en ellos, además de las medidas de protección social que cubren a más de 13 000 excombatientes.
Indemnizaciones y ELN
La resolución del organismo internacional expresa su preocupación por el hecho de que las antiguas guerrillas de las Farc no han facilitado información sobre las rutas de tráfico de drogas y por su demora para indemnizar a las víctimas, cuyo plazo expiró el 31 de diciembre de 2020, y solo se han entregado el 4 % del importe acordado. También anima al gobierno a adoptar medidas para una transformación positiva de la situación de los derechos humanos en Colombia y pide a las organizaciones cívicas que cooperen para restablecer la convivencia en reconciliación.
Tras insistir en que la violencia no es un método legítimo de lucha política, pide a quienes compartían tal convicción “abrazar la democracia” y en este sentido solicita al ELN, incluido en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, y a los grupos disidentes de las FARC-EP que pongan fin a la violencia y los atentados terroristas contra la población de Colombia, que se comprometan firme y decididamente, sin más demora, con la paz en Colombia.
También solicita a la Comisión y al Consejo Europeo redoblar su apoyo político y económico a Colombia en el marco de los nuevos instrumentos de cooperación durante el período presupuestario y destaca la contribución de la Unión Europea, a través del Fondo Europeo para la Paz en Colombia.
