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CEPAL
La violencia contra las mujeres y niñas y su expresión más extrema, el femicidio, feminicidio o las muertes violentas de mujeres por razón de género1 , hacen visible de manera dramática la persistencia de los nudos estructurales de la desigualdad de género y de la discriminación y la violencia por razón de género contra las mujeres y las niñas en América Latina y el Caribe. Debido a su arraigo histórico y estructural, los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos basados en la cultura del privilegio muestran ser uno de los nudos más complejos de desarticular. La violencia por razón de género contra mujeres y niñas tiene lugar de forma sistemática y persistente en la región; no conoce fronteras, afecta a mujeres y niñas de todas las edades y se produce en todos los espacios, desde el ámbito doméstico hasta los espacios públicos. Ocurre en los lugares de trabajo, en el marco de la participación política y comunitaria, en el transporte y en la calle, en la escuela y otros espacios educativos, en el ciberespacio y, sin duda, en los propios hogares. Es lo que el Secretario General de las Naciones Unidas António Guterres ha llamado “pandemia en la sombra”. 1 En América Latina, los términos “femicidio” o “feminicidio” han sido incorporados en las leyes penales de 17 países, sin que haya una diferencia sustantiva entre ellos. En efecto, “ambos términos describen a los asesinatos de mujeres por violencia de género, por lo que los dos dan cuenta, con sentido político, de un fenómeno social con características propias que lo diferencian del genérico “homicidio”; se trata de una categoría del acervo teórico feminista que surge ante la ausencia de la perspectiva de género en la consideración de determinadas conductas delictivas” (ONU-Mujeres/MESECVI, 2018). En los países del Caribe, debido a la ausencia de tipificación del delito, se privilegia utilizar la expresión “muertes violentas de mujeres por razón de género”. Para desatar los nudos estructurales de la desigualdad y transitar hacia una sociedad del cuidado que integre el cuidado de las personas y el cuidado del planeta desde un enfoque de género y en el marco de los derechos humanos, se requiere de políticas públicas y pactos sociales y fiscales que enfrenten las diversas formas de desigualdad, expandiendo los niveles de autonomía de todas las mujeres y niñas, en su diversidad, y ampliando la garantía de su derecho a una vida libre de violencia. Implementar compromisos colectivos de toda la sociedad para eliminar la violencia por razón de género contra mujeres y niñas es parte de la invitación del Secretario General de las Naciones Unidas, a través de la Campaña “Únete de aquí al 2030 para poner fin a la violencia contra las mujeres”. Reconociendo y haciéndose eco de la lucha histórica que han dado los movimientos de mujeres y feministas para instalar el tema en la agenda pública de los países de la región, la Campaña convoca en 2022 a unirse al activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas.
En América Latina y el Caribe, la fuerza de los movimientos feministas y de mujeres ha movilizado de manera permanente la lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas. Ante el silencio estadístico en la mayoría de los países, fueron las organizaciones y las activistas feministas quienes iniciaron el camino de recopilar datos y construir información sobre femicidios o feminicidios en varios países de la región. Su actuación, en conjunto con la de los mecanismos para el adelanto de las mujeres y los Parlamentos, ha sido y sigue siendo crucial para la aprobación de reformas legislativas, la formulación de planes de acción y políticas específicas para el abordaje integral de las violencias contra las mujeres y niñas, y la destinación de recursos para financiarlos. Ello es también resultado de la Agenda Regional de Género, una agenda política progresista, innovadora e integral hacia la igualdad sustantiva y la autonomía de las mujeres, acordada a lo largo de 45 años en el marco de las Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Vinculada con la normativa internacional de derechos humanos, la Agenda Regional de Género tiene como marco principal la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belém do Pará, de 1994), primer instrumento internacional de carácter vinculante que reconoció el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Las reformas normativas impulsadas en las últimas décadas tendientes a abordar la violencia de género, en especial la aprobación en 13 países de leyes integrales sobre violencia y la promulgación en 17 países de normas que tipifican el delito de femicidio o feminicidio2 , cumplen un papel importante en la promoción de cambios culturales que favorezcan la construcción de sociedades en las que la violencia deje de ser socialmente tolerada. No obstante, la operacionalización de las normativas para la preservación del derecho de las mujeres y las niñas a vivir una vida libre de violencia encuentra desafíos relacionados, entre otros aspectos, con el acceso de las mujeres a la justicia y la capacidad de los sistemas de administración de justicia de actuar con perspectiva de género e interseccionalidad, y de forma culturalmente pertinente
La región también ha dado importantes pasos para romper el silencio estadístico en materia de violencia contra las mujeres y niñas. En América Latina, 10 países cuentan con normas que obligan al registro de datos sobre las diversas formas de violencia de género, incluido el femicidio o feminicidio, así como a su análisis y difusión. En algunos de ellos, dichas normas fijan responsabilidades sectoriales y establecen la puesta en marcha de sistemas de información de carácter interinstitucional (Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay). No obstante, la coordinación interinstitucional y la disponibilidad de recursos financieros, humanos y tecnológicos adecuados para la generación de información de calidad sobre el tema siguen siendo desafíos pendientes. A pesar de los avances logrados en el enfrentamiento de la violencia contra las mujeres y las niñas, las encuestas nacionales disponibles en la región dan cuenta de que entre el 63% y el 76% han experimentado algún episodio de violencia por razón de género en distintos ámbitos de su vida3 . Por otra parte, estimaciones para 2018 muestran que en América Latina y el Caribe alrededor de 43 millones de mujeres de entre 15 y 49 años —es decir, 1 de cada 4 mujeres de ese rango de edad— han experimentado violencia física y/o sexual por parte de su pareja al menos una vez a lo largo de su vida (OMS, 2021). Esta cifra, a pesar de ser impactante, representa una estimación conservadora, ya que las limitaciones metodológicas dificultan la obtención de información sobre la población femenina de todas las edades. Las estimaciones de la magnitud o prevalencia de la violencia en el ámbito de la pareja muestran que es una realidad bastante heterogénea en América Latina y el Caribe. En un grupo minoritario de países, las estimaciones indican que más de un 30% de las mujeres han vivido violencia por parte de una pareja (Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia, Ecuador, Guyana y Perú), mientras que en un amplio grupo este porcentaje varía entre el 20% y el 29% (Argentina, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Suriname y Trinidad y Tabago). Finalmente, en siete países se estima que la prevalencia es inferior a un 20% (Cuba, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de))4 . Estas cifras revelan la persistencia de patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos sostenidos sobre roles y estereotipos de género que minusvaloran el lugar de las mujeres en la sociedad. En este contexto, la violencia contra las mujeres y niñas tiene un papel fundamental en la reproducción de la desigualdad de género. Por ejemplo, datos de la Encuesta Mundial de Valores muestran que, en al menos tres países latinoamericanos (Argentina, Chile y México), la proporción de personas que consideran justificable, en alguna medida, que un marido golpee a su esposa ha aumentado en la última década. En otros dos países (Brasil y Colombia), la disminución de este indicador no ha sido pronunciada (2 y 4 puntos porcentuales, respectivamente) (EVS/WVS, 2022).
Respecto a la relación entre víctimas y victimarios, es posible notar una diferencia importante entre las dinámicas registradas en diferentes países de la región. En un primer caso, Chile, el Paraguay, el Ecuador, el Perú, el Uruguay y la Argentina registraron que la mayoría de las muertes de mujeres por razón de género ocurrieron en el ámbito de las relaciones de pareja. A su vez, en la República Dominicana y Costa Rica esta misma vinculación entre víctimas y victimarios se registró en alrededor de la mitad de los femicidios o feminicidios. En El Salvador y Honduras, se observa una dinámica particular: en menos del 25% de los casos los perpetradores fueron personas con quienes las víctimas tenían relaciones de pareja. Esto significa que, en estos últimos países, un número significativo de femicidios o feminicidios fueron perpetrados por sujetos con quienes las víctimas no habían mantenido relaciones de pareja, quienes pueden haber sido personas con quienes habían convivido o no, incluidas personas desconocidas. En estos casos, dinámicas más amplias relacionadas con la delincuencia organizada y la conflictividad social, expresadas en la violencia de género en el ámbito público, cumplen un papel importante. Producir información estadística de calidad sobre femicidios o feminicidios requiere ir más allá del conteo del número de víctimas. Para que la información sirva al diseño de políticas públicas integrales sobre violencia contra las mujeres y niñas, es importante conocer una serie de datos clave, como las características de las víctimas y los agresores, la relación entre ellos, los contextos en que se desarrollaron estos delitos, el medio utilizado para causar la muerte y si la víctima había presentado alguna queja previa contra el agresor, entre otros
