“La niñez no puede seguir pagando el precio de los favores políticos. La contratación pública debe dejar de ser un negocio y convertirse en garantía de derechos. Los niños merecen transporte digno.”: empresas del transporte
Bogotá, mayo de 2025. News Press Service. Una denuncia radicada el pasado 2 de mayo advierte sobre posibles limitaciones en el proceso de licitación pública LP-004-2025, abierto por la Gobernación de La Guajira para contratar el servicio de transporte escolar por más de 49.600 millones de pesos.
El objetivo es cubrir 369 rutas y beneficiar a más de 10.800 estudiantes, especialmente en zonas rurales y de comunidades indígenas.
De acuerdo con la denuncia, los requisitos establecidos en los pliegos restringen la participación de oferentes al exigir experiencia previa en contratos por más de 24.800 millones, cobertura en al menos ocho municipios étnicos y conocimientos en atención diferencial, conforme a la Resolución 000318 de 2017.
Estas condiciones podrían dejar por fuera a más de 3.000 empresas en el país con capacidad de prestar el servicio, reduciendo la pluralidad de proponentes.
Diversos actores educativos y comunitarios han expresado su preocupación por el impacto de esta situación, especialmente en regiones como o Manaure, Dibulla, Albania, Hatonuevo, Barrancas, Distracción, Fonseca, San Juan del Cesar, El Molino, Urumita, La Jagua del Pilar y Villanueva, donde los estudiantes continúan desplazándose a pie o en medios improvisados para asistir a clases, debido a la falta de transporte escolar.
Ante este panorama, se ha solicitado por parte de los transportadores que la licitación se desarrolle bajo condiciones de transparencia, con la vigilancia de la Procuraduría y la Contraloría General de la República, y que se garanticen mecanismos que permitan la participación de más oferentes a nivel nacional.
También se propone que sean las comunidades, docentes e indígenas quienes puedan incidir en la selección del servicio, garantizando pertinencia territorial y eficacia operativa.
