Concejales cuestionaron la falta de concertación y los efectos negativos de las restricciones horarias.
Voceros del sector nocturno alertaron sobre pérdida de empleos, auge de la ilegalidad y competencia desleal.
Bogotá, agosto de 2025. News Press Service. En el Concejo de Bogotá adelantó debate de control político sobre las medidas de la Administración Distrital frente al comercio y entretenimiento nocturno, en el marco del Decreto 293 de 2025.
La citación estuvo a cargo de los concejales Julián Rodríguez Sastoque y Julián Felipe Triana Vargas, del Partido Alianza Verde (PAV); y los cabildantes Samir José Abisambra Vesga y Armando Gutiérrez González, del Partido Liberal.
Rodríguez Sastoque cuestionó las medidas, en su opinión, “improvisadas de la Administración frente a una industria que aporta el 3,1 por ciento del PIB de la ciudad y genera más de 400.000 empleos, de los cuales, el 57 por ciento corresponde a mujeres y el 9,47 por ciento a jóvenes”.
Agregó que los delitos asociados a la rumba no se concentran en bares formales, sino en espacios públicos y sitios clandestinos, por lo que las restricciones terminan castigando a los operadores legales y fortaleciendo a la ilegalidad.
A su turno, el concejal Triana Vargas advirtió que la reducción del horario de funcionamiento de 5:00 a.m. a 3:00 a. m. se adoptó sin concertación con el sector y sin indicadores que la sustenten.
Expuso que menos del 10 por ciento de los bares legales tienen quejas por ruido y que, pese al decreto, los delitos de homicidio, hurto y lesiones personales siguen en aumento. Según Triana, la medida fomenta la rumba clandestina, afecta a empresarios formales y no ofrece soluciones de transporte público nocturno.
El concejal Julián Espinosa Ortiz (PAV) resaltó la importancia de dimensionar la economía nocturna y articularla con la vida diurna mediante transporte y vigilancia.
En representación del sector, Camilo Ospina Guzmán, presidente de Asociación de Bares y Gastrobares de Colombia (Asobares) sostuvo que el decreto ha generado riñas, fiestas clandestinas en viviendas, incremento de robos y la pérdida de más de 16.000 empleos, principalmente de jóvenes y mujeres.
Propuso fortalecer la corresponsabilidad público-privada y aplicar intervenciones preventivas integrales.
El edil de Chapinero, Félix Millán, cuestionó la falta de socialización del decreto con autoridades locales, mientras que la edil de Antonio Nariño, Edna Arteaga, afirmó que la norma favorece la competencia desleal y la rumba clandestina. Voceros de asociaciones de bares también advirtieron sobre las afectaciones económicas y pidieron mayor coherencia en las políticas distritales.
