News Press Service
Viviana Marcela Pedraza Serrano
Bogotá. News Press Service.
El 15 de febrero de 2021, arribaron al país las primeras vacunas anticovid con las que se espera mitigar el riesgo de contagio del virus SARS-CoV y con ello, reducir el número de infectados y muertos a causa de esta enfermedad.
De acuerdo al plan de inmunización del gobierno colombiano, se estiman que en febrero lleguen 192.000 dosis por parte de Sinovac, 217.000 de Pfizer y 750.000 de AstraZeneca, mientras que para marzo de 2021, se esperan 2’308.000 vacunas de Sinovac, 1’750.000 de AstraZeneca por Covax y 500.000 de Pfizer.
Según la información divulgada por las autoridades públicas y los distintos medios de comunicación, el Estado espera vacunar la totalidad de la población. No obstante, está prevista la posibilidad que las personas se rehúsen, por escrito, a aplicarse la dosis de la vacuna.
Lo anterior, es de imperioso análisis, puesto que si una persona firma negativamente el consentimiento informado, se contagia de Covid 19 y a consecuencia de ello, fallece, no podrán sus familiares pretender una indemnización pública, pues fue la víctima la que, por voluntad propia, asumió el riesgo que desembocó en su muerte.
En ese caso, es claro el hecho que el Estado será absuelto de responsabilidad y el juez administrativo deberá negar las pretensiones de la demanda de reparación directa. Pero, ¿qué ocurre si una persona como consecuencia de la vacuna, tiene una reacción alérgica y queda en condición de discapacidad?
En el supuesto mencionado, la víctima podrá demandar la responsabilidad pública y corresponderá al juez analizar las pruebas que obren en el expediente para definir si en el caso concreto, la persona recibió información clara, completa y veraz de los posibles efectos generados; informó sus preexistencias y alergias y en todo caso, estudiará si dio su consentimiento libre.
Según lo establecido por el gobierno, las personas que opten por la vacunación no podrán elegir el laboratorio que elaboró la inyección que se le aplicará. Esto impone una carga para el Estado que deberá tener un control sobre el tipo de vacuna que se le suministra a cada individuo con el fin de realizar seguimiento y una intervención oportuna, en caso que se presenten efectos secundarios, so pena de que pueda ser declarado responsable por la omisión de estos registros.
Así las cosas, debemos ser responsables en la etapa actual de la contención del virus SARS-CoV y decidir de manera consiente, racional y libre de vicios, si optamos por la vacunación o no, entendiendo las consecuencias que tiene su suministro y también las que acarrea su no aplicación.
