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Su autor, Saúl Villar Jiménez, es el presidente del Colegio de Abogados del Meta y la Orinoquía y en el texto explica un enfoque doctrinal jurisprudencial de mil ciento once páginas de la editorial Ediciones Nueva Jurídica
El abogado y profesor universitario Saúl Villar Jiménez, integrante de la corporación Transparencia Jurídica Internacional-CTJI- sostiene que “en un sistema democrático es necesario que exista el derecho electoral, puesto que en países donde existe democracia tienen su propio sistema regido por unas normas que en conjunto denominamos Derecho Electoral”.
En el prólogo del Tratado de Derecho Electoral el escritor Juan Lozano Ramírez, argumenta que “el derecho electoral es, ni más ni menos, el derecho de la defensa de la democracia. Habiendo optado por un modelo en el que la legitimidad del poder se deriva de la voluntad del pueblo, hacer valer sus dictámenes que se convierte en el pilar sobre el cual descansa todo el sistema. En efecto, si en esa expresión del querer popular la que configura la correlación de fuerzas políticas y la que determina el ejercicio del poder, la guarda de su pulcritud, de su fidelidad, de su transparencia y de su contundencia, es asunto esencialmente tutelar.
El poder constituyente primario o derivado define los elementos esenciales de las instituciones políticas y establece los derechos, garantías y libertades democráticas. Establece el marco, la razón de ser y los perfiles de nuestro sistema electoral desde la perspectiva del derecho constitucional. La Carta Constitucional incorpora esos elementos. Pero es a través del derecho electoral como adquieren dimensión de realidad y se activan en un complejo cuerpo vivo de normas dispersas, jurisprudencia abundante y doctrina zigzagueante en nuestro convulsionado quehacer político, cargado de ilusiones, contradicciones, frustraciones, anhelos, esperanzas y desengaños que van intercalándose a golpes de violencia, muerte y escándalos de toda índole.
Por eso es que nuestra construcción doctrinaria del derecho electoral es un ejercicio no lineal, más propio de una montaña rusa jurídica que de una apacible y sosegada construcción acumulativa desde los recintos serenos de la academia o de las cortes. No. Aquí las normas del derecho electoral han nacido y muerto para renacer y formularse y notificarse y cambiarse y volverse a cambiar y volver a derogarse para reescribirse a punta de asesinatos, magnicidios, fraudes, carteles, pactos criminales y conspiraciones políticas. Se explica así que este derecho electoral nuestro se ha gestado entre sobresaltos y alaridos, entre funerales y fiestas, entre papeletas y tarjetones frenéticos y dada esa condición es que resultaba tan urgente emprender un ejercicio como este del profesor Saúl Villar Jiménez, que los lectores tienen en sus manos.
Ciertamente, se requerían la paciencia y la disciplina de un verdadero conocedor de la materia para entregar este trabajo como un aporte urgente y necesario que llega a enriquecer una bibliografía limitada y a encender luces sobre asuntos muy fundamentales. El mérito del autor en lo que toca con esta obra se refleja en su habilidad para nutrir el trabajo a partir de la combinación de sus destrezas en función de las cuales puede disponer de la distancia académica al mismo tiempo que palpita con las urgencias cotidianas del litigio. A través de sus páginas van aflorando aportes académicos relevantes para comprender la historia y la evolución de las instituciones con elementos comparados de gran interés, sin perder el polo a tierra de quien vive, con éxito, el derecho electoral en su práctica cotidiana.
El derecho electoral no admite retórica paralizante porque está confrontando a cada instante, porque sus resortes no paran de exigir la aplicación cotidiana de sus preceptos articulantes. Pero, al mismo tiempo, he ahí su paradoja perpetua, requiere de una remisión integral a los principios fundantes de la disciplina para evitar que se convierta en una rama menor de trámites administrativos, reconteo de votos y verificación de actas. Me explico. Lo que para algunos parece un asunto secundario, como un escrutinio, es, en realidad, columna vertebral de la estabilidad nacional. En el escrutinio se encuentran la suprema voluntad del pueblo y la necesidad desertificarla para refrendar la estabilidad del Estado. Un reconteo de votos no es un ejercicio mecánico de acumulación de tarjetones. Es un homenaje a la inviolabilidad del sufragio, compendio del mayúsculo derecho democrático a elegir y ser elegido. Una verificación de actas, formatos y formularios de la Registraduría no es una tarea aritmética de baja categoría. Es una radiografía o un escáner de la buena salud y la transparencia del sistema. Un debate sobre inhabilidades e incompatibilidades no es una mezquina componenda para habilitar a amigos o descalificar enemigos. Es una calibración profunda sobre el equilibrio del partidor democrático, el acceso a los factores de poder y la pulcritud del juego limpio.
Esta obra nos ayuda a entender cómo y por qué llegamos hasta aquí, nos permite saber dónde estamos y nos da luces para intuir hacia dónde deberíamos movernos si queremos conjurar algunos de los males que están demoliendo la credibilidad del sistema político entre la ciudadanía. He ahí el gran reto que enfrentamos: Refrendar la apuesta en los valores y convicciones democráticas para evitar que la democracia engendre sus propios gérmenes de autodestrucción. Evitar que, en nombre de la democracia, los desafueros del sistema destruyan la democracia.
Esa película ya la hemos visto en Venezuela. El advenimiento democrático de Hugo Chávez fue degenerando progresivamente en la dictadura brutal de Nicolás Maduro y el surgimiento del Frankestein, con la aparición del monstruo se fraguaron cuando el sistema electoral perdió su capacidad de reflejar la verdadera voluntad de los venezolanos. Cuando el sistema electoral fue capturado, cuando se desconoció la transparencia del sufragio, cuando se fueron derogando, uno tras otro, los postulados claves del derecho electoral, Venezuela se fue sumiendo en el caos de violencia, represión, ruina y corrupción que hoy martiriza a nuestros hermanos.
Después del asesinato de Luis Carlos Galán se convocó la marcha del silencio que se constituyó en la semilla de la Séptima Papeleta que a la postre desbloqueó el sistema constitucional colombiano y permitió la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente que promulgó la Constitución de 1991. Ese movimiento tenía dos propósitos mayúsculos asociados con el itinerario de la vida de Luis Carlos Galán: evitar que Colombia sucumbiera ante el imperio criminal del narcotráfico, por una parte, y derrotar la corrupción y la politiquería que, al decir de los jóvenes de entonces, se había apoderado de nuestro sistema político.
Por ello, aunque audaz, no resultó tan sorprendente que la Asamblea Constituyente hubiese revocado el mandato del Congreso elegido en 1990 pocos meses antes. Se suponía que vendría una reforma integral al sistema político colombiano para hacerlo más virtuoso y confiable y por ende que se estructuraría un nuevo sistema electoral con importantes innovaciones en el terreno del derecho electoral. Nada de eso ocurrió. O mejor, desde entonces, hemos presenciado y padecido una frenética sucesión de reforma políticas y electorales que lejos de depurar el sistema, lo condujeron a un desprestigio y a una degradación aún mayor, en medio de una maraña de normas, contrarreformas e improvisaciones.
Se entiende así, por qué es tan urgente reivindicar el derecho electoral y conocer su evolución. Se comprende, también, la trascendencia de simpatizar todo el conocimiento acumulado para evitar que el negativismo genere parálisis y, más bien, derivar de la comprensión de estos asuntos las motivaciones propositivas para seguir construyendo un mejor país cada día, aprendiendo de los errores del pasado, defendiendo lo que merezca ser defendido y profundizando en el derecho electoral como un formidable aliado para alcanzar esos propósitos”.
JUAN FRANCISCO LOZANO RAMÍREZ
Por su parte el escritor e internacionalista Gerney Ríos González, director general de la Corporación Transparencia Jurídica Internacional y titulado por la Unión Europea para América Latina, argumenta que “Colombia es una democracia en busca de la excelencia con un sistema político que tiene legitimidad basada en la mayoría de sus habitantes”
