Por Keir Villero
Bogotá, septiembre de 2026. News Press Service. Tras la aprobación del monto por $635 billones, coordinadores y ponentes de las comisiones económicas conjuntas llamaron nuevamente a ministerios y entidades para saber su situación financiera, de cara al debate del Presupuesto General de la Nación para el 2027.
En representación de la Procuraduría, el viceprocurador Julián Andrés Fernández, expresó preocupación por un recorte sustancial en los recursos de este ente de control, que afectará seriamente el cumplimiento de su misión.
El funcionario aclaró ante los legisladores que el Ministerio Público requiere una asignación de aproximadamente 611 mil millones de pesos que se deben invertir en tecnología, infraestructura y en calidad ambiental para los trabajadores de la entidad.
Ha indicado Julián Andrés Fernández que son conscientes de la situación fiscal del estado, pero “necesariamente tenemos que ajustarnos a la actualidad en cumplimiento de las funciones que ordena la Constitución en colaboración con el Congreso, en tareas de control respetando el ordenamiento jurídico de garantías a los ciudadanos”.
MODERNIZACIÓN
El viceprocurador argumentó ante el parlamento la necesidad de modernizar la infraestructura de la entidad, entre ellas “la sala de atención al ciudadano, la sala de audiencias para personas con discapacidad y de espacios de conciliación, además de mejorar los archivos que se deben digitalizar en razón a que en la actualidad se utiliza mucho papel incluyendo la custodia”.
La disertación del funcionario ante las comisiones económicas del Congreso de Colombia incluyó igualmente la necesidad de inversiones en la Procuraduría General de la Nación en conectividad para garantizar la “Inter operatividad entre el nivel central con el nivel territorial, todo para garantizar el buen desempeño de los funcionarios de la entidad”.
Se escucharon a los ministerios de Ambiente y Vivienda, así como, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el Departamento Nacional de Planeación y el Consejo Superior de la Judicatura.
Andrés Felipe Velásquez, director de la DIAN, informó de un presupuesto de inversión de 1,5% contra un porcentaje del 98,5% de funcionamiento, acusando dificultades relacionadas con la planta de personal de esta entidad, así como el compromiso adquirido por esta dirección en la modernización de la administración tributaria, que tiene plazo de completarse hasta el 24 de diciembre de 2028, proceso por el cual preguntó la representante María Camila Salas (Partido Conservador), buscando saber sobre la ejecución de ese convenio con el BID.
Por la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el viceministro Gustavo Guerrero registra que el ministerio contará con una de las mejores proporciones del presupuesto para inversión: el 50% de los recursos del 2027 serán para proyectos, ante esto, la representante Jezmi Lizeth Barraza hace un llamado a Min-Ambiente por varias preocupaciones ambientales en el Atlántico: baja pesca, escasez de agua y erosión costera.
Mary Lucero Novoa, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, acusa una mayor lentitud en la respuesta de la justicia debido a las dificultades presupuestales de esta rama.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, se dirigió a las comisiones, reconoce una mayor apropiación de recursos para la entidad en el 2027, pero pide volver al presupuesto del 2024, además de solicitar apoyo en programas como las Unidades Especiales en el litigio de la violencia de género y los Defensores del Buen Futuro.
