
Por Alberto Restán Hincapié
Bogotá, noviembre de 2026. News Press Service. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia presentó al Congreso, el 29 de octubre de 2026, el Proyecto de Ley de Rescate Económico, que busca estabilizar las finanzas públicas, contener el gasto e impulsar el crecimiento económico.
Junto con medidas de austeridad, la iniciativa contempla una reforma tributaria que ajusta el impuesto sobre la renta de personas jurídicas y naturales, el impuesto sobre las ventas (IVA), el impuesto al patrimonio, los impuestos saludables y ambientales, los impuestos territoriales al consumo, los aportes sobre la nómina y el régimen sancionatorio. Además, crea un régimen de estabilidad para grandes inversiones y nuevos mecanismos de normalización y alivio de las obligaciones y procesos con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Si se aprueba tal como se propone, el proyecto de ley tendría importantes repercusiones tanto para las empresas como para las personas naturales.
Si bien se propone reducir gradualmente la tasa general del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas, se incrementan los costos relacionados con la nómina, se amplía la base del IVA a productos y servicios del día a día y se aumenta la tributación de las personas naturales por varias vías.

A continuación, resumimos los principales cambios propuestos. Es importante resaltar que estas medidas aún no están vigentes y podrían modificarse durante el trámite legislativo.
Impuesto sobre la renta de personas jurídicas
- Tarifa general – artículo (art.) 240 del Estatuto Tributario (ET): La tarifa actual es del 35 por ciento. Con el proyecto, bajaría al 33 por ciento para el año gravable 2027 y al 31 por ciento a partir del año gravable 2028.
- Sobretasa del sector financiero – art. 240, parágrafo (par.) 2 del ET: Hoy las instituciones financieras, aseguradoras, reaseguradoras, comisionistas de bolsa y proveedores de infraestructura del mercado de valores con renta gravable igual o superior a 120.000 unidades de valor tributario (UVT) pagan cinco puntos adicionales (tarifa total del 40 por ciento) hasta el año gravable 2027. Con el proyecto se mantendrían los cinco puntos y el umbral de 120.000 UVT, y la sobretasa se extendería hasta 2030; Sin embargo, con la reducción de la tarifa general, la tarifa total sería del 38 por ciento en 2027 y del 36 por ciento de 2028 a 2030. Se eliminaría la destino específico de tres de los cinco puntos a la red vial terciaria.
- Tasa mínima de tributación (tasa de tributación depurada [TTD] del 15 por ciento) – 240, par. 6 del ET: El proyecto limitaría esta figura a las entidades controlantes de grupos multinacionales residentes en Colombia ya las filiales, subsidiarias, sucursales o establecimientos permanentes en el país de grupos multinacionales, cuando el grupo haya obtenido en el año anterior ingresos consolidados iguales o superiores a 750 millones de euros.
A diferencia de las Reglas Globales Contra la Erosión de la Base Imponible (GloBE) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que miden el umbral de ingresos en dos de los cuatro ejercicios anteriores, el proyecto solo tomaría el año inmediatamente anterior. Se mantendrá la tarifa del 15 por ciento, las fórmulas de impuesto y utilidad depurados y la exclusión cuando la utilidad depurada sea igual o inferior a cero.
Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE)
Se crea un régimen para proyectos de nueva inversión que superen umbrales sectoriales (8.140.000 UVT para infraestructura, energía y recursos naturales; 5.530.000 UVT para industria y economía digital; y 2.580.000 UVT para agroindustria, turismo, servicios y demás actividades elegibles), con solicitudes hasta el 31 de diciembre de 2029.
Los beneficios incluyen: tarifa de renta del 20 por ciento para proyectos que inicien ejecución en 2027 o 2028 y del 26 por ciento desde 2029, sin sobretasas; dividendos a no residentes gravados al 8 por ciento; depreciación acelerada; y estabilidad jurídica por 16 años. A cambio, el proyecto debe ejecutarse al menos el 40 por ciento de la inversión en dos años, comprar al menos el 30 por ciento a proveedores nacionales, constituir una garantía del 2 por ciento y pagar una prima anual del 0,1 por ciento de la inversión ejecutada.
No es acumulable con zonas francas, Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC), Zona Económica y Social Especial (ZESE), rentas exentas del artículo 235-2 ET ni con el Decreto Legislativo 1413 de 2026.
Impuesto sobre la renta de personas naturales
- Nueva tabla del art. 241 del ET: El proyecto introduce un nuevo rango del 9 por ciento para la renta líquida gravable entre 720 (COP$37.709.280) y 1.090 UVT (COP$57.087.660) y aplica una tarifa marginal única del 39 por ciento a toda la renta que excede las 8.670 UVT. En línea con lo anterior, se modifica la tabla de retención en la fuente del artículo 383 ET.
- Actualmente, la renta líquida gravable de hasta 1.090 UVT no genera impuesto y, a partir de ese nivel, la tarifa marginal pasa directamente al 19 por ciento; antes de llegar al 39 por ciento existen, además, tramos del 35 por ciento (de 8.670 a 18.970 UVT) y del 37 por ciento (de 18.970 a 31.000 UVT).
- Renta exenta laboral del 25 por ciento – art. 206, numeral (num.) 10 del ET: Actualmente, el 25 por ciento de los pagos laborales se considera renta exenta, con un tope anual de 790 UVT. El proyecto reduciría ese tope a 630 UVT (aproximadamente COP$32,9 millones).
- Límite global de rentas exentas y deducciones – art. 336 del ET: Las rentas exentas y deducciones de la cédula general, que hoy no pueden superar el 40 por ciento del ingreso depurado ni 1.340 UVT anuales, quedarían limitadas a 1.180 UVT. Además, se eliminaría la deducción adicional de 72 UVT por dependiente (hasta cuatro), que actualmente se resta por fuera de ese límite, aunque se conservaría la deducción por dependientes del artículo 387 ET (hasta el 10 por ciento de los ingresos laborales, con un límite de 32 UVT mensuales).
- Gastos de representación: El proyecto derogaría los numerales 7 y 9 del artículo 206 ET, que hoy consideran exentos, por fuera del límite del artículo 336 ET, los gastos de representación de magistrados, jueces, fiscales y procuradores judiciales (hasta el 50 por ciento o el 25 por ciento del salario) y de rectores y profesores de universidades públicas (hasta el 50 por ciento). Así, estos servidores pasarían a tributar bajo las reglas generales de las rentas de trabajo.
- Componente inflacionario: Se gravaría la totalidad de los intereses y rendimientos financieros, incluso para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad.
Impuesto al patrimonio
El impuesto estaría vigente aún durante los años 2027 a 2030; el umbral para quedar sujeto al impuesto subiría a 95.500 UVT (aproximadamente de COP$3.771 millones a COP$5.002 millones con la UVT de 2026), con una tarifa marginal del 0,5 por ciento entre 95.500 y 145.500 UVT y del 1 por ciento sobre el excedente (más 250 UVT).
Impuesto complementario de normalización tributaria
Este impuesto sería aplicable para 2027, a una tarifa del 15 por ciento sobre activos omitidos (incluidos los subvalorados) o pasivos inexistentes al 1 de enero de 2027, con declaración a más tardar el 30 de junio de 2027. La base gravable sería el costo fiscal de los activos o un autoavalúo comercial con soporte técnico no inferior a ese costo, y ese valor se tomaría como costo fiscal hacia adelante. No se reconocerían las estructuras creadas para trasladar activos a entidades con costos fiscales sustancialmente inferiores a los de los activos subyacentes. El impuesto no será deducible ni descontable en renta.
Normalización de criptoactivos – art. 71 del proyecto
Se crea, por única vez para 2027, un régimen especial de normalización para activos digitales omitidos (criptomonedas, activos estables, tokens no fungibles [NFT] con valor económico y posiciones en protocolos descentralizados), que prevalece sobre el régimen general. La tarifa sería del 5 por ciento sobre el valor de mercado de los activos al 1 de enero de 2027, determinado, a falta de cotización verificable, mediante una metodología razonable y documentada.
La normalización exigiría revelar los custodios, las cuentas, las direcciones públicas de billeteras no custodiales y las posiciones en protocolos (incluidos smaking y provisión de liquidez), sin que pueda exigirse la entrega de claves privadas o frases de recuperación. Se declararía de forma independiente a más tardar el 30 de junio de 2027, con la relación de los activos, y la declaración podría corregirse dentro de ese plazo. El valor declarado sería el costo fiscal desde 2027; sin el pago total o la información exigida no se producirían los efectos de la normalización.
IVA
EfectIVA: Se propone crear una devolución personalizada del IVA para personas en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad (como referencia, 100 por ciento para los deciles 1 a 3, 50 por ciento para el 4, 40 por ciento para el 5 y 30 por ciento para el 6), con un límite mensual de 5,5 UVT por beneficiario y un anticipo en diciembre de 2027.
Esta medida busca que la carga del IVA dependa de la capacidad económica de cada persona y no solo del bien o servicio adquirido, como contrapartida de la ampliación de la base gravable. Sus principales características son las siguientes:
1) se reconoce por persona y no por hogar, con una cobertura estimada de cerca del 70 por ciento de la población
2) corresponde a una proporción del IVA efectivamente pagado, que se determina con la información de la factura electrónica expedida con el número de cédula del comprador
3) la DIAN reporta el IVA pagado y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) cruza esa información con los beneficiarios focalizados por el DNP, liquida la devolución y la paga en períodos de máximo 15 días, mediante abono en cuenta o giro postal;
4) las personas en pobreza extrema recibirían un monto mínimo aunque no registraran compras facturadas
5) la devolución no constituye renta ni ganancia ocasional, no está sujeta a retención, es inembargable y caduca si no se cobra en 12 meses.
Ampliación de la base del IVA desde 2028: A partir del 1 de enero de 2028 se elimina la tarifa diferencial del 5 por ciento y se sustituyen las listas de bienes excluidos (art. 424 del ET), servicios excluidos (art. 476 del ET) y bienes exentos (art. 477 del ET).
