La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la no discriminación, al debido proceso, al mínimo vital y de petición de una servidora de la Rama Judicial que fue desvinculada del cargo que desempeñaba en provisionalidad durante su embarazo, bajo el argumento de que había vencido el término establecido en el acto de nombramiento.
La Sala Sexta de Revisión señaló que la naturaleza provisional de una vinculación no excluye la protección constitucional derivada del embarazo.
Asimismo, precisó que la fijación de un término para el nombramiento provisional no constituyó, por sí sola y en las circunstancias del caso, una causa objetiva y constitucionalmente admisible para dar por terminada la relación laboral. La Corte también recordó que las mujeres no tienen el deber de informar sobre su estado de embarazo antes o al inicio de una vinculación laboral.

Bogotá, noviembre de 2026. News Press Service. Katherine presentó una acción de tutela contra el Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales con ocasión de la terminación de su vinculación como escribiente, cargo que desempeñaba en provisionalidad por un término definido.
Durante la vigencia de su nombramiento, la accionante informó a la autoridad nominadora que se encontraba en estado de embarazo. No obstante, una vez cumplido el término establecido en el acto de nombramiento, el juzgado accionado dio por terminada la vinculación y, posteriormente, nombró a otra persona en provisionalidad para ocupar el mismo cargo.
La Sala Sexta de Revisión, integrada por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Vladimir Fernández Andrade, quien la preside, recordó que, aunque quienes ocupan cargos de carrera en provisionalidad no tienen derecho a permanecer indefinidamente en el empleo, sí cuentan con una estabilidad laboral relativa. Esta se concreta en dos garantías: la de legalidad del retiro, que exige una causa objetiva prevista en la Constitución o en la ley, y la del debido proceso y motivación suficiente, que obliga al nominador a explicar de manera clara, detallada y precisa las razones del retiro.
Destacó, además, que la protección del fuero de maternidad cobija a las mujeres gestantes y lactantes, sin importar la modalidad de su vinculación, aunque su alcance se determina según dicha modalidad, conforme a la Sentencia SU-070 de 2013 y la Sentencia T-489 de 2025.
Frente a la garantía del debido proceso y de motivación suficiente, la Sala concluyó que el acto de nombramiento no expuso las razones fácticas y jurídicas que objetivamente justificaban la terminación de la vinculación provisional en la fecha dispuesta en dicho acto.
Tampoco lo hicieron las respuestas a las peticiones presentadas por la accionante para el reconocimiento de su fuero de maternidad y de reintegro, las cuales se limitaron a reiterar que el nombramiento provisional tenía fecha de vencimiento. La autoridad no explicó cuál era la situación administrativa asociada al cargo que justificaba dicho término, ni por qué, a esa fecha, era procedente finalizar la vinculación provisional.

Respecto de la garantía de legalidad del retiro, la Corte precisó que un nombramiento provisional sí puede estar sujeto a un término, por ejemplo, para reemplazar a un servidor temporalmente separado del cargo por una situación administrativa, como una licencia o una incapacidad. En esos casos, la causa de terminación es la superación de la situación que justificaba el reemplazo.
Sin embargo, en este caso no se acreditó dicha circunstancia objetiva. Tampoco se trató de la provisión definitiva del cargo con quien superó un concurso de méritos, pues el empleo fue provisto nuevamente en provisionalidad.
Por tanto, el vencimiento del término, por sí solo, para este caso, no era una causa objetiva y constitucionalmente admisible de desvinculación.
Adicionalmente, la Sala concluyó que la accionante estaba amparada por el fuero de maternidad: tenía una vinculación vigente, estaba embarazada durante esta y la autoridad nominadora conoció su estado antes de que este terminara. En esas circunstancias, opera la presunción de despido discriminatorio, que solo se desvirtúa acreditando una causa objetiva y constitucionalmente admisible que justifique la desvinculación.
La Corte encontró que la autoridad nominadora no lo hizo. No explicó por qué el vencimiento del término constituía una causa objetiva y, al resolver la solicitud de reintegro, omitió examinar el estado de embarazo y la solicitud de reconocimiento del fuero de maternidad.
Por último, la Sala examinó las consideraciones formuladas durante el trámite de tutela respecto del conocimiento que Katherine tenía de su embarazo antes de tomar posesión del cargo y de las afirmaciones según las cuales habría omitido deliberadamente informarlo.
Al respecto, reiteró que no existe un deber de informar sobre el estado de embarazo antes o al inicio de una vinculación laboral. Exigir esa información o reprochar su falta de reporte puede reproducir estereotipos de género y convertirse en una barrera para el acceso o la permanencia de las mujeres en el empleo.
La Corte explicó que la protección de la maternidad exige evitar que el embarazo se convierta en motivo de discriminación en el ámbito laboral. En consecuencia, las autoridades nominadoras y los jueces deben abstenerse de formular razonamientos que consideren la capacidad reproductiva o la maternidad como circunstancias relevantes para negar oportunidades de empleo.
Por lo expuesto, la Corte revocó las decisiones de instancia y amparó los derechos fundamentales de Katherine a la estabilidad laboral reforzada, a la no discriminación, al debido proceso, al mínimo vital y de petición.
En consecuencia, dejó parcialmente sin efectos el acto de nombramiento, exclusivamente en cuanto fijó la fecha de terminación de la vinculación provisional que, en las circunstancias del caso, no estaba sustentada en una causa objetiva y constitucionalmente admisible.
Además, ordenó a la autoridad nominadora que garantice el reintegro de la accionante al cargo de escribiente, siempre que este no se encuentre provisto en propiedad.
De estar ocupado en propiedad dicho cargo, conforme la jurisprudencia constitucional, deberá verificar la existencia de un cargo vacante de la misma jerarquía o equivalente y, si resulta fáctica y jurídicamente viable y la accionante cumple los requisitos correspondientes, disponer su vinculación en provisionalidad.
La Sala también ordenó a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá pagar los salarios y las prestaciones sociales dejados de percibir durante el periodo de desvinculación, la indemnización por despido sin el cumplimiento de los requisitos y, de ser procedente, el monto correspondiente a las semanas en las que la accionante no gozó de la licencia de maternidad.
Finalmente, dispuso que se autoricen y garanticen los exámenes médicos de ingreso una vez se haga efectivo el reintegro, sin que estos constituyan una barrera para su vinculación ni se utilicen de manera discriminatoria.
En la presente decisión, la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera presentó aclaración de voto.
Sentencia T-343 de 2026
M. P. Vladimir Fernández Andrade
