El presidente de Estados Unidos busca medidas legales que le permitan deportar a cierta población sin importar si ya resolvieron su estatus legal en ese país.
News Press Service
La Casa Blanca, bajo la administración del presidente Donald Trump, quien se posesionó en enero de 2025, ha confirmado que se está considerando la posibilidad de deportar a ciudadanos estadounidenses que sean criminales reincidentes.
Esta controvertida propuesta provoca un amplio debate sobre sus implicaciones y viabilidad legal. El presidente Trump y su portavoz, Karoline Leavitt, han discutido en varias ocasiones esta propuesta, tanto en público como en privado, según recogió AFP.
Según Leavitt, la medida estaría dirigida hacia “criminales violentos, reincidentes, que han violado repetidamente las leyes de nuestro país”. El portavoz destacó que aún no está claro si tal medida podría implementarse dentro del marco legal existente.
Trump expresó que si encontraran un camino legal, considerarían seriamente la implementación de la deportación de estos individuos. Trump no solo defendió la necesidad de ser estrictos con los delincuentes violentos, sino que también abrió la posibilidad de incluir a ciudadanos estadounidenses completamente naturalizados dentro de esta directiva.
Ilustró su punto refiriéndose a delitos extremadamente violentos y alegando que estas personas no deberían recibir un trato especial debido a su ciudadanía. Esto luego de que Trump anunciara la exención de aranceles a computadores y celulares.
Donald Trump se reunió con Nayib Bukele
El presidente también mencionó las conversaciones con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, sobre la posibilidad de trasladar a estos criminales a instalaciones en otros países como una medida para reducir costos y mejorar la eficiencia del manejo de la población carcelaria en Estados Unidos.
Sin embargo, estos comentarios también plantean preocupaciones sobre la ética y la logística de tales traslados. Al cierre de esta discusión, Trump señaló que su equipo legal, liderado por la funcionaria identificada como “Pam”, está evaluando la base jurídica que podría permitir tales acciones.
Esta serie de declaraciones subraya una vez más el enfoque duro y menudo divisivo que la administración Trump ha adoptado en temas de seguridad y justicia. Es evidente que, de llevarse a cabo, esta política podría redefinir aspectos fundamentales de la ciudadanía y los derechos civiles en Estados Unidos, aunque su viabilidad legal sigue siendo una importante interrogante.
El debate continúa mientras expertos legales, políticos y la ciudadanía esperan más claridades sobre esta propuesta, que podría tener implicaciones profundas para el tejido social y legal del país. La discusión sobre si un ciudadano estadounidense puede ser deportado por delitos violentos sigue abierta y es probable que la controversia persista en el futuro previsible.
Políticas migratorias de Donald Trump en 2025
Desde su regreso a la presidencia en enero de 2025, Donald Trump ha retomado su enfoque duro hacia la inmigración, con medidas que buscan fortalecer el control fronterizo, limitar el ingreso de migrantes y acelerar deportaciones.
A diferencia de su primer mandato, esta vez ha actuado con mayor rapidez, firmando varias órdenes ejecutivas en sus primeras semanas y prometiendo “restaurar el orden” en la frontera sur de Estados Unidos.
- Órdenes ejecutivas con impacto inmediato: el mismo día de su posesión, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14159, que restablece políticas como el retiro de fondos a ciudades santuario, la expansión de los acuerdos 287(g) (que permiten a policías locales actuar como agentes migratorios) y el aumento del personal de ICE y la Patrulla Fronteriza, según informó la agencia en su momento.
También firmó la Orden Ejecutiva 14148, que revocó varias directrices de la administración Biden, incluyendo iniciativas en diversidad, equidad e inclusión (DEI), así como regulaciones ambientales que interferían con proyectos de infraestructura en la frontera.
- Deportaciones masivas y operación Safeguard
La administración Trump ha lanzado la Operación Safeguard, una ofensiva liderada por ICE para detener y deportar migrantes con antecedentes penales, particularmente en ciudades como Chicago. El gobierno ha establecido como meta la deportación de un millón de inmigrantes indocumentados durante el primer año de mandato, lo cual ha sido cuestionado por expertos por su viabilidad logística, humanitaria y legal.
- Uso del Ejército en la frontera
Una de las medidas más polémicas ha sido la instalación de una base militar en la frontera con México, con el fin de apoyar en la detención de migrantes. Aunque el gobierno argumenta que es para fines logísticos, analistas han advertido sobre la legalidad de usar fuerzas armadas para labores de orden público migratorio, lo que podría violar la Ley Posse Comitatus.
- Propuesta de deportación de ciudadanos estadounidenses
Durante una conversación con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, Trump propuso enviar a ciudadanos estadounidenses condenados por delitos violentos a cumplir sus penas en cárceles de ese país.
La iniciativa, aunque no se ha formalizado, causó reacciones inmediatas, por considerarse inconstitucional y contraria a los derechos civiles de ciudadanos estadounidenses.
