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Por Gerney Ríos
Para auscultar el Amazonas, es preciso analizar el Tratado de Cooperación Amazónica y la Comunidad Andina de Naciones. A inicios del siglo XXI por la presión internacional, buscó dilucidar el alcance de este Acuerdo firmado el 3 de julio de 1978 por Colombia, Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Perú, Surinam y Guyana.
El tratado se estableció para trabajar en forma conjunta por la protección de la mayor reserva mundial de bosques naturales del orbe. Así, el Pacto Amazónico despertó de años de profundo sueño y adoptó funciones precisas: Brasil financiará estudios de inventario sobre flora y fauna; Venezuela realizará análisis referente a la biodiversidad y su dinámica poblacional; Perú estará encargado de los recursos hidrobiológicos; Bolivia armonizará las legislaciones nacionales en torno del área y Colombia gestionará las regiones ecológicas protegidas.
En abril de 2017 en el Hotel Tequendama de Bogotá, durante un seminario organizado por el Comando de Educación y Doctrina -Universidad del Ejército en coordinación con la Universidad La Gran Colombia, las ONG´S, Fundación Centro Andino de Estudios, Corporación Centro de Estudios Miguel Antonio Caro, Fundación Centro Andino de Estudios, Asociación de Microempresarios para el Grupo Andino, Asociación de Administradores de Empresas – Asabocun y la Asociación de Comunicadores Sociales, se plantearon los temas, “Prospectiva de la Amazonia…Dos décadas del nuevo milenio” y “Del Mundo Andino al Bosque Húmedo”.
En el evento se abordó el complejo problema de la colonización campesina y se concluyó con el lamentable espectáculo de la desincronización en el país para articular el trabajo de los diferentes sectores académicos dedicados a la contextualización de esta problemática con los gobiernos y las comunidades regionales.
Se analizó como el espacio bolivariano y su campesinado son actores centrales del desarrollo latinoamericano y el proceso de colonización de la Amazonia se realiza de manera indiscriminada, destruyendo bosques para sustituirlos por parcelas que no logran un rendimiento aceptable después de la primera cosecha, o que definitivamente terminan abandonadas o dejadas en pastizales y rastrojos para su venta a la inversión latifundista y explotación de las transnacionales.
La colonización amazónica no resuelve per se los problemas del campo colombiano, ni disminuye en el mediano plazo, la tendencia a la concentración poblacional en las ciudades. Los costos sociales los llevan colonos y nativos indígenas, ancestrales pobladores que ven desbastadas sus tierras. Verbigracia, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) aseguró que durante los primeros tres meses del 2020 fueron arrasadas por la economía subterránea 75 mil hectáreas, 19 mil más que en el 2019, cuando llegó a 56 mil hectáreas, según Monitoring of the Andean Amazon Project. Además, a julio de 2020, los departamentos con la mayor tasa de devastación fueron Caquetá (26.000 ha), Meta (23.000 ha) y Guaviare (18.500 ha).
Asimismo, las extensiones amparadas fueron taladas por las motosierras y la quema manipulada. El Parque Nacional Natural Tinigua (5.555 ha) y el Parque Nacional Natural La Macarena (1.455 ha) azotadas por las manos criminales. A partir del 2015, Tinigua padece los embates por la rápida tala a sus valores objeto de conservación, sumada a la permanente ocupación, incrementando la reducción de espacios, evidenciado en los últimos 4 lustros, en los cuales esta selva se redujo en 33.3 por ciento. La observación desde las alturas, llevó a considerar que son 300 kilómetros bajo el bosque que despejaron a cielo abierto en los primeros 100 días del covid-19 en el 2020, con apertura de lotes y fincas de distintas magnitudes.
El proceso está sustentado en la coca y el oro, mientras en tiempo pasado fue la quina y el caucho: simultáneamente se explota la ganadería y el petróleo y no disminuye el tráfico de maderas y pieles. El gobierno colombiano carece de cifras definitivas sobre la destrucción de bosques, pero datos parciales arrojan un millón de hectáreas anuales, con un agregado, las extensiones resguardadas de los departamentos de Caquetá y Guaviare, el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, quedaron en la órbita de grupos al margen de la ley, catalizadores de la ganadería y sembrados de coca. En alusión a los semovientes, los números de FCDS reconocen 700.000 cabezas de ganado introducidas en el lustro comprendido entre2015-2020 en los municipios del entorno cercano de Chiribiquete, en donde 300.000 hectáreas fueron arrasadas. Por otra parte, los guardabosques encargados de proteger los parques Apaporis, La Paya, La Macarena, Picachos, Puré, y Tinigua y las reservas naturales de Puinawai y Nukak, acabaron en la mira de facinerosos y obligados a abandonar sus lugares de trabajo.
