Bogotá, julio de 2023. News Press Service. El posesionado Representante a la Cámara por el departamento del Huila, Jorge Dilson Murcia Olaya, podría quedar por fuera de la Corporación por una especie de choque de trenes dentro del Consejo de Estado, que a través de un fallo de la Sección Quinta le entregó la credencial en detrimento de Víctor Andrés Tovar quien fue destituido porque su señora madre es la alcaldesa del municipio de Tarqui.
Sin embargo, Tovar Trujillo interpuso demanda vía tutela ante la Sección Primera del Contencioso Administrativo en donde le dieron la razón y en estas condiciones le deben retornar su curul que perdió por decisión de los magistrados de la Sección Quinta.
De acuerdo con investigaciones, hasta el momento se conoce que la Sección Primera va a fallar reconociendo la tutela del representante destituido, desconociendo la decisión de la Sección Quinta.
Así, las cosas de salir aprobada esa ponencia, se abre la puerta para que por la misma vía se reintegre al Contralor General de la Nación Carlos Hernán Rodríguez y al ex senador Roy Barreras ya que por el momento, no se conocen las razones jurídicas de la ponencia para pasar por encima de la Constitución Política y causar una cascada de tutelas ante el Consejo de Estado por muchos políticos a quienes se les ha anulado sus credenciales por haber incurrido en esa inhabilidad.
Llama la atención que el Magistrado Ponente es el huilense Hernando Sánchez muy cercano al ex-representa Tovar Trujillo quién además tiene pendiente la votación en sala plena de la ponencia radicada con pérdida de investidura.
MALOS TRATOS EN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
También se conoció por Intermedio de Infobae, a través de una carta con fecha del 15 de marzo de 2021, varios servidores públicos judiciales que han trabajado y trabajan en los despachos de Guillermo Alfonso Sánchez Luque y Hernando Sánchez Sánchez en el Consejo de Estado, denunciaron graves maltratos presuntamente por parte de estos dos magistrados.
La denuncia es anónima, pues aseguran que podría haber retaliaciones o implicaciones laborales si lo hacen de manera formal con sus nombres. “Nos vimos obligados a presentar este escrito anónimo con la única finalidad de poner en conocimiento de las autoridades competentes y el público en general las graves situaciones que vienen aconteciendo en el Consejo de Estado a causa del actuar de los magistrados previamente señalados”, explican.
En el escrito, denuncian acoso laboral y abuso de posición de poder que supuestamente han venido ejerciendo los magistrados Guillermo Alfonso Sánchez Luque y Hernando Sánchez Sánchez durante su periodo.
Sobre el consejero Sánchez Luque, cuentan que con él “es constante la descalificación y trato humillante con sus subalternos, el uso de groserías cuando no se encuentra complacido con las labores ejecutadas o cuando está de mal humor”.
También denuncian que, el magistrado suele burlarse de los trabajadores según su estado de ánimo. “Se tiene un antecedente de burlas contra una empleada suya, compañera de nosotros, que padecía un problema funcional físico al caminar”, detallan.
Se jacta de su poder sobre las personas y se evidencia su maltrato hacia aquellos que puede despedir bajo ejercicio abusivo de la facultad de libre nombramiento y remoción, lo que ha llevado en varias ocasiones a despidos injustificados y que se mantengan vacantes en su despacho casi siempre.
Sobre el magistrado Hernando Sánchez Sánchez, los denunciantes afirman que su despacho en el Consejo de Estado es el que ha tenido más cambios de empleados por el capricho o maltrato del funcionario judicial.
“Este magistrado se burla de sus subalternos diciéndoles de manera reiterada que puede hacer con sus trabajos lo que le venga en gana y es ampliamente conocido por haber despedido a una juez que pretendía vincular en su despacho el mismo día de su posesión y por haber presionado la renuncia de un número significativo de personas con poca vinculación laboral en su trabajo bajo el pretexto de que ‘no se entendieron’”, se resalta en la denuncia.
Afirman que hay una persecución laboral de este magistrado hacia sus empleados, que los hace tener reuniones extensas de tres horas o más de tiempo por fuera del horario laboral, los días sábado, domingo e inclusive festivos.
“Es de conocimiento público que no contestarle una llamada por fuera del horario laboral es motivo suficiente para prescindir de los servicios de la persona bajo la figura del ‘libre nombramiento y remoción’ o de retaliaciones posteriores como exigir que asistan al palacio de Justicia desde las 6 o 7 de la mañana hasta altas horas de la tarde, de acuerdo con su estado de ánimo”, exponen en la misiva.
Es un magistrado que entorpece la labor judicial por medio de la descalificación y humillación de sus sub alternos y no permite un acceso efectivo a la administración de justicia porque en la mayoría de casos siempre objeta hasta la providencia más sencilla (traslados, reconocimientos de personería, admisiones de apelación).
Los denunciantes, algunos vinculados actualmente a esos despachos, aseguran que fue decepcionante tener que redactar el documento y poner en evidencia conductas propias de persecución o desprecio laboral, “pero como profesionales que somos creemos que en un estado social y Democrático del Derecho las situaciones aquí denunciadas son inadmisibles y no pueden ser toleradas a las personas que ocupan los cargos más relevantes en la Rama Judicial”.
Hacen una solicitud a la Secretaría General del Consejo de Estado a que se les informe lo siguiente: ¿Cuántas personas han sido posesionadas y luego desvinculadas por el consejero señor Guillermo Alfonso Sánchez Luque, especificando el tiempo que duraron, el cargo que ocuparon y motivo de desvinculación?; y ¿Cuántas personas han sido posesionadas y luego desvinculadas por el consejero señor Hernando Sánchez Sánchez, especificando el tiempo que duraron, el cargo que ocuparon y motivo de desvinculación? especificando el tiempo que duraron, el cargo que ocuparon y motivo de desvinculación?
“Reiteramos que esta denuncia la hacemos anónima por las repercusiones personal y profesionales que pueden tener esta denuncia. Debe entenderse que las personas señaladas poseen una posición de poder y por relevancia de sus funciones tienen amigos en posiciones que eventualmente podrían favorecerlos”, concluyen en el texto.
