Bogotá D.C., 28 de agosto de 2026. News Press Service. Durante el 26, 27 y 28 de agosto, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, que declaró la vulneración de derechos en la población infantil Wayuu, realiza una inspección judicial en La Guajira con el propósito de verificar las condiciones en las que se garantizan los derechos fundamentales en materia de agua potable, salud y alimentación.
En desarrollo del Auto 1017 de 2026, los magistrados auxiliares Hugo Escobar Fernández de Castro, Carolina Murillo y Sebastián Rubiano-Groot lideraron el equipo técnico encargado de verificar en terreno el estado de cumplimiento de las órdenes proferidas en la sentencia en dichos componentes.
Los espacios de encuentro contaron con la presencia de Rafael Mercado Epieyuu, traductor e intérprete de wayuunaiki, con el propósito de garantizar que la verificación recogiera de manera directa el testimonio y las condiciones reales relatadas por las autoridades y comunidades wayuu visitadas.
En materia de agua, el magistrado Escobar Fernández de Castro lideró la diligencia que se practicó en los puntos críticos previamente identificados por la Sala de Seguimiento: el Resguardo Indígena Wayuu de Perratpu y la comunidad de Romonero, en Riohacha, y los corregimientos de Jojoncito y Carrizal, en Uribia.
El equipo estuvo acompañado por Isaac Manuel Romero Borja, docente de la Universidad del Magdalena, quien evalúa el cumplimiento de la característica fisicoquímica y microbiológicas del agua, practicando la toma de muestras de agua en el lugar bajo protocolos estandarizados por las autoridades sanitarias y ambientales de Colombia. Las muestras tomadas por el perito fueron trasladadas de manera inmediata a laboratorio para su análisis.
En el corregimiento de Jojoncito, en Uribia, los magistrados auxiliares comisionados constataron que la fuente de la cual la comunidad toma agua para consumo humano es un reservorio de agua de escorrentía superficial que por sus características ambientales presenta signos evidentes de contaminación: por posibles presencias de heces fecales de animales de corral, y por presencia de microalgas que le transfiriere una coloración verdosa al agua.
La diligencia en este componente contó con la presencia, durante los dos días de recorrido, de la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Mónica Saldarriaga, quien acompañó directamente a la comisión en los puntos visitados y ofreció a la Sala de Seguimiento propuestas de solución inmediata frente a las falencias constatadas, las cuales quedaron documentadas en audio y video como parte del acervo probatorio de la diligencia. La Sala valorará estos compromisos en el marco del seguimiento al cumplimiento de las órdenes de la Sentencia T-302 de 2017.
En el componente de salud, el magistrado auxiliar Sebastián Rubiano-Groot lideró el equipo técnico que contó con la presencia de Iliana Curiel, docente de la Universidad de La Guajira, quien evaluó las condiciones de prestación del servicio de salud y la situación general de las niñas y los niños wayuu frente a este derecho.
En el marco de esta verificación, la Sala Especial fue informada de la presencia de equipos extramurales e interculturales en varias de las comunidades visitadas. No obstante, las comunidades advirtieron la ausencia de actividad por parte de las EPS contratadas para ejercer el seguimiento de los casos detectados, circunstancia que, según las autoridades tradicionales, impide un adecuado control de los tratamientos que requieren las niñas y los niños wayuu.
Por otra parte, las comunidades manifestaron las dificultades que enfrentan para desplazarse hasta los centros de salud existentes. Dichas dificultades obedecen, en primer lugar, a las condiciones de movilidad de la región —en particular, a la falta de vías en buen estado—, situación que se agrava en temporada de lluvias y dificulta el acceso oportuno a la atención asistencial y de urgencias.
A ello se suma, según las comunidades, a la carencia de centros de salud cercanos a los lugares de habitación de las comunidades; en varios casos, la infraestructura ya existe, pero no se encuentra en funcionamiento.
Respecto del derecho a la alimentación, la magistrada Carolina Murillo lideró el espacio dialógico en el cual observó los lugares en los cuales se almacenaban y preparaban los alimentos. Adicionalmente, en cada territorio visitado, fueron guiados por miembros de distintos territorios para constatar los recorridos que debían transitar para conseguir el agua para la preparación de sus alimentos.
Los programas que se mencionaron en todas las comunidades fueron el Modelo de Atención Integral (MAI) por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Programa de Alimentación Escolar (PAE) frente a ellos, las comunidades señalaron dificultades asociadas a la cantidad y suficiencia de los alimentos, así como a las dificultades asociadas a la caracterización y movilización de las niños y niños a las instituciones educativas.
En este contexto, desde la administración municipal de Uribia se advirtió que la continuidad del PAE solo estaba asegurada para el mes de octubre por motivos de sostenibilidad financiera.
En consecuencia, los resultados de estas verificaciones, incluidos los análisis de laboratorio de las muestras recolectadas y toda la documentación allegada durante la diligencia, serán incorporados al informe que la Sala Especial de Seguimiento valorará para determinar el grado de cumplimiento de las órdenes relacionadas con el derecho al agua, sin perjuicio de las actuaciones que, conforme a lo constatado, resulten pertinentes frente a las entidades responsables.
En el día de hoy, la comisión continúa su recorrido hacia los municipios de Maicao y Manaure, donde se verificarán el asentamiento La Pista y la Pila Pública Casa Azul, respectivamente.
Acompañamiento institucional
Durante las jornadas de inspección judicial, la Corte Constitucional contó con el acompañamiento de diferentes entidades y autoridades del orden nacional, departamental y municipal, así como de otros actores vinculados al seguimiento de la Sentencia T-302 de 2017.
En el marco de la diligencia, asistieron delegados de la Gobernación de La Guajira, alcaldías de Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría general, la Contraloría general, los ministerios de Transporte, Interior, Agricultura, Educación, Vivienda y Salud la Consejería Presidencial para las Regiones, el Ministerio de Vivienda, ESEPGUA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el DANE, la Registraduría, la Veeduría Ciudadana y las empresas municipales de agua.
Este acompañamiento permitió a la Sala de Seguimiento conocer las actuaciones que se vienen desarrollando desde las diferentes instituciones y escuchar a las autoridades, comunidades y demás actores relacionados con la garantía de los derechos de la población Wayuu
