La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia SU-020 de 2022 constató que persisten los bloqueos institucionales que impiden la implementación integral de las garantías de seguridad pactadas en el Acuerdo de Paz y su sistema de seguimiento. Aunque las entidades han reportado algunos avances, la información disponible no permite establecer que las instancias previstas funcionen efectivamente y que sus acciones tengan un verdadero impacto en el goce efectivo de los derechos fundamentales de esta población.
Bogotá D.C., 9 de noviembre de 2026. News Press Service. En la Sentencia SU-020 de 2022, la Corte declaró un estado de cosas inconstitucional por la vulneración masiva y sistemática de derechos en materia de seguridad para las personas firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias, por lo que ordenó medidas para protegerlos.
En el seguimiento al cumplimiento de la sentencia, la Sala Especial identificó cinco bloqueos institucionales que dificultan el cumplimiento de las órdenes, relacionados, entre otros aspectos, con la falta de capacidades institucionales de las entidades e instancias, la parálisis en la coordinación y monitoreo, la falta de parámetros que permitan la medición progresiva de los derechos y la desarticulación del sistema de seguimiento a la implementación del Acuerdo Final de Paz.
Ante la persistencia de esas fallas estructurales y la necesidad de identificar acciones concretas y conducentes, con resultados medibles y/o avances suficientes, progresivos, sostenibles y significativos en la garantía de los derechos fundamentales de esta población, en el Auto 1538 de 2026, la Sala recordó las obligaciones constitucionales del Estado respecto de la implementación de las garantías de seguridad del Acuerdo de Paz y su sistema de seguimiento y requirió el cumplimiento de las órdenes anteriormente emitidas (Auto 1417 de 2025).
En primer lugar, la Sala recordó que, de acuerdo con nuestra Constitución Política, el Acuerdo Final de Paz es una política pública de Estado. Por ello, su implementación, desarrollo y seguimiento constituyen un compromiso y una obligación de buena fe para todas las autoridades y entidades.
La Corte también señaló que, si bien el Gobierno nacional cuenta con un margen de apreciación para definir los medios y las acciones dirigidas a cumplir estos compromisos, dicho margen encuentra un límite constitucional en los principios de integralidad, progresividad y no regresividad.
En consecuencia, las autoridades deben avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz, preservar los logros alcanzados y garantizar el respeto de los derechos fundamentales de la población firmante del Acuerdo.
En otras palabras, las autoridades no pueden negar, suspender, aplazar indefinidamente ni desfinanciar de manera sustancial la implementación del componente de garantías de seguridad del Acuerdo Final de Paz, de sus normas de desarrollo ni de las acciones dirigidas a superar el estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte.
En segundo lugar, las entidades del Estado también deben asegurar la implementación material del sistema de seguimiento de las garantías de seguridad humana previsto en el Acuerdo Final.
Esta segunda obligación comprende la medición progresiva y sostenible de la política, a partir de las funciones de recaudo, reporte, análisis y monitoreo de la información, con herramientas de medición —como las baterías de indicadores—, de tal forma que sea posible identificar los avances, los estancamientos o los retrocesos en el goce efectivo de los derechos fundamentales de la población firmante del Acuerdo de Paz y adoptar acciones de forma oportuna.
En materia presupuestal
La Sala le ordenó al Gobierno nacional que, en cumplimiento del artículo 3° del Acto Legislativo 01 de 2016 y del Acto Legislativo 02 de 2017, incluya un componente de paz en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo y lo exhortó a incorporar en dicho Plan compromisos y acciones específicas dirigidas a superar el estado de cosas inconstitucional.
Adicionalmente, ordenó al Gobierno presentar un informe con los objetivos, metas y recursos destinados a superar esta situación y los medios para garantizar presupuestalmente la continuidad de las acciones relacionadas con las garantías de seguridad.
La Sala tuvo en cuenta los informes presentados por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría delegada para el seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz.
De acuerdo con estos informes existen serios riesgos relacionados con la implementación de las garantías de seguridad debido a reducciones presupuestales y bloqueos en el funcionamiento de las entidades e instancias encargadas del seguimiento.
Respecto del sistema de seguimiento
La Sala también requirió al Gobierno que asegure el funcionamiento material y efectivo de una entidad encargada de coordinar y monitorear la implementación del Acuerdo Final de Paz. Esta deberá contar con capacidad institucional, recursos presupuestales, talento humano y jerarquía suficiente para ejercer sus funciones de coordinación y seguimiento. El Gobierno deberá presentar un informe sobre este asunto.
Asimismo, requirió a los representantes del Gobierno ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) para que aseguren la continuidad y el funcionamiento efectivo de esa Comisión, en coordinación con la delegación de la población firmante de paz.
Entre la información solicitada están el calendario de sesiones para 2026 y 2027, el presupuesto para su funcionamiento y una batería de indicadores que permita medir avances, retrocesos o estancamientos en la política de seguridad.
En relación con el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), la Corte requirió a las autoridades que integran la Instancia de Alto Nivel asegurar el funcionamiento de su Sistema de Planeación, Información y Monitoreo Institucional y definir y remitir la batería de indicadores que utilizará. La Sala señaló que la información disponible no permite constatar que se haya superado el bloqueo institucional ni que estén operando los mecanismos necesarios para medir de manera progresiva y sostenible los derechos de la población firmante.
Respecto del Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP), la Sala requirió a la Mesa Técnica de Seguridad y Protección garantizar el seguimiento a su implementación material.
Aunque encontró avances en la creación de una subcomisión de seguimiento y en la construcción de indicadores, observó que la información disponible no permite concluir que ese seguimiento esté efectivamente funcionando y produzca resultados para medir de manera progresiva y sostenible la política.
La Corte también requirió a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad asegurar la implementación y seguimiento de la Política de Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales que Atentan Contra la Construcción de la Paz y su plan de acción.
La Sala señaló que aún no cuenta con elementos suficientes para establecer si el sistema de seguimiento está operando efectivamente o si sus indicadores permiten medir resultados verificables en la garantía de los derechos de la población firmante.
Finalmente, requirió al Sistema Nacional de Reincorporación, en cabeza de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, asegurar el funcionamiento material y efectivo del Subcomité de Articulación, Planificación y Seguimiento.
La Sala solicitó información sobre los informes semestrales de seguimiento, el estado de la batería de indicadores y los mecanismos destinados a medir la implementación territorial del Programa de Reincorporación Integral y de los Planes de Reincorporación Integral.
La Sala fijó plazos de 20 o 30 días hábiles, según la autoridad y la orden correspondiente, para que las entidades presenten información actualizada y verificable que permita posteriormente valorar el nivel de cumplimiento de las órdenes del Auto 1417 de 2025 y establecer si los mecanismos de seguimiento funcionan materialmente.
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar aclaró el voto en la presente decisión.
Auto 1538 de 2026
M.P. Héctor Alfonso Carvajal Londoño
