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Banco Mundial
Arturo Herrera Gutierrez &Jamie Fergusson
Cada país tiene sus propios objetivos y prioridades en materia de clima y desarrollo, que a menudo son ambiciosos. El principal desafío es convertirlos en acciones.
El financiamiento importa, pero también importan las instituciones que traducen las aspiraciones en decisiones de inversión, incorporan las prioridades en los presupuestos y ejecutan los proyectos con eficacia.
A partir de la evidencia de 103 economías, el resumen del Informe sobre el Clima y el Desarrollo del País (CCDR) de este año, Gobernanza para el clima y el desarrollo, analiza cómo los gobiernos pueden cerrar la brecha entre el compromiso y los resultados.
Las oportunidades para un desarrollo inteligente son más claras que nunca
Cinco años de CCDR demuestran que el clima y el desarrollo son inseparables. Sin medidas, los impactos climáticos podrían reducir el PIB entre un 1% y un 20% de aquí a 2050, según el país. Las políticas adecuadas pueden cambiar esa trayectoria.
En Nigeria, por ejemplo, el cambio climático podría empujar a la pobreza a otros 5,1 millones de personas de aquí a 2035, mientras que las medidas de adaptación evaluadas en el CCDR del país podrían proteger a unos 3 millones de ellas.
Los beneficios potenciales van más allá de evitar pérdidas. En los países de ingreso bajo y mediano, las intervenciones de adaptación podrían aumentar los ingresos laborales y crear o proteger el equivalente a 150 millones de empleos de aquí a 2050.
La tarea más difícil es establecer prioridades y asignar recursos
En algunas economías de ingreso bajo y mediano bajo, las necesidades de inversión en clima y desarrollo superan el 5% del PIB al año. Los gobiernos deben equilibrar prioridades, determinar cuánto gastar y cómo gastarlo bien. Alrededor del 57% de las recomendaciones de los CCDR propone gastar mejor, frente al 42% que pide invertir más.
Tres funciones que convierten el compromiso en acción
El informe identifica tres funciones institucionales para cumplir los compromisos climáticos: diseñar y promulgar leyes que establezcan responsabilidades, planificar para convertir los objetivos en programas, y lograr que la gestión de las finanzas públicas vincule esos programas con los presupuestos y su ejecución. Cada función se apoya en la anterior.
Las leyes crean la autoridad para actuar. Las leyes marco sobre clima convierten los objetivos de política en obligaciones jurídicas, asignan responsabilidades y ayudan a que los compromisos perduren más allá de los cambios de gobierno.
Más de 50 de las 103 economías que cuentan con CCDR han promulgado este tipo de leyes o las tienen en proyecto o en preparación. Los marcos más eficaces extienden la responsabilidad a todo el sector público.
Por ejemplo, Argentina exige que cada jurisdicción elabore un plan de respuesta climática, mientras que la ley de Fiji se aplica a las entidades estatales, incluidas las empresas estatales. Estos ejemplos muestran cómo las leyes pueden distribuir responsabilidades, pero los resultados también dependen de las reglamentaciones, los mandatos, el personal y los recursos.
La planificación traduce los objetivos de largo plazo en prioridades ordenadas. Los desafíos del clima y el desarrollo no pueden resolverse de la noche a la mañana.
Los gobiernos deben decidir qué problemas abordar, cuándo y en qué orden. Los casos de los países muestran cómo pueden alinearse las prioridades de desarrollo y de clima: un tercio del Cuarto Plan Nacional de Desarrollo de Uganda coincide con su compromiso climático nacional actualizado, y los objetivos climáticos de Türkiye están incluidos en su Plan Nacional de Desarrollo más reciente.

Sin embargo, la alineación por sí sola no basta.
Cuando los presupuestos están vinculados formalmente a los planes, la planificación se convierte en un poderoso motor de ejecución; cuando ese vínculo es más débil, el éxito depende de que las prioridades se reflejen en las decisiones presupuestarias.
La gestión de las finanzas públicas convierte los planes en resultados. Las prioridades necesitan financiamiento, y los fondos deben gastarse bien.
Más de 40 economías han adoptado o están desarrollando el etiquetado climático del presupuesto para hacer un seguimiento de cómo el gasto respalda los objetivos climáticos.
Georgia ya lo aplica en programas que representan más del 80% del gasto.
Sin embargo, la ejecución importa tanto como la asignación. En Colombia, el CCDR concluye que el gasto municipal con enfoque climático aumentaría si los gobiernos locales tuvieran mayor capacidad para diseñar y ejecutar proyectos.
Los gobiernos tienen amplia experiencia en la regulación de la ciudadanía y del sector privado en materia de cambio climático. Pero solo recientemente se ha reconocido que, al funcionar, los propios gobiernos también contribuyen al cambio climático.
Por ejemplo, las empresas estatales generan el 30% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero e incluyen muchas de las mayores empresas de los sectores de energía, transporte e industria. Para captar el impacto del sector público, este año se lanzó la norma IPSASB SRS 1, la primera norma de divulgación climática para el sector público, y la presentación de informes comenzará en enero de 2028.
Además, como grandes compradores, los gobiernos pueden generar demanda de bienes más limpios. Las flotas públicas, desde las camionetas postales hasta las ambulancias, ilustran esta influencia. El CCDR de Azerbaiyán propone realizar contrataciones para electrificar la flota pública y ampliar la infraestructura de carga. Comprar vehículos más limpios a gran escala envía una señal a los fabricantes para que inviertan en tecnologías de transporte sostenible.
El camino por delante
Los CCDR aportan evidencia para un desarrollo climáticamente inteligente impulsado por los países, ya que ayudan a identificar prioridades e integrarlas en estrategias de desarrollo más amplias. Alrededor del 85% de los Marcos de Alianza con el País del Grupo Banco Mundial elaborados recientemente reflejan las conclusiones de los CCDR.
Con más de 100 economías cubiertas por los CCDR, se aprovechará la primera generación de informes, con mayor énfasis en los empleos, la naturaleza y la movilización de capital privado.
No existe una única vía de reforma que sirva para todos los países. Los gobiernos pueden empezar por donde el cambio sea más importante: poner en práctica los mandatos, vincular los planes con los presupuestos o mejorar la ejecución.
La capacidad institucional y el financiamiento se refuerzan mutuamente; los países que invierten en ambos están mejor posicionados para convertir la ambición climática en beneficios para el desarrollo.
Mientras los países se preparan para la COP31, el desafío es lograr que los gobiernos puedan cumplir. El financiamiento y la capacidad institucional deben avanzar juntos.
