La serie de Netflix más vista en Colombia por estos días revivió una discusión que lleva 41 años abierta en el país sobre las responsabilidades de la guerrilla del M-19 y el Ejército en uno de los hechos más cruentos de la historia

News Press Service
El País
El pasado 6 de noviembre Netflix estrenó Palacio, una serie que reconstruye la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985, cuyos hechos comenzaron ese mismo día, 41 años atrás. La historia que durante décadas se ha contado en libros, expedientes, juicios y recuerdos familiares se ubicó rápidamente en el primer lugar de lo más visto en el país y se ha convertido en tema de conversación en las redes sociales y en las casas de los colombianos.
De nuevo volvió el debate sobre porqué la guerrilla del M-19 buscó secuestrar a la alta corte, y sobre la brutalidad con la que la fuerza pública retomó el control “a sangre y fuego”.
El Gobierno Nacional, incluso, ha dedicado buena parte de sus esfuerzos institucionales por imponer su propio relato: uno en el que la Fuerza Pública desconoce cualquier responsabilidad en el crimen.
Las redes sociales del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), la entidad del Estado que ha documentado y atesorado el archivo sobre el conflicto armado interno ha copado sus redes sociales de publicaciones sobre la efeméride del Palacio de Justicia.
Lo han hecho, sin embargo, desde el un punto de vista que minimiza las responsabilidades -ya probadas judicialmente- que tuvo el Estado. “Al grupo guerrillero M19 lo cubrió el indulto.
Al Estado lo condenó la Corte Interamericana por su responsabilidad en los hechos del Palacio de Justicia. Los que adelantaron la toma terrorista quedaron libres de toda responsabilidad”, se lee en una publicación de una entidad.
En cuatro décadas, el país siempre se ha disputado el relato sobre los hechos. El director del CNMH, D’Mar Córdoba, un locutor y negacionista del conflicto en Colombia, dirige ahora el programa de entrevistas “Voces de la Memoria” de su entidad y allí ha defendido abiertamente una visión de los hechos, la que indulta toda la responsabilidad del crimen a la guerrilla.

En una serie de mensajes, videos, y trinos, la entidad insiste en que el M-19 entró a asesinar y a incendiar expedientes y que fue directo a buscar a los magistrados que discutían la extradición.
Pero en ningún mensaje oficial se habla sobre los crímenes cometidos en medio de la retoma del Palacio por parte del Ejército.
Córdoba también ha criticado abiertamente, desde sus cuentas personales, el contenido audiovisual. “Palacio es ficción inspirada en hechos. Los hechos están en las sentencias y en los archivos.El M-19 no quedó atrapado en el fuego cruzado, fue el causante de una enorme tragedia para el país.
Sus armas mataron entre otros a 11 integrantes de la fuerza pública”, escribió en su cuenta de X. Aunque habla como funcionario del Gobierno, tiene un pasado cercano con la historia del Palacio: Córdoba fue integrante del equipo de trabajo de la exsenadora Tania Vega de Plazas, la esposa del general Luis Alfonso Plazas Vega, el comandante de las unidades militares responsables de la retoma.
Olga Behar, una reputada periodista colombiana y autora del libro Noches de humo, la obra que sirvió de base para la serie, explica que “la memoria histórica debe permitir tener todas las versiones. No se debe oponer ni siquiera al negacionismo, sino que trata de explicarlo”.
Es enfática en decir que, aunque el debate es sano, no debe ser exclusivista, y defiende el contenido de la serie. “Esta serie muestra que la guerra es inútil, que todos los que se enfrentaron fueron perdedores, pero que la sociedad civil fue la que más perdió.
Ver las cosas en blanco y negro o en clave de buenos y malos no permite ver todos los matices de la historia”, comenta.
Para Helena Urán, hija del magistrado Carlos Horacio Urán cuyo padre fue asesinado por agentes del Estado tras la retoma del Palacio, el Gobierno de De la Espriella está privilegiando imponer la narrativa de defensa de la Fuerza Pública sin reconocer las responsabilidades ya judicialmente probadas.
“Abelardo ha priorizado el control del relato y la idea de establecer una agenda patriota. Y en ese campo lo que más valor tiene son los hechos del Palacio de Justicia”. Su mirada es valiosa, entre otras, porque Urán fue funcionaria en la Cancillería en 2023, pero salió del Gobierno de Gustavo Petro luego de criticar públicamente que el expresidente ondeara una bandera del M-19, la guerrilla de la que se desmovilizó, en medio de un evento público.
“Eso fue terrible. Yo no me podía quedar callada, no era lo correcto”.
Desde su visión la serie no toma partido por ninguno de los bandos. “La audiencia puede dimensionar la doble responsabilidad que hubo: la de la guerrilla, pero también la de la Fuerza Pública y de los crímenes de Estado que se cometieron”.
La familia de Urán ha librado una batalla judicial contra el general Plazas Vega, quien ha enfrentado varios procesos por desaparición forzada, tortura y homicidio. El expediente más reciente se abrió en Estados Unidos.
La defensa del Gobierno Nacional por los uniformados no ha sido solo discursiva. En septiembre pasado, en vísperas del juicio, Abelardo de la Espriella ordenó brindar respaldo y acompañamiento jurídico a Plazas Vega, quien en Colombia había sido condenado -y absuelto en tercera instancia- y lo calificó como un “héroe de la patria”.
Dos días después se conoció que fue declarado inocente en ese proceso. El mandatario anunció que su esposa sería embajadora de Colombia en Perú, pero semanas más tarde, antes de recibir el beneplácito, retiró la oferta y le nombró en el cargo diplomático al general investigado.
Del Palacio de Justicia se ha escrito, investigado, preguntado y hablado en las últimas cuatro décadas. Pero la producción ha llegado en un momento histórico para Colombia y ha suscitado las opiniones de los sectores más enfrentados.
Olga Behar dice que la serie “es un producto que busca enfrentar a la sociedad colombiana a una conversación con muchos más niveles, y no solo la conversación polarizante que ha habido en las últimas décadas”.
Helena Urán, que es más tajante con la discusión, eleva el tono: “Siempre donde hay un genocidio va aparecer un negacionista”.
Dos días de noviembre que Colombia sigue discutiendo
El 6 de noviembre de 1985, un comando de 35 guerrilleros del M-19 irrumpió en el Palacio de Justicia, el corazón de la justicia en Colombia, con la intención de someter al presidente Belisario Betancur a un juicio político. Entre ese día y el siguiente, el Ejército recuperó el edificio en una operación que terminó con el Palacio en llamas.
La Corte Suprema estableció un balance de 244 sobrevivientes y 94 muertos, entre ellos once magistrados. Pero años después, la justicia determinó que algunos desaparecidos no murieron en los combates ni a manos del grupo ilegal, sino del Estado.
En 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable a Colombia por la desaparición forzada de diez personas, y por la desaparición y posterior ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán.
