Bogotá D. C.,de agosto de 2025. News Press Service. El giro de la política de drogas hacia un enfoque centrado en la vida ha sido uno de los pilares de este cambio. Con más de 36 proyectos productivos en marcha en 20 municipios de seis departamentos, y una inversión superior a los $22.000 millones, más de 4.000 personas han encontrado alternativas sostenibles para dejar atrás los cultivos ilícitos.
Además, 2.600 hectáreas han sido restauradas ambientalmente, en un proceso que no solo sustituye cultivos ilegales, sino que repara el tejido social y el ecosistema.
“La política antidrogas de este gobierno ha sido clara: no se trata solo de erradicar, sino de ofrecer oportunidades reales. Por eso estamos salvando vidas en el campo», afirmó el ministro Eduardo Montealegre. Este avance proyecta un modelo nacional con impacto internacional, al consolidar a Colombia como referente global de transición justa y restauración ecológica.
Este enfoque integral también se refleja en las estrategias de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, que han beneficiado a 7.000 niñas, niños y jóvenes en 25 municipios, con una inversión de $6.200 millones.
Con un modelo basado en la salud pública, los derechos humanos y el cuidado, se protege a la niñez y se crean entornos seguros, mientras el Observatorio de Drogas fortalece el análisis técnico con 15 estudios realizados y la identificación de 64 nuevas sustancias gracias a alianzas internacionales.
La consolidación de estos mecanismos técnicos permitirá anticipar riesgos emergentes en salud pública y reforzar la cooperación internacional para una respuesta regional articulada.
Paralelamente, el sistema penal ha comenzado a transformarse desde adentro. La implementación de la Ley de Utilidad Pública ha permitido que 165 mujeres privadas de la libertad, muchas de ellas en condiciones de extrema vulnerabilidad, puedan cumplir sus condenas a través de servicios comunitarios, evitando el encarcelamiento.
“El hecho de que una mujer haya cometido un delito no significa que pierda su dignidad. Este Gobierno ha reivindicado a quienes históricamente han sido olvidadas», destacó Montealegre.
A ello se suma una política penitenciaria con enfoque de derechos para la población LGBTIQ+ y el monitoreo de las condiciones de vida en 125 establecimientos de reclusión del país, base para una verdadera humanización del sistema penitenciario y carcelario. Estas transformaciones sientan las bases para la implementación total del CONPES de Humanización al 2035, que articulará 39 entidades y 125 acciones estratégicas para una justicia más digna y moderna.
En medio de un país aún marcado por el conflicto armado y la criminalidad organizada, el ministerio también ha trazado caminos para la reconciliación y la justicia territorial.
El 20 de julio de 2025 se radicó el Proyecto de Ley de Paz Total, que busca crear el marco jurídico necesario para desmantelar organizaciones armadas, garantizar verdad, reparación y no repetición, y avanzar hacia el desescalamiento de la violencia.
Como complemento, se impulsan proyectos restaurativos con la JEP y se fortalece la justicia comunitaria en 10 municipios afectados por la guerra, donde la institucionalidad llega para resolver conflictos locales de manera participativa.
Se espera que esta legislación marque un antes y un después en la manera en que el Estado enfrenta el crimen organizado, y permita construir un territorial más sólida, con justicia restaurativa y derechos garantizados.
La justicia también ha cruzado fronteras. En el plano internacional, Colombia ha retomado su liderazgo global en derechos humanos y reforma de políticas de drogas, participando activamente en escenarios multilaterales como la ONU y la OEA.
Se tramitaron 352 solicitudes internacionales, se lideró la ratificación de siete tratados clave —como la Convención sobre desapariciones forzadas y el acuerdo de traslado de personas condenadas— y se respondieron 28 medidas cautelares ante la CIDH.
Todo esto reafirma el compromiso del país con el derecho internacional y la protección de las víctimas, dentro y fuera del territorio nacional.
Con esta base, Colombia se posiciona para influir en la reforma del régimen global de drogas y en el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
“Estamos dejando atrás la justicia punitiva y vengativa para construir una que repara, incluye y transforma», concluyó el ministro Montealegre.
A tres años de iniciado el Gobierno del Cambio, el Ministerio de Justicia se posiciona como uno de los actores más relevantes en la consolidación de un nuevo pacto social basado en la dignidad, la equidad y la paz con justicia.
Porque la verdadera transformación no solo se escribe en leyes: se vive en los territorios, en las cárceles, en las comunidades y en la piel de quienes hoy encuentran, por fin, un Estado que les responde.
Esta visión será clave para garantizar sostenibilidad institucional en el largo plazo y cerrar definitivamente las brechas históricas de acceso a la justicia en Colombia.
