Por primera vez, un instrumento jurídico reconoce la justicia propia de los 115 sistemas de justicia indígena que existen en el país, valorando sus particularidades y derechos.
El proyecto de ley refuerza el derecho de los pueblos indígenas a gobernar y administrar sus territorios de manera autónoma, proporcionando un marco de coordinación que garantiza respaldo y seguridad jurídica.
La iniciativa establece mecanismos de coordinación interjurisdiccional, como traducción del lenguaje y capacitación para los intérpretes, autoridades y operadores judiciales, promoviendo una justicia más inclusiva.
Recoge los elementos jurisprudenciales para la determinación del fuero indígena y los factores para establecer la competencia.
Bogotá D. C. julio de 2025. News Press Service. El Ministerio de Justicia y del Derecho y el Consejo Superior de la Judicatura, radicaron ante el Senado de la República el proyecto de ley No. 050 que establece mecanismos de coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) y el Sistema Judicial Nacional.
Esta iniciativa busca reglamentar el artículo 246 de la Constitución y garantizar el respeto por los sistemas de justicia propios de los 115 pueblos indígenas del país.
El proyecto establece los mecanismos de coordinación entre ambas jurisdicciones, valorando sus particularidades y derechos, reforzando la autonomía de los pueblos indígenas para gobernar y administrar sus territorios, y ofreciendo un marco legal que brinda respaldo y seguridad jurídica.
La Constitución reconoce que los pueblos indígenas tienen el derecho de ser juzgados bajo sus propias autoridades y procedimientos, de acuerdo con su cultura y tradiciones.
No obstante, la falta de reglamentación en cuanto a la coordinación entre la Justicia Especial Indígena y la Justicia ordinaria ha generado vacíos normativos y barreras de acceso que han afectado a esas comunidades por décadas.
‘La presentación de este proyecto de ley representa no solo un avance normativo, sino una apuesta ética y política por el reconocimiento real y efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y de su justicia propia. La coordinación y articulación entre el Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena no es un gesto simbólico: es una garantía concreta de acceso a la justicia como derecho fundamental.
Este proyecto no crea ni modifica competencias jurisdiccionales, pero sí establece reglas claras, mecanismos efectivos de coordinación y principios orientadores que permitirán resolver conflictos sin arbitrariedad ni improvisación’, expresó el ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre.
El proyecto de ley garantiza el respeto por los sistemas de justicia indígena, y también incluye salvaguardas fundamentales para los derechos de las mujeres. En este sentido, se establecen compromisos de debida diligencia tanto para la Jurisdicción Especial Indígena como para la Justicia Ordinaria, con el objetivo de transformar prácticas que puedan lesionar los derechos de las mujeres dentro de las comunidades.
Por su parte el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo mencionó: «Aquí cabemos todos.
Podemos coordinar, con respeto y entendimiento, los distintos poderes públicos. Y qué hermoso que esto esté ocurriendo, señora magistrada, señor ministro, precisamente en torno a la justicia.
Esa justicia que, como lo señalaba el video, representa el equilibrio. La justicia como valor esencial para convivir, para avanzar como sociedad, con respeto y en armonía».
Este avance es el resultado de un trabajo conjunto y participativo entre las entidades del Sector Justicia, la Rama Judicial y las organizaciones indígenas, dentro del marco de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena (COCOIN).
Finalmente, la senadora por la circunscripción especial indígena por el partido MAIS, Aida Quilcué resaltó: ‘Esta herramienta será clave para ejercer plenamente el derecho a la jurisdicción interna y educativa para la justicia en nuestros territorios.
Nos permite coordinar esfuerzos, reconocer la autoridad de nuestros jueces naturales y avanzar en la construcción de un país verdaderamente diverso. Es una apuesta por la dignidad de los pueblos indígenas, por la articulación respetuosa entre sistemas jurídicos y por el fortalecimiento de una justicia con sentido propio y arraigo en los saberes ancestrales’.
El proyecto fue protocolizado, durante la Mesa Permanente de Concertación Indígena realizada en Bogotá el pasado mes de junio de 2024, con lo cual se marcó un hito en la construcción de un marco legal que respeta la libre autodeterminación de los pueblos indígenas.
En dicho espacio, se establecieron los lineamientos generales de la coordinación interjurisdiccional, con el propósito de responder a la complejidad y diversidad étnica de la nación.
Con esta propuesta, que el Gobierno nacional radica por segunda vez, se busca garantizar que los pueblos indígenas accedan a la justicia de manera integral, respetando su identidad cultural y promoviendo una convivencia armónica entre los distintos sistemas jurídicos que coexisten en el país.
Cabe recordar que, en su primera radicación, el proyecto fue aprobado de manera unánime en primer debate en la comisión primera de senado; sin embargo, los tiempos del trámite legislativo impidieron que continuara su curso, por lo que debió archivarse.
