Colombia contará con una justicia más rápida, efectiva y centrada en las víctimas gracias a la nueva ley sancionada por el presidente de la República.
Entre los principales cambios se destacan los beneficios por aceptación de cargos, el uso de pruebas anticipadas y mecanismos de reparación integral para las víctimas, con los que se espera reducir drásticamente los tiempos de respuesta judicial.
Bogotá, D. C., 14 de julio de 2025. News Press Service. El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, sancionó la Ley 2477 de 2025 que provee al país de herramientas para lograr una Justicia más Ágil y Eficaz, y una iniciativa que recoge un amplio consenso institucional y político para modernizar la justicia penal y alcanzar una transformación estructural del sistema judicial penal colombiano.
Esta nueva ley, que fue promovida de manera conjunta por el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, tramitada en el Congreso con respaldo mayoritario, responde a una necesidad urgente: ofrecer respuestas más oportunas a quienes acuden al sistema judicial, combatir la congestión que limita su efectividad y garantizar los derechos y la reparación integral de las víctimas.
La iniciativa modifica aspectos clave de las leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y 1121 de 2006, para actualizar el marco jurídico penal y adecuarlo a las necesidades actuales del país y de sus instituciones. Entre sus principales avances se encuentran:
La implementación de mecanismos de indemnización integral a las víctimas, que refuerzan su centralidad en el proceso penal.
El fortalecimiento del principio de oportunidad, que permite racionalizar el uso de los recursos del Estado y priorizar la investigación de los delitos de mayor impacto.
La introducción de beneficios por aceptación de cargos, con lo cual se agilizan los procesos judiciales y se promueve la justicia restaurativa.
El uso de pruebas anticipadas, que permitirá avanzar con mayor rapidez y eficacia en la recolección de evidencias, evitando dilaciones innecesarias.
Esta norma permitirá una administración de justicia más oportuna, eficiente y centrada en las necesidades de las víctimas. Se proyecta que los tiempos de resolución de los procesos penales se reduzcan a entre uno y doce meses, frente a los plazos actuales que pueden superar los diez años.
Así mismo, se espera una disminución significativa en el número de casos que prescriben por demoras procesales.
Con su entrada en vigor, el país da un paso decisivo hacia una justicia social más cercana, eficaz y garante de derechos para toda la ciudadanía.
