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FMI
La Línea de Crédito Flexible es un instrumento muy útil para enfrentar crisis o choques que afecten la balanza de pagos.
Las autoridades colombianas decidieron cancelar el acuerdo que tenían con el Fondo Monetario Internacional (FMI) bajo el argumento principal de tener unas reservas internacionales adecuadas que pueden suministrar liquidez si así se requiriera.
Esta decisión podría traer efectos negativos a mediano y largo plazo, sobre todo de cara con los inversionistas y calificadoras de riesgo, al perder un garante tan importante frente a eventos externos.
Bogotá, octubre de 2025. News Press. La Línea de Crédito Flexible (LCF) del FMI es un instrumento precautorio que ofrece apoyo financiero a países con desempeño macroeconómico muy sólido y con necesidades potenciales o reales de balanza de pagos, con el fin de prevenir y mitigar crisis.
Para acceder a esta línea, el país debe cumplir, entre otros, con: una evaluación muy favorable en la consulta del Artículo IV, una posición externa sostenible, finanzas públicas sólidas con deuda sostenible, inflación baja y estable y un sistema financiero robusto.
No es obligatorio cumplir con todos los criterios de manera perfecta, pero deficiencias importantes sin medidas de compensación claras impedirían el acceso.
Desde su creación en 2009, Colombia mantuvo acceso a la LCF mediante 11 acuerdos con el FMI, con montos que variaron según los choques y riesgos de cada momento.
La única vez que Colombia desembolsó recursos de la LCF fue en diciembre de 2020, para atender necesidades de balanza de pagos derivadas de la pandemia de COVID-19.
El último monto aprobado fue en abril de 2024 por DEG 6.133,5 millones (aproximadamente 8.100 millones de dólares). Sin embargo, el 30 de septiembre de 2025 Colombia canceló el acuerdo vigente de la LCF, argumentando que el FMI había suspendido el acceso a los recursos desde abril de 2025 y que este seguiría suspendido hasta el vencimiento del acuerdo.
Además, las autoridades sustentaron la cancelación con base en que los niveles de liquidez internacional son adecuados, con reservas internacionales cercanas a 65,5 mil millones de dólares, por lo que, ante un choque externo, se recurriría a esas reservas.
Según la consulta del Artículo IV concluida a finales de septiembre, el país enfrenta un contexto económico mixto: por un lado, crecimiento fortalecido, inflación descendente y una política monetaria restrictiva y adecuada; por el otro, un año electoral, mayor endeudamiento que ha elevado los diferenciales soberanos, debilitado la inversión privada y llevado a la suspensión de la regla fiscal, lo que ha deteriorado el marco y la política fiscal respecto de la evaluación previa.
En cuanto a los efectos, en el corto plazo la decisión principalmente reduce costos al dejar de pagar comisiones de compromiso por mantener el cupo y al permitir un reembolso prorrata del período en curso.
Sin embargo, envía otro mensaje a los mercados respecto a la fragilidad de sus finanzas públicas, lo cual, frente al mediano y largo plazo, se podría convertir en un problema para los próximos gobiernos, que no solo deben tener mayor austeridad fiscal, sino que además no cuentan con un instrumento contingente adicional frente a un choque que afecte la balanza de pagos.
Tener la línea activa transmitía que el país, además de un manejo macroeconómico prudente, estaba dispuesto a reforzar sus políticas para mejorar los frentes más débiles, como el fiscal.
También se muestra la relación de complementariedad entre la acumulación de reservas internacionales y la LCF desde su creación para ampliar la liquidez externa del país.
En un ejercicio retrospectivo, si hubiese ocurrido un choque externo en un período de bajo crecimiento de reservas (por ejemplo, 2016–2018) y sin la alternativa de la LCF, se habría contado con un colchón más limitado para amortiguar el impacto, lo que habría forzado una financiación externa más costosa por las mayores tasas de interés, un riesgo que podría repetirse en el futuro.
Para concluir, en un contexto de mayor deuda, diferenciales más altos y regla fiscal suspendida, prescindir de esa red multilateral traslada todo el peso a las reservas internacionales y a la credibilidad del marco fiscal, lo cual es una apuesta arriesgada, sobre todo en un contexto de déficit fiscal.
Prescindir de un respaldo multilateral como la LCF reduce la opcionalidad, debilita la señal de disciplina y deja al país más expuesto a choques que puedan coincidir con un empeoramiento en las finanzas públicas o de confianza.
