Bogotá, julio de 2025. News Press Service. El Congreso se pronunció sobre el proyecto de Paz Total, que busca someter a los grupos delincuenciales que delinquen en Colombia; varios legisladores expresaron sus preocupaciones respecto de esta iniciativa, considerada por muchos como audaz en un país que ha sufrido violencia a través de su historia.
El presidente Gustavo Petro, desde su discurso de posesión, planteó que el suyo sería «el gobierno de la vida, de la paz» y que así sería recordado1.
Elegido por representar una esperanza de cambio y de grandes transformaciones en muchos frentes, el mandatario colombiano decidió priorizar en ese primer discurso la cuestión de la paz y de la protección de la vida.
En esa línea, una de sus principales banderas es la política de «paz total», parte fundamental de la visión de Colombia como una «potencia mundial de la vida».
Ese es el título del Plan de Desarrollo, documento con fuerza de ley que cada gobierno plantea en sus inicios y que es la hoja de ruta de toda su gestión.
El objetivo central de la «paz total» es reducir el impacto humanitario de la violencia generada por los diversos grupos armados que aún operan en el país y que constituyen una mezcla compleja de agrupaciones criminales, como el Clan del Golfo o los Pachenca, y actores con origen político, como el Ejército de Liberación Nacional (eln) y las dos disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc)2, que de todos modos hoy en día están muy vinculados a las economías y las rentas ilegales, con las cuales se financian.
Desde el principio, la apuesta del gobierno fue negociar con todos los grupos generadores de violencia al mismo tiempo, bajo el supuesto de que negociar con uno solo genera vacíos de poder que son aprovechados por otros actores violentos para fortalecerse.
La negociación con esos grupos se desarrolla por canales paralelos de acuerdo con la naturaleza de cada uno. Esto significa que hay negociaciones de paz con los grupos considerados guerrilleros y acuerdos sobre sometimiento a la justicia con las bandas criminales de alto impacto.
3Sin embargo, la división entre grupos insurgentes y criminales tiene complejidades en términos prácticos: por un lado, varios sectores no ven con buenos ojos o incluso plantean impedimentos jurídicos al reconocimiento político de las disidencias de las farc, particularmente las lideradas por «Iván Márquez», que abandonaron el proceso de paz de La Habana.
Por otra parte, el Clan del Golfo insiste en que su naturaleza es política y se autodenomina Autodefensas Gaitanistas de Colombia, por lo cual quiere avanzar en una negociación para un acuerdo de paz con el Estado y no en una discusión sobre su sometimiento –o acogimiento, como eufemísticamente lo llaman algunos miembros del gobierno– a la justicia.
Más allá de las discusiones sobre la viabilidad jurídica o política de la estrategia del Jefe de Estado, desde el comienzo el gobierno inició sus acercamientos a los diversos grupos sobre la base de que era necesario parar la guerra, con el fin de reducir su impacto humanitario sobre la vida de las personas y también para ambientar las negociaciones con cada uno de ellos. Muy rápidamente se retomó la mesa de negociaciones con el eln con base en los avances que se habían hecho durante la presidencia de Juan Manuel Santos (2010-2018) y se comenzó a explorar la voluntad de paz de los demás grupos.
A pesar de ello, no parecía haber una estrategia clara para el logro de la «paz total», más allá del compromiso explícito del gobierno. De hecho, unos días antes de la posesión de Petro, el designado canciller Álvaro Leyva usó la metáfora de una partitura para una banda de jazz para hablar de la «paz total»: de acuerdo con esa analogía, esta sería una guía general a partir de la cual diversos actores podían improvisar en la búsqueda del objetivo común de la paz.
Los problemas de la «paz total»
En su afán por avanzar, el gobierno hizo gestos tempranos de buena voluntad. En su primera semana, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, señaló que como un gesto de confianza se podrían suspender las órdenes de captura de los cabecillas del eln.
Poco después promovió ceses bilaterales al fuego con las diversas organizaciones armadas, sin aún haber definido una hoja de ruta detallada.
El 31 de diciembre, el presidente anunció por Twitter un acuerdo al respecto con el eln, las disidencias de las farc, el Clan del Golfo y los Pachenca, y solo cuatro días después, el 3 de enero, el Comando Central del eln lo desmintió en un comunicado en el que señalaba que no había tal acuerdo sobre un cese al fuego con el gobierno.
Lo cierto es que no lo había con ninguno de los grupos, dado que no se habían firmado protocolos ni se habían definido mecanismos de verificación del cumplimiento de las partes.
Así las cosas, el cese de las acciones violentas por parte de los actores armados dependía básicamente de su buena voluntad y, de acuerdo con cifras del mismo gobierno, ninguno cumplió con su parte4.
Esto se hizo evidente con la presión e injerencia del Clan del Golfo en un paro de mineros en la región del Bajo Cauca en Antioquia, o con las amenazas de las disidencias de alias «Mordisco» contra 200 familias de desmovilizados de las farc en Mesetas (departamento del Meta), que las obligaron a desplazarse para proteger sus vidas5, por citar solo dos ejemplos.
Ante las evidencias de la participación del Clan del Golfo en varias acciones violentas en el Bajo Cauca, Gustavo Petro tomó la decisión de suspender el cese al fuego con ese grupo, lo que implica la reanudación de las operaciones militares en su contra.
Por otro lado, la reacción del comisionado para la Paz frente al desplazamiento forzado de Mesetas ha generado muchas críticas, dado que en sus declaraciones ha sugerido que las familias salieron de la zona por voluntad propia.
A pesar de los esfuerzos y de la buena disposición del gobierno, la situación de seguridad y orden público se ha deteriorado de modo alarmante en algunas regiones del país, entre ellas varias que han sido históricamente las más afectadas por el conflicto armado y la violencia, como el Cauca, Arauca, Nariño o el norte de Antioquia.
Aunque se han reducido los enfrentamientos entre la fuerza pública y los grupos armados por cuenta de los ceses bilaterales propuestos por el gobierno, no pasa lo mismo con los enfrentamientos entre los grupos por el control de territorios y de las poblaciones que allí viven.
De acuerdo con un estudio de la Fundación Ideas para la Paz, durante los primeros tres meses del gobierno de Petro las acciones de la fuerza pública contra los grupos ilegales disminuyeron en 70%, mientras que los enfrentamientos entre los grupos aumentaron en 79% en comparación con el mismo periodo del año anterior6.
Al parecer, la estrategia es fortalecerse territorialmente y en número de miembros para poder negociar mayores concesiones en una posible mesa con el gobierno.
EFECTOS
Paradójicamente, la política de «paz total» parece haber tenido, al menos hasta ahora, un efecto perverso: la lucha entre los grupos por consolidarse para negociar desde una posición de fuerza ha dejado en medio del fuego cruzado a la población civil en territorios que tenían enormes expectativas hacia lo que el gobierno «del pueblo» podría hacer para garantizarles una vida tranquila y segura.
El caso de Arauca es ilustrativo: la guerra entre el eln y las disidencias de las farc por el control de esa zona fronteriza con Venezuela dejó en 2022 más de 300 personas asesinadas, reclutamiento forzado de menores, confinamientos de población y amenazas contra líderes locales.
En el Cauca, zona clave en la cadena de valor del narcotráfico, las disputas por el control de territorios –a veces por medio de alianzas entre grupos o facciones que en otras regiones están en guerra7– han llevado a un aumento de los homicidios, las amenazas y el control social por métodos violentos e intimidatorios, y a una profunda desconfianza en el interior de las comunidades debido a acciones como la entrega de motos o celulares por parte de los grupos a jóvenes de la zona para reclutarlos como informantes.
En el marco de este panorama, el comisionado para la Paz continúa los diálogos y negociaciones, en muchos casos secretos y en diferentes etapas de desarrollo, con seis grupos distintos, además de estar a cargo de la implementación del Acuerdo de Paz de la Habana.
Seguridad y «paz total»
Mientras todo esto ocurre en algunas regiones del país, la fuerza pública parece haber perdido su norte. Atendiendo las órdenes de cese al fuego que ha dado el alto gobierno, ha reducido drásticamente sus operaciones contra los grupos armados ilegales, políticos o no.
Y si bien esto ha representado una reducción importante en el número de soldados heridos, ha dejado territorios y comunidades a merced de los grupos que han tenido tiempo y espacio para implementar sus violentas estrategias de control y coerción.
El problema es que el gobierno no parece tener una política de seguridad que vaya de la mano de su política de paz. La desarticulación entre el Ministerio de Defensa y la oficina del Comisionado para la Paz es patente.
La extrema generosidad que ha habido hacia los grupos no ha estado acompañada del diseño y ejecución de una muy necesaria estrategia de disuasión, que genere los incentivos para lograr que estos quieran negociar la paz o un sometimiento a la justicia.
La «paz total» ha sido amplia en repartir zanahoria; pero por muy impopular que parezca en el contexto de un gobierno progresista, el control de los actores violentos en Colombia requiere también de garrote para que haya negociaciones realistas. Incluso personas que históricamente han sido críticas de la vía militar lo han reconocido: según el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, que siempre ha preferido la vía negociada, «lamentablemente hay que apelar a las operaciones de fuerza de la Fuerza Pública.
Ese es el camino menos deseado, porque ese camino implica enfrentamientos y acciones que regularmente significan más violencia en los territorios»9. Pero si no se hace así, lo que quedan son actores armados fortalecidos y cada vez menos preocupados por lo que el Estado pueda hacer para contenerlos.
