Bogotá, agosto de 2024. News Press Service. El 18 de agosto de 1989 se perpetró el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato presidencial que lideraba las encuestas de la época, pero que terminó siendo una víctima más de la guerra que Pablo Escobar sostuvo contra el Gobierno nacional.
En ese episodio, que se registró en el parque central de Soacha, no solo murió el líder del partido Liberal, sino que los criminales terminaron con la vida de Santiago Cuervo, que era uno de los escoltas de Galán, y Julio César Peñaloza, concejal del municipio.
Peñaloza fue impactado en repetidas ocasiones por los sicarios y aunque logró ser trasladado a un centro médico, terminó muriendo el 23 de agosto, lo que provocó que su esposa Gloria Rojas quedara en solitario a cargo de sus dos hijas.
Luego de 35 años y de que la justicia colombiana descubriera que en ese evento fue disminuida la seguridad de Luis Carlos Galán, la familia del concejal Peñaloza sigue sin ser reparada ni reconocida como una víctima de la violencia.
A pesar de que por el magnicidio de Galán fueron condenados el exministro de Justicia Alberto Santofimio Botero; el exdirector del DAS Miguel Alfredo Maza Márquez, y el excomandante de operaciones del organismo de seguridad Manuel González, la esposa e hijas de Peñaloza siguen siendo dejadas a un lado por el Estado.
Ante esta situación, la familia del concejal demandó al Ministerio de Defensa y la Policía Nacional por las fallas de seguridad que tuvo el evento en Soacha, y aunque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de la familia Peñaloza al declarar a las dos instituciones como responsables de la muerte del concejal, esta decisión fue apelada debido a que el DAS, principal culpable del caso, en la actualidad no existe. En abril del 2024 la Corte Constitucional falló a favor de la familia de Peñaloza, pero esto no ha provocado que el Gobierno nacional pida perdón por la muerte del concejal ni la indemnización sea entregada
