News Press Service
Por Alfredo Serrano
Insólito, en el Ministerio de Defensa de Colombia se sirve a doble ración la corrupción. El ministerio entregó la comida de la tropa a los carteles de la UNGRD, a quienes antes, ya se habían robado la alimentación de la tropa.
En el sector Defensa, bajo la mirada vigilante del hoy ministro, general en retiro Pedro Sánchez, reposan las decisiones que definen la seguridad del país. Entretanto, a unos kilómetros, de la sede del ministerio en Bogotá, en las oficinas de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el mayor general Wilson Mauricio Henao tiene la última palabra sobre el pan y la sal de nuestros soldados.
Sobre los escritorios de los altos mandos militares; Sánchez y Henao, con la solemnidad de la tinta oficial, acaba de pasar un contrato teñido de cinismo. Lo anterior, es la prueba de que, en la alta contratación del Estado, la memoria es un estorbo y la responsabilidad, un fantasma.
Mientras el país se debate en mil urgencias, el ministro de Defensa Pedro Sánchez, con su firma y la de sus subalternos, acaba de servirle en bandeja de plata la comida de la tropa a los mismos que un día la historia señaló como corruptos.
El SECOP, es la biblia digital de la contratación en Colombia. Mientras la mayoría de la gente en el país celebraba el pasado puente festivo, una millonaria adjudicación quedaba en firme, inscrita en un documento oficial, se trató del Contrato CO1.PCCNTR.8584321, firmado el 4 de julio de 2025, éste entregó un botín de más de $95.000 millones de pesos, cuyo objeto es: “La Adquisición de Raciones de Campaña Listas
Para Consumir”. Entonces, la empresa beneficiada con asiento en la ciudad de Sincelejo fue: Soluciones Logísticas La Fe S.A.S.
A la cabeza de la firma Soluciones Logísticas La Fe S.A.S., suenan un par de nombres que tienen un reciente pasado sombrío, se trata de Augusto Rafael Benítez Sierra y Carlos Elian Ligarreto Avendaño, los mismos sujetos que pasaron de ser contratistas de bajo perfil a manejar la logística humanitaria en el reciente y putrefacto escándalo de la UNGRD. Los individuos son los mismos protagonistas del llamado “Cartel de La Guajira”, investigados por presuntamente usar la tragedia en la península para desviar fondos públicos.
Esta es la crónica de un contratista cuestionado que sigue ganando.
Para entender el entorno de este entuerto, vale la pena interrogar, ¿qué otras entidades estaban en la puja para quedarse con el billonario contrato?
¿Entonces, quiénes más estaban en la puja, quiénes fueron los “competidores” que perdieron? Ahí es donde todo adquiere un tufo a podrido, pues es la misma “rosca” de siempre. Como fantasmas de un pasado que se niega a morir, en los registros de la licitación aparecen los nombres de viejos conocidos del negocio, las empresas: Industrias Alimentos y Catering S.A.S. (IAC), la empresa de Marco Bernal Carrillo, William Fajardo Rojas y Claudia Marcela González Martin. ¿Les suenan esos nombres? Son los fantasmas del primer Cartel.
Es necesario traer a colación que el 29 de julio de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-, tras la resolución número 42543, le puso nombre y apellido a uno de los grupos delincuenciales más connotados en materia de contratación en Colombia en la última década: el “Cartel de las Raciones Militares”.
La -SIC- demostró, con correos, testimonios y análisis económicos, que Industrias Alimentos y Catering S.A.S. (IAC) la empresa de Bernal, Fajardo y González y otras compañías, se habían pues tode acuerdo durante casi una década (2011-2018) para repartirse como una torta los contratos de las raciones de campaña.
La jugada era simple y efectiva: se distribuían los productos, se abstenían de competir entre sí y simulaban una pluralidad de ofertas para quedarse con todo. El resultado: posibles sobrecostos de hasta el 50% en la comida de nuestros soldados y policías. La sanción fue una multa millonaria y un titular de prensa… Nada más.
Mientras el escándalo de Industrias Alimentos y Catering S.A.S. (IAC) se enfriaba, una nueva generación de contratistas emergía en otro foco de corrupción: la UNGRD. Ahí es donde Soluciones Logísticas La Fe S.A.S., con Benítez y Ligarreto a la cabeza, se convirtió en la estrella, manejando la logística de las ayudas humanitarias bajo un manto de sospecha que hoy investiga la Fiscalía.
Entonces, ¿qué tenemos?, un contrato para alimentar a las tropas donde el ganador es un protagonista del escándalo de la UNGRD, y uno de sus principales “competidores” es el protagonista sancionado del Cartel de las Raciones de 2020.
Acá no hubo competencia, ello no pareció una licitación; pareció una carrera de relevos, “hoy por mí, mañana por ti”, todo entre los “duros” del negocio. En un periodo de tiempo esa licitación la domina ese cartel, luego la gana otro cartel, señalado por las mismas prácticas corruptas. Entonces, esos carteles son investigados, sancionados, pero nunca desaparecen, simplemente mutan, cambian de consorcio, esperan que la frágil memoria del país, los olvide, y regresan para reclamar parte de ese billonario presupuesto. La pregunta que queda en el aire no es ¿quién y cómo ganó el contrato en mención?, sino ¿por qué quienes debían vigilarlo, decidieron mirar para otro lado?
Ya el propio ministerio de Defensa, el 17 de julio de 2024 había firmado otro contrato con el señor Carlos Giovvanni Parada Ávila, en su calidad de representante legal de la firma; Información Localizada SAS, mediante la selección abreviada de subasta inversa número 024 /2024 MDN-UGG-DA, cuyo objeto era contratar la Suscripción a Plataforma de Ciberinteligencia SAAS para Detección Temprana de Amenazas Cibernéticas del Ministerio de Defensa Nacional, mediante Acto Administrativo 066 MDN-UGG-DA, del 6 de diciembre de 2024.
El contrato en mención, tenía un valor de $8.500 millones de pesos, acá contrataron al enemigo, se trató de un socio de la multada Aseo Capital y hoy maneja, nada más y nada menos, que los datos clave para la Seguridad Nacional y el Ministerio de Defensa.
La práctica fue la misma, mientras la ciudad dormía, en los despachos del poder los contratos se seguían firmando. El citado contrato es la joya de la corona de la ciberseguridad. Los documentos públicos, revelaron luego que la empresa; Información Localizada S.A.S., una firma de tecnología, se había ganado el jugoso contrato con el Ministerio de Defensa, el CO1.PCCNTR.7118579, por más de $8.500 millones de pesos, cuyo objeto era la “Suscripción a Plataforma de Ciberinteligencia SAAS para Detección Temprana de Amenazas, para el Ministerio de Defensa”. La persona que firmó el documento fechado el 12 de septiembre de 2024, fue su representante legal, señor Carlos Giovanni Parada Ávila.
Parada Ávila, es famoso entre los contratistas, según los registros de la época revelados por el portal periodístico, La Silla Vacía. Parada fue gerente y uno de los propietarios de la polémica firma Aseo Capital, empresa a la cual el hoy presidente de Colombia Gustavo Petrose enfrentó en la polémica sobre el cambio de esquema de basuras, cuando fue alcalde de Bogotá.
En el moderno universo de la tecnología, donde los algoritmos prometen un futuro eficiente, Servinformación, el nombre comercial de la empresa, resuena con prestigio, es socia premium de Google, es un caso de éxito impecable. Pero en Colombia, donde la memoria es el único patrimonio que no nos pueden embargar, hay nombres y apellidos que marcan como cicatrices. Nombres ligados a contratos, poder y, a escándalos que definieron a Bogotá. El hilo del flamante contratista de la ciberseguridad nacional nos llevó directo al negocio más sucio y tangible de todos: la recolección de la basura en la urbe capitalina.
Como el “Monopolio de las Basuras en Bogotá”, se recuerda el nombre de Aseo Capital, era una época de un sinónimo de poder casi feudal, que era la de recoger la basura de todos los hogares bogotanos y de paso, el epicentro de peleas políticas y contractuales que han costado miles de millones de pesos al bolsillo de los habitantes de la capital. Antiguamente, la Empresa Distrital de Servicios Públicos (EDIS) se convirtió en un desastre. La recolección de basuras, ineficiente y corrupta, era el dolor de cabeza de cada alcalde.
La solución importada fue la privatización. En 1994, la administración del alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, partió la ciudad en cuatro zonas y las entregó en concesión a operadores privados.
Así nacieron Lime, Atesa, Ciudad Limpia y Aseo Capital.
Desde el primer día, fue evidente que Aseo Capital no era un jugador más. Detrás de él se consolidó el poder del oscuro AlbertoRíos Velilla, un empresario de bajo perfil público, pero de una influencia legendaria, un “Zar” como lo bautizó la prensa.
Ríos Velilla era experto en el complejo y corrupto ajedrez de la contratación pública. Entonces a través de un sofisticado entramado de empresas —una madeja de holdings e inversiones como Inversiones Alsacia—, el grupo de Ríos aseguró no solo la operación en su zona, sino una posición dominante en el tablero general. El negocio era una máquina para hacer dinero.
La tarifa, incluida obligatoriamente en la facturade la luz, garantizaba un flujo de caja constante y monumental, inmune a las crisis económicas. Controlar la basura era controlar una renta perpetua, pagada por ocho millones de ciudadanos. Era el negocio perfecto. Y como todo negocio perfecto en Colombia, no tardó en ser salpicado por un escándalo a prueba de balas: El Carrusel de la Contratación de Bogotá, del infame Samuel Moreno Rojas
y compañía. Mientras la ciudad veía cómo los Nule y los Moreno Rojas saqueaban las arcas con las obras de la calle 26, la sombra de la duda se extendió a todas las grandes concesiones.
Los periodistas empezaron a preguntar: ¿quiénes eran los verdaderos dueños de la ciudad? En ese ambiente de cacería de corruptos, La Silla Vacía publicó, en febrero de 2011, un revelador informe sobre la estructura de Aseo Capital, en el entramado de Inversiones Alsacia, el holding que controlaba Aseo Capital, aparece el nombre de Carlos GiovanniParada Ávila. Años más tarde, la resiliencia del monopolio se pondría a prueba de nuevo.
En 2012, el entonces alcalde Gustavo Petro declaró la guerra al modelo privado con su programa “Basura Cero” y la creación de un operador público. La reacción del cartel fue furibunda. La ciudad se sumió en el caos, con montañas de basura en las calles. La jugada le costó a Aseo Capital y a sus socios una multa histórica de la Superintendencia de Industria y Comercio por cartelización empresarial. La evidencia, según la SIC, demostraba que habían actuado como un bloque coordinado para sabotear el nuevo esquema. A pesar de todo, sobrevivieron.
El negocio, con sus tentáculos legales y políticos pasó del capital físico al capital digital, hoy la basura es un negocio del pasado. Ahora el nuevo dorado está representado en los datos. Entonces esta historia vuelve al presente.
La empresa Servinformación, entidad que representa legalmente Carlos Giovanni Parada, es un jugador dominante en este nuevos ector. Su negocio ya no es recoger desechos físicos, sino aspirar, procesar y empaquetar los desechos digitales que todos producimos como: ¿en dónde vivimos?, ¿qué compramos? y
¿por dónde nos movemos? Entonces convierten nuestra huella digital en “inteligencia de localización” para vendérsela a bancos, cadenas de retail y, como acabamos de ver, al Estado.
Plata es plata, sea que huela a lixiviado o a fibra óptica. La conexión documental entre el representante de este gigante de los datos y la estructura de propiedad de la controversial Aseo Capital obliga a plantear preguntas incómodas. ¿Las estrategias para navegar el poder, asegurar contratos y construir influencia son las mismas en el mundo tangible de la basura y en el etéreo mundo de los datos? ¿El capital político y el know-how forjados en las duras batallas de las concesiones públicas simplemente se modernizaron, cambiando el overol por una hoodie de Silicon Valley? Lo anterior recuerda que aquí, en Colombia, el poder es un camaleón que sabe cambiar de piel y de negocio. En el país, el que no conoce.
De otra parte, al hoy ministro de Defensa de Colombia, general (r) Pedro Sánchez, no se le puede olvidar su responsabilidad en la malograda Operación Fortaleza, contra el Clan del Golfo en donde se le sindica de irregularidades logísticas que causaron la muerte de cinco miembros del Ejército nacional, integrantes de las Fuerzas Especiales Rurales Número 3.
Se le suma a la petición anterior, los interrogantes que le plantea al general en retiro Pedro Sánchez, actual ministro de Defensa, el abogado Pablo Bustos, de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, quien indaga si en alguno(s) de sus ascensos en las FuerzasArmadas, se produjo vía decisión judicial o vía tutela, por cuanto fuentes del propio Ejército Nacional, indican que el hoy ministro de Defensa, Pedro Sánchez habría ascendido de teniente coronel a coronel full utilizando una tutela contra sus superiores.
Se pregunta Bustos si al general Sánchez, ha tenido o tiene investigaciones disciplinarias o penales en su contra, especialmente cuando era comandante del Comando Conjunto de Fuerzas Especiales -CCOES-.
De otra parte y con respecto a la compra de 305 fusiles marca Barrett M-Rad, se especula que estos habrían sido adquiridos por el doble del precio a través de un subcontratista por cuanto en el mercadol os fusiles valían entre 15 y 20 mil dólares y los habrían comprado revendidos a 50 mil dólares.
En el negocio de los fusiles estaría vinculada la nuera del exministro de Defensa, Iván Velásquez.
Otro escándalo que se le viene encima al actual ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, tiene que ver con el contrato de Compra-Venta, Número 183/2025 MDN-UGG-DA, con la empresa C.I.A. Miguel Caballero SAS, por valor de $258.055.400.00 millones de pesos, para la adquisición de Camisetas Balísticas Nivel de Protección III A, con destino al Grupo de Seguridad de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional. El escándalo califica la compra de estos chalecos antibalas como una licitación amarrada por parte del ministro Sánchez, porque una vez más Miguel Caballero SAS hace de las suyas. En octubre de 2024, la gobernación de Boyacá a través de una licitación hecha a medida para la comprade chalecos antibalas terminó beneficiando a la polémica empresa, garantizándole un jugoso sobrecosto, tal y como lo denuncio, en su momento, la revista Cambio.
Lo que no conocía la opinión pública es que ese negocio con el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, solo fue el abrebocas para probar un mecanismo contractual que le permitiría amarrar un contrato con el ministerio de Defensa, el reciente 3 de mayo de 2025, mes y medio después de la posesión como ministro de Defensa, del también boyacense, general en retiro, Pedro Arnulfo Sánchez.
Pedro Sánchez es un oficial de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, hoy en retiro luego de 35 años de servicio y alcanzó el grado de Mayor General. Sánchez tiene 6.700 horas de vuelo en aviones y helicópteros además ocupó cargos de alto nivel en operaciones estratégicas, seguridad y defensa. Sánchez fue nombrado como ministro de Defensa, el 17 de marzo de 2025.
Sánchez se desempeñó como jefe de protección del presidente Gustavo Petro, de la primera Dama Verónica Alcocer García y de la familia presidencial. Así el 19 de febrero de 2025, fue anunciado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, como nuevo ministro de Defensa de la nación.
Mientras el país se debate en mil urgencias, el ministro de Defensa Pedro Sánchez, con su firma y la de sus subalternos, acaba de servirle en bandeja de plata la comida de la tropa a los mismos que un día la historia señaló como corruptos.
El SECOP, es la biblia digital de la contratación en Colombia. Mientras la mayoría de la gente en el país celebraba el pasado puente festivo, una millonaria adjudicación quedaba en firme, inscrita en un documento oficial, se trató del Contrato CO1.PCCNTR.8584321, firmado el 4 de julio de 2025, éste entregó un botín de más de $95.000 millones de pesos, cuyo objeto es: “La Adquisición de Raciones de Campaña Listas Para Consumir”. Entonces, la empresa beneficiada con asiento en la ciudad de Sincelejo fue: Soluciones Logísticas La Fe S.A.S.
A la cabeza de la firma Soluciones Logísticas La Fe S.A.S., suenan un par de nombres que tienen un reciente pasado sombrío, se trata de Augusto Rafael Benítez Sierra y Carlos Elian Ligarreto Avendaño, los mismos sujetos que pasaron de ser contratistas de bajo perfil a manejar la logística humanitaria en el reciente y putrefacto escándalo de la UNGRD.
Los individuos son los mismos protagonistas del llamado “Cartel de La Guajira”, investigados por presuntamente usar la tragedia en la península para desviar fondos públicos.
Esta es la crónica de un contratista cuestionado que sigue ganando.
Para entender el entorno de este entuerto, vale la pena interrogar, ¿qué otras entidades estaban en la puja para quedarse con el billonario contrato?
¿Entonces, quiénes más estaban en la puja, quiénes fueron los “competidores” que perdieron? Ahí es donde todo adquiere un tufo a podrido, pues es la misma “rosca” de siempre. Como fantasmas de un pasado que se niega a morir, en los registros de la licitación aparecen los nombres de viejos conocidos del negocio, las empresas: Industrias Alimentos y Catering S.A.S. (IAC), la empresa de Marco Bernal Carrillo, William Fajardo Rojas y Claudia Marcela González Martin. ¿Les suenan esos nombres? Son los fantasmas del primer Cartel.
Es necesario traer a colación que el 29 de julio de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-, tras la Resolución número 42543, le puso nombre y apellido a uno de los grupos delincuenciales más connotados en materia de contratación en Colombia en la última década: el “Cartel de las Raciones Militares”.
La -SIC- demostró, con correos, testimonios y análisis económicos, que Industrias Alimentos y Catering S.A.S. (IAC) la empresa de Bernal, Fajardo y González y otras compañías, se habían puesto de acuerdo durante casi una década (2011-2018) para repartirse como una torta los contratos de las raciones de campaña.
La jugada era simple y efectiva: se distribuían los productos, se abstenían de competir entre sí y simulaban una pluralidad de ofertas para quedarse con todo. El resultado: posibles sobrecostos de hasta el 50% en la comida de nuestros soldados y policías. La sanción fue una multa millonaria y un titular de prensa… Nada más.
Mientras el escándalo de Industrias Alimentos y Catering S.A.S. (IAC) se enfriaba, una nueva generación de contratistas emergía en otro foco de corrupción: la UNGRD. Ahí es donde Soluciones Logísticas La Fe S.A.S., con Benítez y Ligarreto a la cabeza, se convirtió en la estrella, manejando la logística de las ayudas humanitarias bajo un manto de sospecha que hoy investiga la Fiscalía.
Entonces, ¿qué tenemos?, un contrato para alimentar a las tropas donde el ganador es un protagonista del escándalo de la UNGRD, y uno de sus principales “competidores” es el protagonista sancionado del Cartel de las Raciones de 2020.
Acá no hubo competencia, ello no pareció una licitación; pareció una carrera de relevos, “hoy por mí, mañana por ti”, todo entre los “duros” del negocio.
En un periodo de tiempo esa licitación la domina ese cartel, luego la gana otro cartel, señalado por las mismas prácticas corruptas. Entonces, esos carteles son investigados, sancionados, pero nunca desaparecen, simplemente mutan, cambian de consorcio, esperan que la frágil memoria del país, los olvide, y regresan para reclamar parte de ese billonario presupuesto.
La pregunta que queda en el aire no es ¿quién y cómo ganó el contrato en mención?, sino ¿por qué quienes debían vigilarlo, decidieron mirar para otro lado?
Ya el propio ministerio de Defensa, el 17 de julio de 2024 había firmado otro contrato con el señor Carlos Giovvanni Parada Ávila, en su calidad de representante legal de la firma; Información Localizada SAS, mediante la selección abreviada de subasta inversa número 024 /2024 MDN-UGG-DA, cuyo objeto era contratar la Suscripción a Plataforma de Ciberinteligencia SAAS para Detección Temprana de Amenazas Cibernéticas del Ministerio de DefensaNacional, mediante Acto Administrativo 066 MDN-UGG-DA, del 6 de diciembre de 2024. El contrato en mención, tenía un valor de $8.500 millones de pesos, acá contrataron al enemigo, se trató de un socio de la multada Aseo Capital y hoy maneja, nada más y nada menos, que los datos clave para la Seguridad Nacional y el Ministerio de Defensa.
La práctica fue la misma, mientras la ciudad dormía, en los despachos del poder los contratos se seguían firmando. El citado contrato es la joya de la corona de la ciberseguridad.
Los documentos públicos, revelaron luego que la empresa; Información Localizada S.A.S., una firma de tecnología, se había ganado el jugoso contrato con el Ministerio de Defensa, el CO1.PCCNTR.7118579, por más de $8.500 millones de pesos, cuyo objeto era la “Suscripción a Plataforma de Ciberinteligencia SAAS para Detección Temprana de Amenazas, para el Ministerio de Defensa”. La persona que firmó el documento fechado el 12 de septiembre de 2024, fue su representante legal, señor Carlos Giovanni Parada Ávila.
Parada Ávila, es famoso entre los contratistas, según los registros de la época revelados por el portal periodístico, La Silla Vacía. Parada fue gerente y uno de los propietarios de la polémica firma Aseo Capital, empresa a la cual el hoy presidente de Colombia Gustavo Petrose enfrentó en la polémica sobre el cambio de esquema de basuras, cuando fue alcalde de Bogotá.
En el moderno universo de la tecnología, donde los algoritmos prometen un futuro eficiente, Servinformación, el nombre comercial de la empresa, resuena con prestigio, es socia premium de Google, es un caso de éxito impecable. Pero en Colombia, donde la memoria es el único patrimonio que no nos pueden embargar, hay nombres y apellidos que marcan como cicatrices.
Nombres ligados a contratos, poder y, a escándalos que definieron a Bogotá. El hilo del flamante contratista de la ciberseguridad nacional nos llevó directo al negocio más sucio y tangible de todos: la recolección de la basura en la urbe capitalina.
Como el “Monopolio de las Basuras en Bogotá”, se recuerda el nombre de Aseo Capital, era una época de un sinónimo de poder casi feudal, que era la de recoger la basura de todos los hogares bogotanos y de paso, el epicentro de peleas políticas y contractuales que han costado miles de millones de pesos al bolsillo de los habitantes de la capital. Antiguamente, la Empresa Distrital de Servicios Públicos (EDIS) se convirtió en un desastre.
La recolección de basuras, ineficiente y corrupta, era el dolor de cabeza de cada alcalde.
La solución importada fue la privatización. En 1994, la administración del alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, partió la ciudad en cuatro zonas y las entregó en concesión a operadores privados. Así nacieron Lime, Atesa, Ciudad Limpia y Aseo Capital.
Desde el primer día, fue evidente que Aseo Capital no era un jugador más. Detrás de él se consolidó el poder del oscuro AlbertoRíos Velilla, un empresario de bajo perfil público, pero de una influencia legendaria, un “Zar” como lo bautizó la prensa.
Ríos Velilla era experto en el complejo y corrupto ajedrez de la contratación pública. Entonces a través de un sofisticado entramado de empresas —una madeja de holdings e inversiones como Inversiones Alsacia—, el grupo de Ríos aseguró no solo la operación en su zona, sino una posición dominante en el tablero general. El negocio era una máquina para hacer dinero.
La tarifa, incluida obligatoriamente en la facturade la luz, garantizaba un flujo de caja constante y monumental, inmune a las crisis económicas. Controlar la basura era controlar una renta perpetua, pagada por ocho millones de ciudadanos. Era el negocio perfecto. Y como todo negocio perfecto en Colombia, no tardó en ser salpicado por un escándalo a prueba de balas: El Carrusel de la Contratación de Bogotá, del infame Samuel Moreno Rojas
y compañía. Mientras la ciudad veía cómo los Nule y los Moreno Rojas saqueaban las arcas con las obras de la calle 26, la sombra de la duda se extendió a todas las grandes concesiones.
Los periodistas empezaron a preguntar: ¿quiénes eran los verdaderos dueños de la ciudad? En ese ambiente de cacería de corruptos, La Silla Vacía publicó, en febrero de 2011, un revelador informe sobre la estructura de Aseo Capital, en el entramado de Inversiones Alsacia, el holding que controlaba Aseo Capital, aparece el nombre de Carlos Giovanni Parada Ávila. Años más tarde, la resiliencia del monopolio se pondría a prueba de nuevo.
En 2012, el entonces alcalde Gustavo Petro declaró la guerra al modelo privado con su programa “Basura Cero” y la creación de un operador público. La reacción del cartel fue furibunda. La ciudad se sumió en el caos, con montañas de basura en las calles.
La jugada le costó a Aseo Capital y a sus socios una multa histórica de la Superintendencia de Industria y Comercio por cartelización empresarial. La evidencia, según la SIC, demostraba que habían actuado como un bloque coordinado para sabotear el nuevo esquema. A pesar de todo, sobrevivieron.
El negocio, con sus tentáculos legales y políticos pasó del capital físico al capital digital, hoy la basura es un negocio del pasado. Ahora el nuevo dorado está representado en los datos. Entonces esta historia vuelve al presente. La empresa Servinformación, entidad que representa legalmente Carlos Giovanni Parada, es un jugador dominante en este nuevo sector. Su negocio ya no es recoger desechos físicos, sino aspirar, procesar y empaquetar los desechos digitales que todos producimos como: ¿en dónde vivimos?, ¿qué compramos? Y ¿por dónde nos movemos? Entonces convierten nuestra huella digital en “inteligencia de localización” para vendérsela a bancos, cadenas de retail y, como acabamos de ver, al Estado.
Plata es plata, sea que huela a lixiviado a fibra óptica. La conexión documental entre el representante de este gigante de los datos y la estructura de propiedad de la controversial Aseo Capital obliga a plantear preguntas incómodas. ¿Las estrategias para navegar el poder, asegurar contratos y construir influencia son las mismas en el mundo tangible de la basura y en el etéreo mundo de los datos? ¿El capital político y el know-how forjados en las duras batallas de las concesiones públicas simplemente se modernizaron, cambiando el overol por una hoodie de Silicon Valley? Lo anterior recuerda que aquí, en Colombia, el poder es un camaleón que sabe cambiar de piel y de negocio. En el país, el que no conoce la historia de sus contratistas, está condenado a sufrirla dos veces.
De otra parte, al hoy ministro de Defensa de Colombia, general (r) Pedro Sánchez, no se le puede olvidar su responsabilidad en la malograda Operación Fortaleza, contra el Clan del Golfo en donde se le sindica de irregularidades logísticas que causaron la muerte de cinco miembros del Ejército nacional, integrantes de las Fuerzas Especiales Rurales Número 3.
Se le suma a la petición anterior, los interrogantes que le plantea al general en retiro Pedro Sánchez, actual ministro de Defensa, el abogado Pablo Bustos, de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, quien indaga si en alguno(s) de sus ascensos en las Fuerzas Armadas, se produjo vía decisión judicial o vía tutela, por cuanto fuentes del propio Ejército Nacional, indican que el hoy ministro de Defensa, Pedro Sánchez habría ascendido de teniente coronel a coronel full utilizando una tutela contra sus superiores.
Se pregunta Bustos si al general Sánchez, ha tenido o tiene investigaciones disciplinarias o penales en su contra, especialmente cuando era comandante del Comando Conjunto de Fuerzas Especiales -CCOES-.
De otra parte y con respecto a la compra de 305 fusiles marca Barrett M-Rad, se especula que estos habrían sido adquiridos por el doble del precio a través de un subcontratista por cuanto en el mercado los fusiles valían entre 15 y 20 mil dólares y los habrían comprado revendidos a 50 mil dólares. En el negocio de los fusiles estaría vinculada la nuera del exministro de Defensa, Iván Velásquez.
Otro escándalo que se le viene encima al actual ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, tiene que ver con el contrato de Compra-Venta, Número 183/2025 MDN-UGG-DA, con la empresa C.I.A. Miguel Caballero SAS, por valor de $258.055.400.00 millones de pesos, para la adquisición de Camisetas Balísticas Nivel de Protección III A, con destino al Grupo de Seguridad de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional. El escándalo califica la compra de estos chalecos antibalas como una licitación amarrada por parte del ministro Sánchez, porque una vez más Miguel Caballero SAS hace de las suyas. En octubre de 2024, la gobernación de Boyacá a través de una licitación hecha a medida para la comprade chalecos antibalas terminó beneficiando a la polémica empresa, garantizándole un jugoso sobrecosto, tal y como lo denuncio, en su momento, la revista Cambio.
Lo que no conocía la opinión pública es que ese negocio con el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, solo fue el abrebocas para probar un mecanismo contractual que le permitiría amarrar un contrato con el ministerio de Defensa, el reciente 3 de mayo de 2025, mes y medio después de la posesión como ministro de Defensa, del también boyacense, general en retiro, Pedro Arnulfo Sánchez.
Pedro Sánchez es un oficial de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, hoy en retiro luego de 35 años de servicio y alcanzó el grado de Mayor General. Sánchez tiene 6.700 horas de vuelo en aviones y helicópteros además ocupó cargos de alto nivel en operaciones estratégicas, seguridad y defensa. Sánchez fue nombrado como ministro de Defensa, el 17 de marzo de 2025. Sánchez se desempeñó como jefe de protección del presidente Gustavo Petro, de la primera Dama Verónica Alcocer García y de la familia presidencial. Así el 19 de febrero de 2025, fue anunciado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, como nuevo ministro de Defensa de la nación.
Pedro Sánchez ,habría cometido graves errores y fallas constitutivas de presuntas faltas disciplinarias y hechos punibles, en donde, dejando de lado, los más elementales principios, valores y deberes de su función militar derivaron en gravísimas omisiones de piezas fundamentales, por no decir elementales para emprender tal operativo, y que predeciblemente iría a ser no solo un fracaso en términos de los objetivos militares, sino de la propia vida y seguridad de la tropa desplegada para el aciago operativo, al punto que fallecieron cinco miembros de su tropa. Un oficial, como Pedro Sánchez con tal formación no debió acometer dicho operativo en tan precarias condiciones sin advertir el grave riesgo para sus tropas, en especiales condiciones de desprotección y vulnerabilidad letales, como en efecto se materializó.
Luego de esas operaciones militares se procede a evaluar el respetivo operativo a través de la establecida: Revista Después de la Acción -RDA-, que es un documento público, que contiene los pormenores y lo que pasó en cada misión militar.
En la Operación Fortaleza existió una presunta falsificación del documento original de 32 folios. Según información recibida –de manera anónima- por la Red de Veeduría Ciudadanas, se habría elaborado respecto de dicho operativo, que dio con la muerte de cinco miembros de la fuerza pública, integrantes de las fuerzas especiales, un -RDA-, que daba cuenta de múltiples irregularidades, posibles faltas disciplinarias e incluso delitos, cometidos por parte del general Pedro Sánchez, quien para el año 2024, dirigió el dichoso operativo.
El veedor Pablo Bustos le entregó a la fiscalía general de la Nación el que sería el verdadero -RDA- Revista Después de la Acción, en donde se documenta las presumibles y gravísimas faltas disciplinarias y posibles delitos cometido por el hoy ministro de Defensa de Colombia, general en retiro, Pedro Sánchez.
En la Revista Después de la Acción -RDA-, respecto de lo que no funcionó expresa: fallas mecánicas del armamento en especial ametralladoras y fusiles colt; que el dispositivo respecto de composición y fuerza sobre el objetivo no estaba de acuerdo con lo informado por inteligencia y que la comunicación rapaz no fue ejecutada.
La red VER, recibió un informe que sostiene que, para ocultar la aducida verdad, y encubrir las consecuencias legales de las graves irregularidades en contra de los oficiales y mandos responsables, de dicho operativo, léase especialmente las del general Pedro Sánchez hoy ministro de Defensa de Colombia, se falsificó el documento original llamado Revista Después de la Acción -RDA-, de aproximadamente 30 páginas, para producirse otro, totalmente contrario, contradiciendo en su conjuntos u contenido, que es el que aparece, se ha presentado, se ha hecho circular y figura actualmente erróneamente como el oficial o verdadero.
Según el aducido documento original -RDA- en esa operación conjunta dirigida por el entonces general Pedro Sánchez hubo graves errores de inteligencia militar que terminó con la muerte de cinco militares, fracaso que sería responsabilidad de Pedro Sánchez, esa operación se hizo famosa al interior de las Fuerzas Militares como la Operación Desastre.
La Red de Veedurías recibió información que sostiene que ese operativo tendría dos informes completamente contradictorios, el uno llamado Informe Oficial, que contenía la información tal y como en verdad ocurrió y otro, que consignaba las gravísimas falencias con contenido que distorsionó y alteró la verdad, que ocultaba las fallas cometidas por el general Pedro Sánchez, hoy ministro de Defensa, ocultando la responsabilidad por el homicidio de cinco miembros de las fuerzas especiales del Ejército Nacional.
Frente al ruido sobre el oculto proceder del general Sánchez, éste ya en calidad de ministro de Defensa, emitió el siguiente oficio; “Quien haya difundido información clasificada de esta operación especial a personas no autorizadas incurrió en un grave delito, y tratándose de militares en servicio activo, podría tener penas, según la ley, de cinco a ocho años de prisión, además de ello, se coloca en grave riesgo la identidad de quienes participaron en la operación, así como el estado de las capacidades tácticas de operaciones especiales para la seguridad y la defensa nacional”.-subrayados fuera de texto-.
De momento, crece el ruido alrededor del nombre del hoy ministro de Defensa, general en retiro, Pedro Sánchez. Al ministro varios escándalos se le explotan en la cara.
Escritor y periodista*
Artículo Publicado en El Espectador
