Tras la primera audiencia realizada en Tumaco, donde se empezó a socializar la iniciativa, la discusión llegó a la capital antioqueña.
Durante la jornada intervinieron víctimas y comunidades, actores clave para consolidar un marco jurídico que permita avanzar en la Paz Total.
Dichas intervenciones giraron en torno a las dificultades y necesidades presentes en las zonas urbanas de Colombia.
Medellín, 28 de agosto de 2025. News Press Service. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes realizó en la Universidad de Antioquia la segunda audiencia pública correspondiente al Proyecto de Ley 02 de 2025, el cual establece un tratamiento penal diferenciado para el desmantelamiento y sometimiento de organizaciones al margen de la ley.
Esto, con el fin de aportar a la consolidación de la Paz Total, el orden público y la seguridad ciudadana.
Durante su intervención, la senadora Isabel Zuleta destacó que la iniciativa “puede posibilitar un desmantelamiento masivo de estructuras del crimen organizado, pues el sometimiento individual ha demostrado no ser suficiente.
Las cárceles en Colombia, lejos de resolver la violencia, la recrudecen. Por eso debemos pensar en una política de paz urbana basada en el diálogo y no en la represión. ¿Qué es la paz urbana? Es una iniciativa del gobierno del presidente Gustavo Petro para garantizar el derecho a la paz en las ciudades por medio del diálogo, como una salida a las violencias que se viven en contextos urbanos».
Por su parte, la viceministra de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Olga Lucía Claros Osorio, subrayó que se trata de una construcción colectiva. “No es una iniciativa exclusiva del Gobierno; aquí confluyen actores sociales, instituciones y ciudadanía.
Este proyecto busca responder a la inseguridad con una política integral, humanizar las cárceles e incluir a la justicia restaurativa como eje de la paz total», aseguró.
Entre tanto, el representante a la Cámara Alirio Uribe explicó el propósito de las audiencias públicas. “Son espacios para escuchar a víctimas, organizaciones sociales, expertos y comunidades.
Queremos que esta ley se convierta en el mejor marco jurídico para la paz, aplicable a estructuras criminales de alto impacto y financiadores sin crear una nueva jurisdicción, sino fortaleciendo la justicia ordinaria», señaló.
Desde la sociedad civil, Luis Emilio León, delegado de CONPAZ, destacó la importancia de reconocer a las víctimas en la construcción del proyecto. “Celebramos que se les dé un lugar central.
Aspiramos a que la ley no genere desequilibrios entre los beneficios para los responsables y los derechos de las comunidades, sino que responda a una justicia restaurativa y transicional que dignifique a quienes han sufrido la violencia», manifestó.
Finalmente, Weimar Guarín, representante de la Agenda Ciudadana de Paz, señaló que “las organizaciones sociales de Medellín planteamos que debe haber una agenda territorial que convoque a los 10 municipios y a un área metropolitana que es rural, mucho más amplia que el área urbana y que se está ‘comiendo’ la ruralidad del Valle de Aburrá y nos está dejando sin agua y aire y con problemas de urbanización y en los corregimientos.
Hay que hablar de eso para hablar de paz urbana», puntualizó.
De esta forma, Medellín se convirtió en el segundo escenario en el que se avanzó en la socialización de un proyecto de ley que, según sus impulsores, se construye de la mano de la ciudadanía con el objetivo de ofrecer soluciones reales frente a la violencia y el crimen organizado en Colombia.
