Por Alberto Restán Hincapié
Bogotá, enero de 2025. News Press Service. Varias han sido las reacciones en el Congreso de la República por la violencia desatada en la región del Catatumbo, una zona del departamento de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, por los enfrentamientos entre las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
La Defensoría del Pueblo ha explicado que de las 112 personas que se han desvinculado de estos grupos durante esta crisis, veinte son adolescentes. A su vez, ha cifrado en 90 los individuos que hacían parte del Frente 33 de las disidencias de las FARC y en dos los del ELN, según cifras del gobierno de Norte de Santander, uno de los departamentos más afectados.
La cifra oficial hasta el momento se sitúa en 41, que son los cuerpos que se han logrado recuperar, mientras no se descarta que haya más víctimas mortales. Entre los desaparecidos hay doce antiguos guerrilleros que se sumaron a los planes de desmovilización. Más de 23.700 personas siguen confinadas.
La guerrilla colombiana ELN reafirmó que mantendrá el conflicto en la región del Catatumbo, una «guerra de liberación», según sus propios términos, que habría permitido la captura de «decenas» de integrantes de las disidencias de las FARC, en concreto del denominado Frente 33.
La escalada de violencia se produce en medio de la suspensión de las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN, que actualmente enfrenta a las disidencias de las FARC.
El incremento cada vez mayor de las filas del Frente 33 ha provocado los enfrentamientos con el ELN, que históricamente ha controlado Catatumbo, región que incluye una quincena de municipios y que hace frontera con Venezuela.
Su riqueza en recursos minerales y sus ideales condiciones climáticas para el cultivo de coca hace de ella una de las más disputadas por los grupos armados colombianos.
Al respecto, líderes sociales y defensores de derechos humanos pedían ayuda el en la icónica Plaza de Bolívar de Bogotá ante la reciente ola de violencia en el Catatumbo, en el noreste de Colombia, que empujó a más de 50.000 personas a desplazarse y en la que murieron más de 60 campesinos.
“Estamos reclamando nuestros derechos por las necesidades que nosotros dejamos” en el Catatumbo, dijo a AP Martha Meneses, líder comunal de Tibú, uno de los municipios que integran la convulsa región. “(Venimos) como madres, que tenemos hijos, familia; también quedaron allá, sufriendo y esperan también apoyo del gobierno”, agregó la mujer de 45 años.
Más de 80 líderes sociales y comunales pasaron la noche en carpas, algunas sin colchones, que fueron ubicadas a la intemperie a su llegada el martes a la Plaza de Bolívar, donde se ubican el Congreso, el Palacio de Justicia y la Alcaldía de Bogotá. “S.O.S Catatumbo”, rezaba un cartel.
La violencia en la ya convulsa región de Catatumbo se agudizó desde el 16 de enero cuando iniciaron confrontaciones entre la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en 2016 con el Estado. Ambos sostienen mesas de negociación de paz con el gobierno.
Los dos grupos armados se disputan el control de la zona fronteriza con Venezuela, estratégica para el paso de mercancías ilícitas y de suelos fértiles usados para el cultivo de hoja de coca. Analistas han dicho que una tregua entre los dos armados se rompió.
