Bogotá. News Press Service. La Superintendencia de Sociedades, a través de la Delegatura de Procesos de Intervención y Asuntos Financieros Especiales, decretó la apertura del proceso de intervención bajo la medida de toma de posesión, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de las siguientes sociedades y personas naturales:
· C.I. Golden Green Avocat S.A.S. y de
los señores Mateo Rico Correa y Andrés Felipe Rico Correa (Auto No
2021-01-564133).
· Organización Newbet International S.A.S. y de Alfonso Barrios Herrera, Daniel
Alfonso Barrios Sarmiento y Danilo Ávila Gámez (Auto No 2021-01-564197).
Se estableció que los procesos se inician en virtud de las investigaciones realizadas por la Dirección de Investigaciones Administrativas por Captación y de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales de la Superintendencia de Sociedades, luego de recibir denuncias relacionadas con posibles operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público.
“Es muy importante que las personas identifiquen bien cuándo una propuesta de negocios o inversión puede convertirse en una captación ilegal de dineros del público. Esto normalmente se puede identificar, cuando se ofrecen altos rendimientos en el corto plazo, sin una explicación financiera razonable, lo que trae consigo el riesgo de perder el dinero. Nuestra recomendación a los ciudadanos es que verifiquen muy bien antes de invertir su dinero y ponerlo en riesgo”, señaló el Superintendente de Sociedades encargado, Andrés Barreto González en diálogo con esta casa editorial digital.
La intervención estatal en cabeza de la Superintendencia de Sociedades, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 4334 de 2008, tiene dos objetivos fundamentales: (i) suspender de manera inmediata las operaciones o negocios y (ii) permitir la pronta devolución de los recursos a los afectados.
C.I. Golden Green Avocat y las personas naturales intervenidas, recibieron recursos de al menos 36 personas (entre naturales y jurídicas) en 89 operaciones de inversión por valor de $6.451.741.079, a través de un modelo de negocio de “contrato de asociatividad”.
El esquema prometía entre 5,5% y 100% de la utilidad neta de la comercialización y exportación de aguacates, en inversiones que se realizaron entre mayo de 2019 y noviembre de 2020, sin que se previera como contraprestación el suministro de bienes o servicios.