Por Alberto Restán Hincapié
Bogotá, mayo de 2024. News Press Service. El gobierno del presidente Gustavo Petro, el primer Jefe de Estado de izquierdas elegido en Colombia mediante el voto popular, ha registrado una dura batalla en el Congreso de la República en donde no tiene mayorías parlamentarias y por ese motivo es poco el respaldo que han recibido a sus proyectos de ley los cuales han avanzado poco y corren el riesgo de hundirse.
Paloma Valencia, senadora del partido Centro Democrático, no ahorró palabras para rechazar las iniciativas presentadas por el Ejecutivo, afirmando que son proyectos malos, que según sus afirmaciones afectan a la población en general y puso como ejemplo la reforma pensional, que de ser aprobada redundará negativamente sobre los colombianos más jóvenes quienes tendrán “que mantener a una población vieja a partir de 2030”.
Expresó que afortunadamente lograron para la reforma a la salud, que de acuerdo con sus palabras acababa con la atención médica a los colombianos, pero que a pesar de ello el Gobierno insiste en negar las obligaciones de pago a las empresas prestadoras de salud.
También se refirió al modelo de paz total, bandera de la actual administración, indicando que lo único que se ha reflejado es el crecimiento de los grupos alzados en armas que han aprovechado la no presencia de la fuerza pública en muchos lugares del territorio colombiano.
Por su parte la senadora Sandra Ramírez, exesposa de Manuel Marulanda, fundador del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC- que firmaron un acuerdo de paz en la Habana, Cuba, con el gobierno del liberal Juan Manuel Santos, reveló que el balance legislativo, que termina su periodo el próximo 20 de junio, es positivo a pesar de los inconvenientes dentro del legislativo e hizo un llamado a los grupos alzados en armas para que tengan voluntad política “para llegar a la paz que tanto deseamos los colombianos”.
En cuanto al crecimiento de la economía en Colombia, la senadora Ramírez dijo que las estadísticas son claras que respaldan entidades internacionales, destacando que el proyecto de reforma agraria beneficiará al campesinado nacional abandonado por administraciones anteriores
