Bogotá, News Press Service. “Nadie, desde ninguna de las ramas del poder público, ni desde cualquier estamento de la sociedad civil, puede reclamar el ejercicio de derechos o cumplimiento de deberes por fuera de las instituciones”, La afirmación es de la Academia Colombiana de Jurisprudencia ante la difícil situación de orden público surgido tras la presentación del proyecto de reforma tributaria por parte del Gobierno que causó total rechazo por parte de la ciudadanía. Recordamos que dicha iniciativa fue retirada ante la presión ciudadana.
Ante la delicada situación por la que está atravesando el país, la academia llama al diálogo, “para evitar que se forme una bomba de presión, cuyas consecuencias serían imprevisibles”. Aclara que la democracia se maneja a partir de disensos. Una sociedad plural necesita tramitar sus diferencias a base de una relación civilizada, porque en su seno existen intereses diversos, incluso contradictorios, pero en todo caso, legítimos.
Aclara que en el mundo de hoy la realidad no es blanca y negra sino multicolor. Por eso el diálogo es el único vehículo capaz de convertir las diferencias en acuerdos de mínimos. El gobierno nacional y los protagonistas de las movilizaciones no pueden convertirse en fuerzas antagónicas.
“El gobierno es el legítimo depositario de la autoridad y como tal merece el acatamiento de los colombianos. Los sectores que promueven las marchas ciudadanas tienen derecho al ejercicio de la protesta pacífica y, en ese marco, merecen el respeto de sus compatriotas. Pero ni aquel puede abusar de su poder ni estos de sus derechos. En ambos casos se pone en grave peligro la vigencia del Estado de Derecho. La actual polarización facilita que cualquier abuso se convierta en violencia, y eso genera caos, produce anarquía y desesperación entre los ciudadanos”, dicen los togados
“Esa es la semilla de los autoritarismos, que reemplazan la fuerza del derecho por el derecho. La Academia Colombiana de Jurisprudencia reclama un compromiso integral de la sociedad colombiana con la defensa del Estado social de Derecho y de las Instituciones adoptadas en la Constitución de 1991. Si se rompe la relación que, más allá de sus diferencias, deben mantener el gobierno y los voceros de los distintos sectores sociales, unos y otros tienen la obligación moral, jurídica y política con el país, de tenderse la mano mutuamente. Por encima de todos está la sociedad en su conjunto, que demanda equilibrio entre la libertad y el orden. No es gratuito ese lema en nuestros símbolos patrios”, concluye.
