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News Press Service
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La operación minera y petrolera del sector energético en el territorio nacional no solo trae grandes ganancias a las arcas del Estado, sino también pleitos jurídicos por desavenencias o incumplimientos en los contratos de inversión, los cuales vienen acompañados de millonarias pretensiones económicas.
Registros de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), con corte al pasado 31 de mayo, indican que las demandas de empresas extractivas o del sector energético con tarea en el país e interpuestas al Estado colombiano suman $85,8 billones.
Llama
la atención de los reportes de esta entidad que el Ministerio de Minas y
Energía (MME) tiene en su haber más de $72
billones en pretensiones legales por
querellas de compañías de estas industrias minero energéticas.
“Son varias las circunstancias que llevan a
que estas empresas del sector extractivo demanden al Estado. En el caso de la
petroleras estas lo hacen por incumplimientos contractuales, así como también
por dificultades que se les presentan en la operación y por el cálculo y pago
de regalías”, señaló Camilo
Gómez, director de la entidad y quien indicó además que para esta ultima
también las compañías mineras presentan sus demandas.
El funcionario precisó además que incluso por daño o amenaza ambiental por
actividad del sector de hidrocarburos, las pretensiones suman poco más de $22 billones 325 procesos
judiciales activos son los que tiene el Estado, en este momento, con empresas petroleras y mineras.
Otras
causas principales que llevan a las empresas mineras y petroleras a demandar a
la Nación son: incumplimiento en el
pago de aportes parafiscales, suspensión o no otorgamiento de licencias
ambientales, daños a bienes por ejecución de obra pública, incumplimiento de norma jurídica,
daños causados a civiles por acto terrorista contra población civil,
controversias sobre laudo arbitral, daño o amenaza ambiental por actividad
industrial, y cobro indebido de obligación.
NÚMERO DE QUERELLAS
A la fecha, los registros de la Andje indican que en total al Estado colombiano
se le han interpuesto 542
querellas de empresas extranjeras y/o nacionales del sector minero energético, de las cuales 257
provienen de organizaciones petroleras y 285 de compañías mineras.
Así mismo, en procesos judiciales activos, el reporte de la Agencia indica que
son 325, de las cuales 134 provienen de organizaciones petroleras y 191 de
empresas mineras. Y en demandas concluidas o terminadas son 217: de hidrocarburíferas
123 y mineras 94.
En el listado de empresas demandantes a Estado colombiano están las
petroleras Equión, Gran Tierra
Energy, Hocol, Perenco, Cepsa, Frontera Energy, Parex Energy, Canacol Energy,
Chevron, Masarovar, Oxy, geoPark, Petróleos Sudamericanos y Petrobras.
una de las empresas que ha demandado al Estado
Además aparecen en los registros de la
Andje empresas de servicios de la industria hidrocarburífera como Schlumberger, Sinopec International
Petroleum Service, Compañía Colombiana de Perforación y Producción de Petróleo
Ltda., entre otras.
De igual manera, compañías mineras como AngloGold Ashanti, Glencore, Cerrejón, Cerromatoso,
Drummond, Mineros, Acerías Paz del Río, Colombian Natural Resources (CNR),
Continental Gold, Minería Texas Colombia, Gran Colombia Gold Marmato, Frontino
Gold Mines, Segovia Minera Gold, y Minerales y Carbones del Pacífico.
“En los tres primeros meses del presente
año le hemos ahorrado al Estado más de $2,5 billones por temas en los que ha
intervenido la Agencia y hemos ganado, además de algunos que no tienen cuantía
pero son de impacto jurídico. La lista la encabeza el sector de minas y energía
con pretensiones por $3.476 millones”, recalcó el director de la Andje.
CASO GLENCORE
Al indagar por el caso de Glencore, Goméz explicó que existen dos procesos
vigentes contra el estado colombiano. El primero tiene que ver con el canal de
acceso al Puerto de Santa Marta, y el segundo por el tema del arroyo bruno en
la operación del Cerrejón, y en donde posee una participación del 33,3%, junto
con BHP Billinton y Anglo American.
Glencore solicitó la devolución de US$19 millones
en compensación, decisión
que fue ratificada por un tribunal del Ciadi en 2019. La Andje señaló que esta
primera demanda todavía está pendiente para la decisión de anulación.