Bogotá, junio de 2025. News Press Service. La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, ofreció cuatro reflexiones clave sobre el enfoque adoptado por el Gobierno Nacional en relación con la estrategia de paz urbana, subrayando la necesidad de un camino de reconciliación sin perder de vista la legalidad ni los derechos de las víctimas.
1. Paz urbana como vía necesaria y urgente
La Defensora reconoció que la paz urbana es una ruta positiva y necesaria para enfrentar el impacto de la criminalidad organizada, la cual, según sus palabras, “causa tanto daño como el conflicto armado tradicional” y debe abordarse incluso mediante escenarios de diálogo.
2. El Estado de Derecho no se negocia
Marín enfatizó que la construcción de paz debe sustentarse en el respeto absoluto a la ley. “Quienes hayan cometido delitos graves como homicidios, desapariciones forzadas, reclutamiento de menores o violencia sexual no pueden ocupar lugares de honor o distinción”, advirtió, reiterando que estos deben comparecer ante la justicia y someterse plenamente al Estado de Derecho.
3. Preocupación por la descoordinación institucional
La Defensora expresó inquietud frente a lo que calificó como una “rivalidad política” entre el Gobierno nacional y la administración municipal de Medellín. Aseguró que la ciudad necesita soluciones integrales y coordinadas, no confrontaciones institucionales que debiliten la política pública en seguridad y derechos humanos.
4. Compromiso con una paz integral y concreta
Finalmente, reiteró la disposición de la Defensoría del Pueblo para trabajar de manera articulada con autoridades locales y nacionales, en una ruta que garantice una paz urbana respetuosa del Estado social de derecho y centrada en las víctimas y sus derechos.
Este pronunciamiento marca un llamado firme a la sensatez política y a la articulación institucional, justo en un momento en que Medellín enfrenta retos críticos en seguridad urbana y convivencia ciudadana.
